La problemática prohibición de la exaltación franquista

MadridEl 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco va propiciar que se hicieran manifestaciones con símbolos y cánticos franquistas. Es un fenómeno que se ha convertido ya en recurrente y que, cada vez que se produce, evidencia la incapacidad de las autoridades de evitar estas imágenes. Es justamente lo que ocurrió con la convocatoria de la Falange Española al día siguiente del 20-N en Madrid. La protesta acabó frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, dejando unas imágenes que "chocan absolutamente con lo que es la defensa de la democracia", según expresó unos días más tarde el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La delegación del gobierno español en Madrid trató de prohibir esta protesta alegando que implicaba un "riesgo real y objetivamente acreditable de alteraciones del orden público" así como de difusión de discursos de odio y humillación a las víctimas del franquismo, prohibidos por la ley de memoria democrática. Ahora bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó esta pretensión y autorizó la convocatoria aduciendo que no se puede limitar el derecho de reunión de forma preventiva y que, en su caso, había que actuar a posteriori.

"Entra dentro del ámbito de lo que es la libertad de expresión, ampliamente establecido en nuestro marco constitucional", admitió en una rueda de prensa en la Moncloa el ministro, que planteó que para poder esquivar decisiones como la del TSJM "quizá deberíamos abrir un debate sosegado de actualización de esta Constitución porque en otros países de Europa estas manifestaciones no son el exterminio y también en el Holocausto". Torres hacía referencia a Alemania, cuyo marco constitucional y legal es mucho más restrictivo que prohíbe explícitamente la exaltación nazi y la exhibición de su simbología. Esta "reflexión", que el gobierno español no ha puesto hasta ahora en serio sobre la mesa, generaría dificultades, según apuntan varios expertos en derecho constitucional consultados por el ARA.

El debate constitucional

¿Por qué Torres habla de reformar la Constitución? El PSOE ya había propuesto anteriormente reformar el Código Penal para castigar la apología del franquismo, pero ese planteamiento quedó en un cajón. "[El ministro] anticipa que cuando llegara al Tribunal Constitucional (TC) diría que esto vulnera derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la libertad de manifestación", reflexiona el profesor de Filosofía del derecho en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Josep Lluís Martí. La profesora de derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) María Garrote coincide en que "sería inconstitucional" limitar este tipo de manifestaciones por ley, "tal y como está formulada la Constitución y con la interpretación que ha hecho el TC". Ahora bien, ambos coinciden en tachar de "imposible" y "no realista" llevar a cabo la reforma agravada de la Carta Magna, que requeriría un consenso muy amplio que es por ahora inexistente en el Congreso.

Además, también alertan del peligro de involución que supondría limitar los derechos de manifestación, reunión o expresión. "Creo que sería un retroceso", sostiene Garrote, quien argumenta que "dentro del respeto a los derechos fundamentales está el respeto a lo que no piensa como tú aunque te parezca abominable lo que defiende". La profesora de la UCM añade que una reforma de este tipo "chocaría con una doctrina consolidadísima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que contempla la libertad de expresión y la libertad ideológica como la base de la democracia". "Es muy raro que considere proporcionado y ajustado coartar esa libertad", apunta. Esta cuestión ya ha generado debate a nivel europeo después de que el Tribunal Supremo de Italia, otro país con pasado fascista y leyes más restrictivas que las españolas, rechazara hace un par de años castigar el saludo fascista cuando no supone un "peligro concreto" de reorganización del partido del ex dictador Benito Mussolini. En ese momento, la anterior Comisión Europea –interpelada por formaciones de izquierdas– descartó involucrarse para restringir estas manifestaciones.

En la misma línea, Martí no ve justificado este "recorte" y advierte que "abre la caja de los truenos" para que gobiernos de otros colores limiten otras formas de expresión con las que discrepen. "Es paradójico porque para defender la democracia de estas amenazas uno acaba haciendo cosas que son propias, en realidad, de regímenes más autoritarios", subraya. Fuentes de Sumar, socio minoritario del gobierno español, se desmarcan de Torres y replican que no es una batalla que requiera una reforma constitucional sino de "valentía política" para aplicar las herramientas vigentes, como la ley de memoria democrática, a través de la que el gobierno español no ha impuesto prácticamente multa alguna. El ministerio del Interior, defienden, puede ser mucho más tajante cuando perciba posibles infracciones durante las protestas. Por su parte, asociaciones memorialistas presionan desde la entrada en vigor de la norma, hace tres años, para que se aplique el régimen sancionador.