Pujol pide a la Audiencia Nacional que valore si su estado de salud le permite acudir al juicio

BarcelonaA finales de noviembre debe empezar uno de los juicios que generan más expectativa de los últimos años. La familia Pujol, acusada de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental, se sentará ante un tribunal. Está por ver, sin embargo, si el expresidente Jordi Pujol asistirá presencialmente al juicio. Este viernes, según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA, el que fue presidente de Catalunya durante 23 años ha pedido a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud para decidir si le permite acudir a juicio.

Lo que pide Pujol es que el tribunal considere si a sus 95 años está capacitado para afrontar el rol dialéctico de la defensa. En caso afirmativo, el expresidente también solicita que se estime la posibilidad de no tener que asistir presencialmente al juicio y poderle seguir –y también intervenir– de forma telemática. Para que el tribunal pueda valorarlo, la defensa ha entregado tres informes médicos sobre su estado de salud.

Presencialidad sólo el primer día

Hace pocos días, el ARA ya contaba que los letrados de la defensa del expresidente tienen previsto pedir que pueda comparecer por videoconferencia. Lo haría desde la Ciudad de la Justicia para ahorrarse la logística de tener que instalarse durante varios días en Madrid, pero también para esquivar así toda la presión mediática que envolverá el juicio a la familia. Lo que quiere Pujol es estar de forma presencial sólo la primera jornada del juicio. En cualquier caso, es el tribunal quien deberá tomar esta decisión.

En este juicio la Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para Pujol, y para sus hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel. A quien se le piden casi tres décadas de cárcel es Jordi Pujol Ferrusola. La Abogacía del Estado, en cambio, no pide ningún año de cárcel para el expresidente y 25 para su primogénito.

El inicio de la investigación se remonta doce años atrás, cuando en el 2012 Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, presenta una denuncia explicando que la familia llevaba dinero de forma periódica a Andorra. Hasta ahora la investigación ha apuntado que los miembros de la familia habrían aprovechado su privilegiada posición para acumular patrimonio directamente relacionado con ingresos derivados de actividades corruptas. En todo caso será el tribunal el que determine hasta qué punto cada miembro de la familia delinquió.