Así relevará al gobierno español al fiscal general condenado
El ejecutivo estatal "no comparte" la condena pero ya ha activado la elección del sustituto de García Ortiz
BarcelonaLa condena al fiscal general del Estado ha provocado un estruendo a la política española. La inhabilitación de dos años para Álvaro García Ortiz es un duro golpe para el presidente español, Pedro Sánchez, que ha defendido su inocencia hasta el final. De ahí se entiende que no se haya querido referir explícitamente al acto con motivo del 20-N en el Congreso, en el quincuagésimo aniversario de la muerte de Franco. Defendió, en todo caso, la "libertad de prensa" ante "tiempos complejos para el periodismo" mientras existen "abusos de poder" y "campañas de desinformación".
En cualquier caso, la Moncloa ha dejado claro que "no comparte" la sentencia sobre el fiscal general del Estado, aunque la "respeta", tal y como ha afianzado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. De hecho, el ejecutivo estatal recalcó que en los próximos días pondrá en marcha el mecanismo para escoger un nuevo fiscal general, al tiempo que reconoció "el trabajo" de García Ortiz y su "compromiso en defensa del servicio público, la ley y la verdad". Así, pese a la enconada defensa, más exacerbada en el caso del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que ha tildado la sentencia de "vergüenza", lo cierto es que se está buscando sustituto. ¿Ahora cuáles son los siguientes pasos?
¿Quién puede, según la ley, ocupar el puesto?
La elección del fiscal general del Estado está recogida en la Constitución española, en su artículo 124.4, que sostiene que "será nombrado por el Rey, a propuesta del gobierno [español], cuando se haya escuchado al Consejo General del Poder Judicial". La propia carta magna deja ya la regulación del ministerio fiscal para una ley orgánica que, aprobada en 1981, regula los pasos para elegir este cargo. Por ello, el artículo 29 deja claro que el fiscal general será elegido por el procedimiento previsto en la Constitución, pero escogiéndolo "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".
Esto implica una larga carrera en el mundo del derecho, bien sea como abogado, juez o fiscal, con el añadido de varios impedimentos incorporados en una reforma esta legislatura con nuevos impedimentos: "No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio, de una secretaria de Estado o de una consejería de una corporación local [alcalde] o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma".
El rol del CGPJ
A partir de ahí, tras la propuesta por parte del gobierno español, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emite un informe sobre la idoneidad del candidato, que es preceptivo pero no vinculante. Por eso, no tuvo efectos políticos cuando en noviembre del 2023 el CGPJ, de mayoría conservadora, rechazó por primera vez en la historia el nombramiento de un fiscal general, del propio García Ortiz, que empezaría con mal pie. Con el nombramiento de Dolores Delgado para el mismo cargo ya hubo un choque con varios votos particulares de vocales conservadores contra el nombramiento, pero no llegó tan lejos.
Juramento ante el Supremo
Acto seguido, una vez que el gobierno español recibe este informe, comunica su propuesta al Congreso de los Diputados ante la comisión de Justicia de la cámara para que los grupos políticos puedan valorar sus "méritos" e idoneidad, si bien tampoco es vinculante. Cuando todo esto ya se ha hecho, llega el turno a que el fiscal general sea nombrado por el consejo de ministros y pueda jurar o prometer el cargo en una toma de posesión ante el pleno del Tribunal Supremo. El mismo tribunal que ha condenado a García Ortiz.
