Puigdemont no se arriesga a volver a la Catalunya Nord

Pradera de Conflent / MadridCarles Puigdemont no se arriesga. Tras el regreso fugaz a Catalunya el día del pleno de investidura de Salvador Illa con destino final en Waterloo –con los Mossos yendo de cabeza–, el expresidente de la Generalitat no ha reaparecido en un acto anunciado en la localidad norcatalana de Pradera de Conflent para la Universidad Catalana de Verano (UCE) "por seguridad". Se ha limitado a enviar un vídeo grabado en el que ha denunciado el "colpismo" del Tribunal Supremo. En esta ocasión no ha querido tomar riesgos, puesto que ahora no es eurodiputado, no tiene la inmunidad para viajar por toda la Unión Europea y el Supremo no le ha aplicado la amnistía. Así, el magistrado Pablo Llarena podría reactivar una euroorden en cualquier momento, aunque todavía no lo ha hecho. Precisamente, el acto en el que debía tomar parte ha denunciado el "colpismo judicial" contra la amnistía, en el marco de la presentación del libro de Damià del Clot Colpismo. De la violencia militar al lawfare judicial (Voliana Edicions, 2024), prologado por Puigdemont y por el exdiputado juntero Jaume Alonso-Cuevillas, que sí ha asistido.

"Gracias por permitirme que intervenga a través de este mensaje de vídeo. No puedo hacerlo de manera presencial como había comentado hace unos meses", ha empezado a decir Puigdemont en la grabación, que acaba deseando el retorno definitivo a la Cataluña Sur que le priva la orden de detención de Llarena en España: "Espero que la próxima vez que podamos hablar de este libro y de otros que puedan venir podamos hacerlo desde el otro lado de las Alberes", ha afirmado. De hecho, justo antes de la presentación, el editor del libro ha informado a los asistentes de que "por razones de seguridad ha visto que era más prudente no venir". Cuevillas remató que "la amnistía acabará cuajando" y podrán volver todos, si bien añadió que con los jueces españoles nunca se puede estar del todo tranquilo.

Precisamente este lunes la defensa del expresidente ha interpuesto una queja contra Llarena ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "desatención": ha denunciado el retraso del juez a la hora de resolver los recursos de reforma que las partes presentaron contra su decisión de no amnistiarle por el delito de malversación y no levantar la orden de detención en territorio español que amenazó su presencia en el debate de investidura de Isla.

La intervención a distancia de Puigdemont, largamente aplaudida por unas 200 personas de público –entre ellas el exconseller Lluís Puig, la expresidenta del ANC Elisenda Paluzie y la exdiputada de Junts Cristina Casol–, ha estado llena de críticas al poder judicial, por el hecho de que no sea ni "independiente ni imparcial" y que protagonice un "golpe de estado híbrido" y "sofisticado" sin armas para "subvertir las decisiones incómodas de la mayoría ciudadana" utilizando " la apariencia democrática" del Supremo. "Tienes que esforzarte mucho para explicar que eso que parece ser un tribunal independiente, como es un Tribunal Supremo de un estado de la UE, de hecho, no lo es, es política y juega con agenda política". En este sentido, ha recalcado que el libro "pone en alerta de uno de los males que amenaza a la democracia" y "recuerda que vale mucho la pena seguir luchando por la independencia de Catalunya porque es luchar sobre todo por la democracia". Además, pidió a los catalanes "alertar al mundo de lo que está pasando".

Incertidumbre hasta el final

En este acto en Prada la incertidumbre volvió a planear casi hasta última hora sobre su asistencia. Fuentes de la organización no podían confirmar la presencia del expresidente, pero es que no dependía de la UCE estrictamente, sino que se encargaba la editorial del libro, Voliana Edicions, y la universidad sólo había cedido espacio. El secretismo máximo se ha sumado a la expectación de una audiencia multiplicada. De hecho, el propio Cuevillas había difundido a través de las redes sociales la conferencia "con el presidente Carles Puigdemont".

La decisión de no asistir coincide con el movimiento contra la negativa de Pablo Llarena a aplicar la amnistía. Días después de que Juntos sugiriera que la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían actuar contra el juez instructor por no haber seguido la literalidad de la ley, la defensa del expresidente y del eurodiputado Toni Comín ha interpuesto una queja en el CGPJ.

El 1 de julio el magistrado del Tribunal Supremo resolvió que no aplicaba la amnistía. El día 5 la Fiscalía ya presentó un recurso ante el propio Llarena y el día 8 hizo lo propio el abogado Gonzalo Boye en representación de Puigdemont. Dentro de plazo también lo hizo la Abogacía del Estado, que solicitó que se corrigiese la decisión. Más adelante, no fue hasta el 22 de julio que Llarena dio traslado a las partes para que se posicionesran sobre los recursos que había presentado cada uno, y con la entrada del mes de agosto se marchó de vacaciones, dado que es un período inhábil en los tribunales. Ahora bien, Boye se queja en su escrito –avanzado por El Mundo– registrado este lunes que el juez interrumpió sus vacaciones coincidiendo con el fugaz regreso del expresidente a Catalunya, dado que había posibilidad de que fuera detenido y trasladado a Madrid. Además, ve una "pasividad intencional" de Llarena y un retraso "reiterado", porque no respondió a los recursos de la defensa ni tampoco a los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Por eso, ahora da el paso de acudir al CGPJ. El nuevo órgano de gobierno de los jueces está todavía en fase embrionaria y no ha nombrado ni siquiera a su presidente por empate entre los bloques progresista y conservador, por lo que todavía no podrá tramitarse esta queja.