La regularización de 500.000 personas, encallada en el Congreso: el PSOE descarta un decreto alternativo

MadridEl fracaso del traspaso de competencias de inmigración a Catalunya acordado entre el PSOE y Junts, así como el endurecimiento del PP este fin de semana con una batería de medidas en materia migratoria, han puesto sobre la mesa otra política migratoria que, aunque hace más de un año que se abrió paso en el Congreso de los Diputados, sigue atascada. Se trata de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización extraordinaria de medio millón de personas inmigrantes que residen en el Estado (unos 100.000 en Cataluña). Desde su toma en consideración en abril de 2024, los avances en la tramitación han sido de mínimos y no hay un horizonte para que se reanude.

Por ahora, lo único que está claro es que el gobierno español no prevé una regularización de estas personas a través de un decreto alternativo a la ILP, aunque el socio minoritario, Sumar, lo ha planteado, pero también lo ha exigido Podemos. "El contenido y la naturaleza de la ILP es compartida por este gobierno [...]. La ILP que existe en el Congreso incluye la firma de más de 600.000 ciudadanos y 900 organizaciones, y lo que quiero trasladar es la necesidad de que el trámite continúe para que se apruebe lo antes posible", ha expresado la portavoz del gobierno español, Pilar Aleg.

Ya antes del cónclave de los populares en Murcia, donde entre otras cosas plantearon un visado por puntos para los extranjeros, quien exigió que se desatasque la ILP fue Podemos. La formación lila votó en contra de la propuesta de Junts para que Catalunya tenga competencias en materia de inmigración y sólo se abrió a negociar si se retiraba el texto de los de Carles Puigdemont y se aprobaba la regularización del medio millar de inmigrantes. De hecho, ese fue el precio que Podemos puso en Junts desde el primer minuto.

Este mismo lunes, el portavoz del partido, Pablo Fernández, volvió a exigirlo. En caso de avanzar con la ILP, Podemos pide que el gobierno español apruebe un real decreto de rango normativo (no un real decreto ley) para hacer efectiva la regularización y que después no tenga que votar en el Congreso de los Diputados. "El gobierno debe dejarse de excusas", afirmó Fernández, quien reclamó repetir lo que ya hizo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en el 2005: una regularización extraordinaria de personas inmigrantes.

La toma en consideración de la ILP, que quiere decir que el Congreso se abre a debatir la iniciativa, prosperó con los votos del POSE, el PP –presionado por la Conferencia Episcopal– y las izquierdas (Sumar, ERC, Bildu y BNG). También el PNV y Junts apoyaron, aunque con matices, y solo la extrema derecha de Vox se quedó al margen. Pero ese consenso hoy se ha diluido.

ERC y Sumar sitúan en el PSOE la responsabilidad de que no se esté avanzando. En mayo de este año, los socialistas plantearon un texto alternativo a la ILP, pero desde entonces no se ha dado ningún paso adelante, aseguran fuentes de Sumar. Por su parte, fuentes de ERC en el Congreso creen que el PSOE no tiene una "intención real de impulsar la iniciativa". "Nosotros estamos a favor, pero el PSOE la tiene parada", reiteran.

En cuanto a Junts, fuentes del partido en Madrid dicen que su "prioridad" es que Catalunya tenga más competencias en inmigración. "Lo que no puede ser es estar hablando de la admisión a trámite de la ILP y que esté frenada la admisión a trámite de nuestra ley de competencias", indican. Sin embargo, el PP ya ha dicho que no votará a favor de la iniciativa que hay sobre la mesa, aunque permitió su toma en consideración, si no se aceptan sus enmiendas.

Desde el PSOE defienden que siguen trabajando para "intentar llegar a un acuerdo". Pero lo cierto es que la ponencia que debe reunirse para negociar y cerrar un texto ni siquiera tiene fecha de convocatoria, por lo que el dictamen que debe llegar al pleno del Congreso aún tardará.