Prórroga a la interinidad del Govern
La ley le permite administrar las urgencias derivadas de la pandemia sin proyectar nuevas políticas
BarcelonaEl domingo hizo seis meses del cese de Quim Torra como presidente de la Generalitat una vez confirmada su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo. Ya son 182 días y Catalunya se encamina hacia su récord de interinidad –fijado por el 155– cuando, entre el 27 de octubre del 2017 y el 4 de junio del 2018, el gobierno español tuteló la Generalitat durante 220 días. Pere Aragonès y ERC subrayan la "urgencia" de desbloquear la investidura para afrontar "el rescate social, la recuperación económica y la salida democrática al conflicto con el Estado". También lo hace la CUP. Y JxCat se escuda en el hecho de que hace falta un "buen acuerdo" antes de formar gobierno e incluso hay quien recuerda que, si se hubieran aplazado las elecciones como pretendía el Govern, no habría dejado de estar en funciones al menos hasta finales de junio.
Lo cierto es que un ejecutivo en funciones –en este caso, además, sin presidente– tiene las atribuciones limitadas, pero también margen de maniobra para afrontar el día a día y las cuestiones urgentes que no se puedan demorar. Sin ir más lejos, ayer se firmó un "acuerdo histórico" con Endesa, en palabras del conseller de Afers Socials, Chakir el Homrani, para que la eléctrica asuma la deuda acumulada por los impagos de las familias vulnerables entre el 2015 y el 2018 (el Govern y los ayuntamientos asumirán la parte pendiente desde el 2018). Y ayer también se abrió la segunda línea de ayudas (5,47 millones de euros) para el ocio nocturno y los parques infantiles, que todavía están cerrados por las restricciones del covid-19.
Desde el 28 de septiembre, la Generalitat en funciones ha impulsado 33 decretos ley. Esta es una de las atribuciones que la ley de presidencia respeta para el periodo de interinidad para que el ejecutivo despache los asuntos "ordinarios" o bien impulse medidas justificadas por "razones de urgencia o interés general debidamente acreditadas". En tiempo de pandemia mundial, buena parte de estos decretos están vinculados al covid-19 y, por lo tanto, difícilmente alguien cuestionará su legalidad.
Opciones limitadas
Mientras esté en funciones, el Govern no podrá aprobar los presupuestos del 2021, pero si las puede seguir financiando, podrá continuar convocando ayudas sectoriales o incrementar las dotaciones en los programas económicos y sociales que considere. En este sentido, el actual ejecutivo ya podría sacar adelante una parte del rescate social de 700 millones de euros que propuso Aragonès el pasado viernes; o reformar la renta garantizada de ciudadanía, a pesar de que difícilmente podría justificar la creación de la renta básica universal por franjas de edad pactada entre ERC y la CUP.
También podría empezar a afrontar la gestión de los fondos europeos cuando lleguen. El 2 de febrero el consejo ejecutivo ya aprobó un decreto ley, que ha sido validado por el Parlament, para empezar a simplificar "y agilizar" los procedimientos que correspondan para poderlos gestionar. El mismo documento prevé que, en caso de que la regulación de los fondos sea incompatible con el decreto, se aplicará directamente lo que diga Europa.
La "urgencia" quedaría, pues, entre las tareas de un gobierno en funciones como el actual. Todo apunta, además, que serán los mismos socios los que repetirán alianza, hecho que, en circunstancias normales, tendría que favorecer el traspaso de carteras (y de proyectos). Ahora bien, la situación de interinidad perjudica gravemente el impulso político. Más allá de tener unos liderazgos en precario, no se pueden aprobar leyes (el Estatut delimita los decretos ley para cuestiones de necesidad "extraordinaria y urgente"), Aragonès no puede destituir y nombrar nuevos consellers y tampoco puede poner en marcha nuevos departamentos, como el de Acción Climática y el de Feminismos.
En palabras del Tribunal Supremo (sentencia del 2 de diciembre del 2005), como norma general el ejecutivo en funciones no puede fijar "nuevas orientaciones políticas" ni "comprometer" la acción del futuro gobierno. Pero el alto tribunal también reconoce la necesidad de evaluar "caso a caso" y la dificultad de que en la acción de un gobierno no haya ninguna motivación política o, al menos, "un margen de apreciación". JxCat, ERC y la CUP tienen ahora dos meses para evitar que esta sea la legislatura más corta e improductiva de la historia.
