MadridEl magistrado Manuel García-Castellón ha procesado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez, y a otros nueve altos mandos de la cúpula policial de Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy. El juez ha archivado la causa para la secretaria general del Partido Popular y exministra María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado dictado este jueves 29 de julio es recurrible ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que todavía se puede cuestionar el archivo de la causa para Cospedal y su marido, como pueden hacer la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares.
La importancia de la resolución judicial es mayúscula. Porque asume que el PP, a través del ministro del Interior de la época – entre 2013 y 2015-, patrocinó, incluyendo su financiación con fondos reservados, una operación dirigida a obtener documentos comprometedores para Rajoy, el entonces flamante gobierno, y el PP, en manos del extesorero nacional Luis Bárcenas. Unas pruebas que podían cargarse a un gobierno que llevaba algo más de un año en La Moncloa.
Fue una operación posible porque el gobierno de Rajoy convirtió a la Policía, es decir, a la cúpula policial, en una sucursal del PP. La mayor parte de los procesados, precisamente, son altos mandos policiales, empezando por el que era director adjunto operativo, Eugenio Pino. Según el juez, el objetivo de la operación Kitchen era “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, señala el auto, “el vector” que unía a los implicados y “el fundamento de la operación”. Es más: “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba [Bárcenas]”
La intervención de los máximos responsables gubernativos del Ministerio resulta solventemente constatada”, afirma el juez, para quien Fernández Díaz está en ”el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tuvo un papel activo en la trama porque recibió “órdenes concretas” de Fernández Díaz, quien le instruía sobre la “prioridad” de la operación. Destaca el relato “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación”, lo que “resulta evidente y vertebra la operación, desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”.
La exoneración de Cospedal
El juez archiva la causa para el matrimonio Cospedal-López del Hierro al restar valor a sus sucesivos encuentros con el comisario. “No se puede criminalizar el derecho de reunión…La imputación a ambos investigados de una participación intelectual no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Indicios contra ellos -audios y más pruebas- haberlos, como las meigas, haylos. Pero le parecen “débiles” al juez. Ya en su auto de imputación a Cospedal, el juez afloró, según dejamos constancia, lo que ahora ha concretado: su exoneración.
Pero quizá lo que más llama la atención en una investigación de tres años que el magistrado ha rechazado prorrogar otros seis meses como pedía en las últimas semanas la Fiscalía Anticorrupción, es la ausencia de tres personalidades.
El primero: el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. La Fiscalía pidió, tardíamente, hace dos semanas, por vez primera su imputación. Y en su auto, el juez considera “innecesaria e inútil” esa diligencia por la “falta de indicios que justifiquen” llamar a declarar en calidad de imputado a Cosidó. El juez señala a la Fiscalía que “si lo considera necesario interese la presencia de esta persona en el plenario para declarar como testigo”. Es decir: el juez asume que una operación de espionaje como la realizada entre 2013 y 2015 por la cúpula policial para proteger al PP pudo hacerse con el desconocimiento del director general de la Policía, Cosidó, a la sazón alto cargo del PP. Cosidó no fue ni testigo ni investigado durante tres años de diligencias de investigación.
El segundo ausente es el coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobosm que autorizó el pago de fondos reservados para realizar una operación que duró dos años. El coronel declaró como testigo que ignoraba el detalle de lo que había pagado.
Y last but not least, Mariano Rajoy. Ni testigo ni investigado. La “teoría del pato” señala que si un conjunto de evidencias apuntan a una conclusión altamente probable que coexiste con otras altamente improbables, lo razonable es aceptar la conclusión altamente probable. «Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, ¡seguramente es un pato!» .
