Puigdemont y el fiscal cuelgan de un hilo
MadridNos estamos acercando a Navidad con un buen saco de incógnitas y una seguridad. La legislatura no termina, por mucho que el PP lo pida a cada paso. Pedro Sánchez ha dicho dos veces estos últimos días que se votará en 2027, y ha quedado bien claro que no le preocupa demasiado la falta de apoyo parlamentario. En definitiva, no lo considera un inconveniente insalvable. Juntos ya le ha dejado también patente que no cuenta con ellos, que se ha puesto punto y final a la colaboración que con altibajos se mantenía desde el debate de investidura del 2023. Pero en paralelo los junteros han salvado al gobierno de algún tropiezo en el Congreso. Ya se sabe que las rupturas también pueden tener grados. Para redondear el cuadro de las advertencias, la portavoz del grupo, Miriam Nogueras, calificó a Sánchez de "cínico e hipócrita" en el último debate maratoniano celebrado en el Congreso, por la falta de cumplimiento de pactos y promesas.
La respuesta de Sánchez fue la que habría hecho un lector de cualquier libro dedicado a la teoría y práctica estoica. El líder socialista y en general los dirigentes del PSOE no paran de decir cada vez que les dan butifarra que ellos van a seguir con la mano tendida, no para pedir caridad, sino porque no hay nada como la disposición permanente al diálogo para ser feliz en esta vida. Pero que nadie se confunda. La tranquilidad de hoy puede ser el susto de mañana. Podemos tampoco afloja. Y Sumar apunta discrepancias y perfil propio siempre que puede. El panorama podría parecer más complicado que nunca, especialmente si a todos estos factores de posible inestabilidad añadimos las aportaciones más voluntaristas y desinteresadas procedentes de la actividad policial y judicial.
En relación a esta materia, no hay acto o foro relacionado con la justicia donde estos días se hable de otra cosa que del reciente juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de cómo será la sentencia que dicte el Supremo. Es un asunto de obvias repercusiones políticas, y esto explica tanto la curiosidad con la que todo el mundo se hace preguntas como las tácticas de disimulo y fingimiento con las que actúa la mayoría durante este tipo de conversaciones. ¿Tú qué crees que hará el tribunal?, pregunta uno. ¿Habrá condena o absolución?, dice otro. Seguro que tú sabes algo, especula a un tercero. La cuestión es que todo el mundo quiere saber, pero todos esconden sus cartas, no porque tengan ninguna, sino porque nadie quiere significarse, con el riesgo de que corra la voz que se ha mojado, y en qué sentido.
Los magistrados de la sala penal que han formado parte del tribunal para esta vista oral evitan mostrarse en público, y si lo hacen van revestidos de unas invisibles togas ignifugas, que repelen las aproximaciones indeseadas como si fueran llamas. Si se logra pasar un primer filtro de confianza con las mencionadas preguntas genéricas, el segundo nivel de curiosidad tiene un nombre bastante conocido, el de Manuel Marchena. Desde diciembre de 2024 Marchena ya no preside la sala penal, y no es el ponente de la sentencia sobre el fiscal general, como lo fue en la causa del 1 de octubre. Por estos motivos son muchos, en el ámbito judicial y los círculos políticos, quienes se preguntan cómo pueden influir estos cambios en el resultado del proceso contra el jefe de la Fiscalía. El cálculo del que hay pistas es que tres magistrados están decididos a absolver a García Ortiz, y otros tres inclinados a condenarlo. El séptimo y último voto sería el de un juez que no está claramente decantado. El Supremo, en cualquier caso, intentará una sentencia pactada, sin votos discrepantes. El papel del nuevo presidente de la sala de lo penal, Andrés Martínez Arrieta, será decisivo para conseguirlo. También el del magistrado Antonio del Moral. Es un hombre conservador, muy religioso y técnicamente coherente. El fiscal general está colgando de un hilo.
Los socialistas creen que ganarán una importante batalla política si el fiscal resulta absuelto. De hecho, si García Ortiz no ha dimitido se debe a que tanto él como el gobierno consideraban que si renunciaba antes de hacerse el juicio habrían perdido la batalla, aunque después fuera absuelto. La resistencia puede ser recompensada ahora. Lo sabremos relativamente pronto. El tribunal quiere tener terminada la deliberación y lista la sentencia antes de las fiestas navideñas. La primera reunión para debatir la resolución del caso será el próximo lunes. Si se produce la absolución, el PP quedará como perdedor de ese combate. En todo caso, los populares han puesto demasiado en juego con las apuestas judiciales. La Audiencia de Madrid acaba de corregir de nuevo al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga las supuestas actividades de negocio de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.
El sueño de desprenderse de Vox
En esa causa, Peinado quería volver a indagar sobre el rescate de Air Europa. Los magistrados de la Audiencia madrileña le dijeron que la resolución en la que así lo acordaba, que fue recurrida, "no tiene la motivación necesaria". La ya célebre frase de Aznar –"quien pueda hacer, que haga"–, no garantiza siempre el éxito. Cada vez que Feijóo da por muerte políticamente a Sánchez apoyándose en los episodios judiciales, corre un riesgo paralelo al del líder socialista. Es evidente que el PP tampoco está por echar cohetes. La renuncia de Carlos Mazón lleva camino de una digestión lenta. El congreso popular andaluz ha reelegido a Juanma Moreno, como era lógico, pero la grave crisis de los cribados no ha terminado, ni mucho menos. Y habrá que ver cómo van las elecciones en Extremadura. La presidenta de esa comunidad, María Guardiola, se la vuelve a jugar con su convocatoria anticipada. Su sueño, desprenderse de Vox de una vez.
Mientras tanto, sólo hay dos cosas que a Feijóo le podrían dar una alegría, que se convocaran elecciones o que Junts diera el paso definitivo apoyando una moción de censura. El primer escenario Sánchez ni se le plantea. El segundo escenario tampoco es imaginable, porque a los junteros les conviene aguantar. El informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) facilita el camino para la amnistía de Puigdemont, y el Constitucional ha empezado ya a estudiar el recurso que permitiría aplicar el perdón al delito de malversación. Ahora bien, debería ejecutarlo el Supremo, y ya veremos si pone inconvenientes. Puigdemont cuelga, de hecho, del mismo hilo que el fiscal. Curiosa coincidencia.
