Reconquista: hoja de ruta

MadridRepetición de la jugada. Pablo Casado ve su hoja de ruta en el espejo de la de Mariano Rajoy en octubre de 2005, cuando lanzó el boicot al Estatut (con el anuncio de que el Partido Popular gastaría 500.000 euros), una iniciativa que derivó en el rechazo de los productos catalanes. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) llevaba en la Moncloa apenas año y medio y Rajoy apostaba a tumbarle en las elecciones de 2008. Pero fracasó. Rodríguez Zapatero volvió a derrotarle. Y con un récord de votos: 11.289.335.

Los indultos a los dirigentes independentistas condenados por la sentencia del Tribunal Supremo constituyen el último episodio conocido (hasta el momento, claro, de escribir estas líneas), del crispavirus, el intento de las derechas y la ultraderecha - con la artillería de apoyo de las instituciones judiciales - de abatir al gobierno de Pedro Sánchez desde su formación en enero de 2019 con el patógeno del enfrentamiento histérico y desesperado que tiende a convertir cualquier grieta o error gubernamental -de los múltiples cometidos- en el desenlace final.

El informe del Supremo sobre los indultos del pasado miércoles, día 26 de mayo, ha sido recibido por la derecha mejor que la sentencia del 14 de octubre de 2019. Tanto la Fiscalía del Supremo como la derecha esperaban de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda - presidente del tribunal del Procésy ponente de la sentencia - una condena por el delito de rebelión. Durante la instrucción de la causa por parte del magistrado Pablo Llarena – que optó por la rebelión sin resquicios- todas las resoluciones adoptadas fueron respaldadas de manera entusiasta.

Pero nada más terminar el juicio en junio de 2019, los magistrados del tribunal se decantaron enseguida por la ausencia de violencia, sin discrepancias, y se orientaron hacia el delito de sedición. Entonces. vale la pena recordar, formaba parte del tribunal el magistrado Luciano Varela que, ya jubilado, no está entre los que han deliberado sobre los indultos. El informe del pasado 26 de mayo, pues, cuyo ponente es Marchena, pone el acento en el uso de la fuerza por parte de los dirigentes independentistas condenados y denuncia el “autoindulto” en que va a incurrir el gobierno español. Un "autoindulto" porque así, según Marchena y los otros cinco magistrados que firman el informe, se asegurarían los votos de Esquerra Republicana de Catalunya para mantener la estabilidad del gobierno. Es el precio. Politización, pues, como las meigas, haberla hayla.

Ahora en este punto (artículo 102 de la Constitución que prohíbe indultar delitos que puedan encuadrarse contra la seguridad del Estado), el informe sigue el hilo argumental de la Fiscalía, mientras que, en 2019, cuando el tribunal optó por la sedición, se apoyó en la acusación de la abogacía del Estado, que reflejaba los puntos de vista de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en acuerdo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Por tanto, el PP tiene ahora pavimentado la ruta hacia el uso de los indultos para desgastar a Sánchez. Como no tiene asegurada -más bien lo contrario -la posibilidad de recurrir los indultos ante la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo por carecer de legitimidad, e intuye que Vox la tiene por haber sido parte en el procedimiento -acusación popular-, Casado se ha lanzado sin pérdida de tiempo a la calle.

Sánchez tiene prisa

Pedro Sánchez también tiene prisa. Necesita cerrar este capítulo lo más rápido posible. Antes de agosto. Para que quede lo más separado de las elecciones generales de 2023 y sea sepultado por la aplicación de los fondos europeos y la recuperación económica. La campaña del Estatut de Rajoy de 2005 y 2006 no consiguió la derrota de Rodríguez Zapatero en 2008. Pero la Gran Recesión de 2008 en adelante permitió a Rajoy - tras la renuncia de Rodríguez Zapatero a ser candidato del PSOE - ganar las elecciones anticipadas al 20 de noviembre de 2011.

Sánchez trabaja con este plan: los indultos quedarán en el olvido en diciembre de 2023 - dos años y medio después de concederlos - si la recuperación económica es una realidad y la distribución de sus resultados entran en los bolsillos de los votantes. Claro que para que este plan funcione Sánchez necesita que el previsible empantanamiento de la mesa de diálogo sobre Catalunya no alimente una crisis interna, ya latente entre Junts y ERC desde antes de formarse el Govern, que catapulte una crisis del respaldo a la continuidad del gobierno del PSOE-Unidas Podemos. Y Casado, precisamente, cuenta con ello.