Los Pujol no pedirán al juez acogerse a la amnistía

BarcelonaSi hubo un aspecto que complicó la ley de amnistía fue determinar su perímetro. Es decir, qué causas entraban y cuáles quedaban fuera. Y eso que la ley no ha terminado incluyendo ninguna lista de afectados y sólo establece una guía general sobre qué procesos judiciales se consideran resultado del Proceso y deben borrarse sus efectos. Durante esta negociación, según fuentes conocedoras de las conversaciones, una de las cuestiones que estuvo sobre la mesa –aunque finalmente se descartó– fue si se citaban o no los casos que podían estar afectados por la operación Catalunya, pensando en el expresidente Jordi Pujol. Ahora, una vez la amnistía ya es oficial, la familia Pujol descarta solicitar a los tribunales que se aplique en su caso, según fuentes cercanas.

Creen que la versión final excluye las investigaciones atribuidas al "lawfare", pese a que la propia familia Pujol trasladó a los negociadores de Junts, también al expresidente Carles Puigdemont, que se tuviera en cuenta su situación. En este sentido, consideran que después de que no se haya visto reflejado en el articulado no tiene sentido pedirlo para que se les rechace la petición, y fuentes jurídicas añaden, además, que los jueces que tienen casos susceptibles de entrar en la amnistía ya han movido ficha esta semana pidiendo a las partes que se pronuncien: en el caso de Pujol, no ha pasado. Fuentes conocedoras de cómo fueron las conversaciones hablan de "decepción" por parte de la familia.

El expresidente y sus hijos tienen una causa abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros tipos penales, porque según la Fiscalía se enriquecieron de forma ilícita. Pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol por aprovecharse de una supuesta "red clientelar" (la Abogacía del Estado, en cambio, no solicita ninguna pena contra él) y 25 años para su hijo mayor , Jordi Pujol Ferrusola. Todo esto está pendiente de resolverse desde hace más de diez años: la causa empezó en el 2012 con Pujol Ferrusola, recuerdan fuentes jurídicas, y se amplió a raíz de la confesión de la deja del expresidente el 25 de julio del 2014. El último mayor movimiento es de junio del 2021: cuando el juez Santiago Pedraz decretó la apertura de juicio oral para toda la familia menos para Marta Ferrusola, apartada de la investigación por una cuestión de salud. Desde entonces que el proceso judicial está a la espera.

Las conversaciones

Según fuentes conocedoras de las conversaciones entre Junts y el PSOE, durante la negociación del texto se habló de introducir las causas de "lawfare" o algún fragmento que hiciera referencia a anular causas con presencia de "pruebas ilícitas", en alusión a la operación Catalunya. El encargado de trasladar las peticiones de la familia a Puigdemont fue Oriol Pujol, a quien se le dijo que se "intentaría" que el caso Pujol quedara incluido en la amnistía, de acuerdo con las fuentes consultadas por el AHORA. En definitiva, se valoró incorporarlo de algún modo para que, una vez aprobada la ley, la defensa de Pujol pudiera alegarlo ante el tribunal.

No sólo durante la negociación del texto inicial, sino también durante el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, apuntan las mismas fuentes, aunque finalmente se descartó con el argumento de que la ley caería en la inconstitucionalidad. El PSOE siempre negó que pudieran incluirse casos que fueran más allá de lo que había sido el referéndum del 1-O o las protestas independentistas y, de hecho, dentro del mismo independentismo había división sobre qué debía entrar en el amnistía. Esquerra estaba en contra de que se incorporaran casos que Junts llamaba lawfare: "Los casos de corrupción no se enmarcan en la amnistía", defendió en su momento la portavoz republicana, Raquel Sans.

Y es que el caso de la familia Pujol no fue el único que sobrevoló la negociación. También se habló del caso de la Institución de las Letras Catalanas que afecta a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que está condenada en primera instancia por prevaricación y falsedad documental, o también la causa abierta por blanqueo de capitales contra el abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Esta cuestión provocó situaciones muy tensas entre los negociadores, sobre todo en el último tramo de las conversaciones en noviembre, antes de cerrar el acuerdo de investidura. Sin acuerdo, no se incluyó en la versión definitiva.