Roger Torrent: "El TC no puede prohibir un debate parlamentàri de interés público"

BarcelonaEl expresidente del Parlament Roger Torrent ha defendido la libertad de expresión y el derecho de poder debatir sobre cualquier materia en el Parlament durante su interrogatorio ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que lo juzga por desobediencia. "El Tribunal Constitucional no puede prohibir un debate parlamentario de interés público", ha asegurado Torrent, que se ha acogido a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, igual que el resto de los acusados. "La mesa no puede tener un papel de censura", ha añadido la ex secretaria cuarta de la mesa, Ariadna Delgado, que ha defendido que actuó pensando que estaba "protegida por la inviolabilidad parlamentaria".

El derecho a la inviolabilidad parlamentaria es el principal argumento de defensa que han puesto encima de la mesa los acusados y sus abogados. Torrent ha insistido en que la defensa de este principio es esencial, no para la "immunidad" de los diputados del Parlament "sino como protección que hace efectiva la separación de poderes".

Todos los procesados han querido subrayar antes de empezar a declarar que teniendo en cuenta que se sentaban en el banquillo de los acusados por su condición de diputados en el Parlament" habían decidido, "en ejercicio de la inviolabilidad parlamentaria", contestar solo a sus defensas. El único que no estaba en el banquillo de los acusados (ni en las sillas de la defensa) es el ex vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que este jueves renunció a estar presente en el juicio como acusado, pero también a ejercer su propio derecho en defensa. En una figura bastante insólita, Costa es a la vez acusado y abogado de sí mismo. Este viernes la sala ha emitido una resolución en la que "se le reitera que puede comparecer en la sesión del día de hoy para hacer uso de su derecho de defensa". Como Costa no se ha presentado, el tribunal ha pedido que quede expresa constancia.

Resoluciones declarativas

Los tres procesados se han repartido la exposición de algunos de los puntos claves de la estrategia de defensa. Torrent, Delgado y el ex secretario primero de la mesa Eusebi Campdepadrós apelan a la libertad de expresión y a la inviolabilidad parlamentaria, pero también insisten en que las dos resoluciones bajo lupa de la justicia eran únicamente declarativas. Quien más ha profundizado en este sentido es Campdepadrós: "En ningún caso se pretendía ejercer el derecho en la autodeterminación fuera de las vías constitucionalmente establecidas", ha admitido. Esta es la tesis también que defendieron durante este jueves los máximos representantes jurídicos de la cámara, el ex secretario general del Parlament Xavier Muro o el letrado mayor Joan Ridao, como ha recordado el abogado de Torrent. "Son profesionales independientes, yo me fío", ha dicho Van den Eynde.

Tanto Delgado como Campdepadrós han explicado también que las advertencias que les hizo el Constitucional eran genéricas y entendían que no afectaban "de manera universal" a todas las resoluciones que se tramitaban y debatían en el Parlament. En este sentido, el ex secretario primero de la mesa ha asegurado que siempre ha pensado que actuó "honestamente y siguiendo criterios jurídicos". También ha insistido en ello, durante la exposición de su informe, el abogado de Torrent, que ha recordado que la ley establece dos requisitos para hablar del delito de desobediencia: que haya un requerimiento expreso y preciso y que se prescinda de él de manera contundente y rebelde. "Y esto no existe aquí", ha asegurado Van den Eynde.

Impunidad

En cambio, la Fiscalía -que pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torrent, Costa y Campdepadrós y un año y cuatro meses para Delgado- ha insistido en que los acusados se "pusieron de acuerdo" para desobedecer expresamente al TC. Ha asegurado que la única persona "sincera" había sido Costa a la hora de decir que no consideraban "legítimo" al Constitucional y que por eso lo "desobedecieron". "No se están amparando en la inviolabilidad parlamentaria, sino en la impunidad, lo que nos quieren decir es que son una especie de casta que está por encima de todo", ha dicho el fiscal José Joaquin Pérez de Gregorio. Para intentar tumbar el argumento de la protección por el derecho a la inviolabilidad parlamentaria al que apelan los acusados, el fiscal se ha referido a la sentencia que inhabilitó a la mesa del Parlament por el 1-O y ha recordado que el tribunal ya dijo entonces que, a la hora de tramitar las resoluciones, "los miembros de la mesa no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria porque estaban ejerciendo una función estrictamente administrativa".

Las defensas han insistido más que los acusados en el carácter político de la causa. "Aquí lo que se juzga es el Parlament y la separación de poderes. Lo que no se puede aceptar es que el Constitucional decida la orden del día de los Parlamentos", decía la letrada de Delgado, Olga Arderiu. "Es evidente que esto son procedimientos políticos, los abogados que estamos aquí somos especialistas en el derecho penal político que se ha instaurado en el estado español, en la represión que se ha hecho a los diputados, a los miembros del Govern y a todo el mundo que opine diferente de la del Estado", ha sentenciado el abogado de Campdepadrós, Jordi Pina, que ha asegurado que hace cinco años que el Estado "intenta ganar en los tribunales de justicia lo que no puede ganar en las urnas".