Déjame decirte

La responsabilidad política por los incendios

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio de Barniedo (León), que afecta a los Picos de Europa.
16/08/2025
4 min

MadridLa forma más indicada de hacer frente al esclarecimiento de las circunstancias que han favorecido la extensión de los incendios forestales que han asolado a España la última semana, y de establecer las correspondientes responsabilidades políticas, sería la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Soy consciente de las deficientes experiencias del pasado y de la falta de confianza de gran parte de la ciudadanía sobre la utilidad de este tipo de comisiones, pero debería volver a darse una oportunidad al Parlamento como el escenario idóneo, no sólo para debatir sobre estas cuestiones, sino también para recoger toda la información posible y tratar de llegar a unas conclusiones objetivas que sucede.

Hay mucha gente que ahora está interviniendo en los medios de comunicación, todo tipo de profesionales y de particulares que están aportando datos e informaciones útiles, así como criterio técnico. Deberían escucharse muchas de estas voces en la sede de la soberanía popular, primero para que los ciudadanos-electores pudieran ver y oír tanto testimonios directos como opiniones basadas en el conocimiento científico sobre todos los problemas que han contribuido a la tragedia de la pérdida de vidas humanas y la quema de miles de hectáreas en varios puntos del país, sobre todo del noreste, en el noreste.

Este es un problema general –por lo que nos afecta directamente, de alcance estatal–, y aunque a efectos prácticos y políticos muchas competencias están en manos de las comunidades autónomas, es necesaria una respuesta global, que no sea el resultado de un análisis parcelado, hecho de pedazos, sobre cómo se están protegiendo, o dejando de proteger, vidas y territorios. Si el modelo autonómico es, como se ha dicho tantas veces, de tendencia o de inspiración federal, tenemos un caso práctico para comprobar su eficacia, o pensar en los eventuales reajustes. Es insensato y ridículo que cada vez que existe una situación de emergencia el debate se reduzca a un intercambio de reproches sobre quién tardó más en ir al escenario de la tragedia, o quién debe pedir ayuda a quién, y si lo hizo cuando era necesario, o si se ha aferrado a sus competencias para no confesar una supuesta debilidad.

Bien entendido que el caso de la DANA y Carlos Mazón es especial, porque se trata de un ejemplo de incompetencia manifiesta y de resistencia injustificable a asumir responsabilidades políticas. El objetivo de país debería ser que el sistema funcione con mayor rapidez y agilidad. Durante la pandemia hubo algún intento de conseguirlo por la vía de la famosa "cogobernanza", una experiencia que resultó insuficiente, víctima del clima político irrespirable que se ha apoderado del país. Es tristísimo escuchar ahora el testimonio de tantas víctimas que se sienten abandonadas por las administraciones, mientras el gobierno español y el PP se disputan el mérito de haber conseguido que Francia nos preste dos aviones Canadair, especializados en la lucha contra el fuego.

Respuesta institucional

Los incendios forestales nos muestran la gravedad de la situación, la falta de previsión y los efectos devastadores de llegar tarde a la definición de una política eficaz de preservación del medio ambiente. En la comisión de investigación que quisiera ver constituida, deberían comparecer no sólo políticos –desde miembros del gobierno y presidentes autonómicos a alcaldes y concejales de pueblos afectados–, sino también agricultores, ganaderos, ingenieros forestales, bomberos, mandos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), y de los responsables de la Guà en el ministerio del Interior– y técnicos sobre materias relacionadas con la preservación del medio natural, entre ellas la meteorología y las consecuencias del cambio climático.

No creo que lleguen a tener un gran interés los minutos que con toda probabilidad dedicará el Congreso a las sesiones de control parlamentario en las que gobierno y oposición se centrarán en tirarse los platos por la cabeza sobre las responsabilidades políticas de los incendios del verano. Ya lo hemos visto esta semana. Los dirigentes que han intervenido en el debate lo han hecho generalmente para cruzarse acusaciones y centrar el problema en sus respectivos déficits de gestión. Por este camino no iremos muy lejos. Lo que se está haciendo es trasladar al problema del tratamiento del territorio –ahora devastado en muchos lugares– la mala práctica política que se ha aplicado a los casos de corrupción y su necesaria aclaración.

En la tragedia que vivimos, debería conseguirse una respuesta más institucional que partidista. En este sentido, durante la última semana he oído varias comparaciones con lo que sucedió con la DANA. Se trata de paralelismos que no favorecen el optimismo sobre la posible aportación de los órganos parlamentarios –sean estatales o autonómicos– por el establecimiento de conclusiones objetivas sobre los hechos. Pero existe una diferencia crucial con el caso de los incendios y la devastación del territorio. En cuanto a la DANA, existe una juez –Nuria Ruiz, del juzgado de instrucción 3 de Catarroja– que está logrando avances sustanciales en la investigación de las circunstancias que tuvieron como consecuencia la pérdida de 228 vidas humanas, aparte de grandes daños materiales y destrucción de infraestructuras. En cambio, aunque sobre los incendios forestales de este agosto existe alguna detención ya practicada, no es probable que por la vía de la actuación judicial podamos obtener respuestas claras ya nivel general sobre un problema que –como dice Feijóo, expresidente gallego– tiene un alcance mucho más amplio, ya que afecta al conjunto del territorio.

Por todo esto me parece importante emplazar al Parlamento en este caso. Los tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente –que ha convertido el problema de los incendios en un prólogo de la campaña electoral de 2026 en Castilla y León–, ya los iremos conociendo por varias vías, pero el testimonio de víctimas y afectados, y el criterio de especialistas, debería sentirse bien claro en sede parlamentaria. Sobre todo para poder mirar con mayor confianza hacia el futuro. Hay sitios y comarcas que sólo son noticia cuando se queman y sus fuegos de hoy pueden ser también nuestras cenizas de mañana.

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