Un salario mínimo catalán: las competencias que pide delegar ERC

BarcelonaJuntos y el PSOE registraban a principios de marzo la ley que debe permitir que el Estado delegue en Cataluña las competencias en inmigración. Ambos grupos recurrieron al artículo 150.2 de la Constitución para materializar una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont para seguir apuntalando la gobernabilidad del Estado. Ahora es ERC quien también quiere acogerse a ese precepto constitucional, pero en su caso para que Catalunya pueda regular su propio salario mínimo interprofesional. Los republicanos, de hecho, han puesto ya una cifra: quieren que se eleve hasta los 1.420 euros –en todo el Estado ahora es de 1.184 euros–. La vía que proponen debería ir acompañada, defiende Esquerra, de un cambio también en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto del artículo 27 que detalla que es el gobierno estatal quien tiene la potestad para fijar su cifra.

El artículo 170 del Estatut establece que Catalunya tiene la "competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales". Una competencia que debería ampliarse a través de una ley orgánica para que la Generalitat tuviera la potestad de fijar su propio salario mínimo. Según los juristas consultados, esa función ejecutiva puede incluir dictar normas reglamentarias. Ahora bien, esto podría tener problemas de constitucionalidad si se plantea un conflicto en términos de igualdad respecto al resto de comunidades autónomas o se pone en entredicho que la función ejecutiva de la Generalitat también pueda incluir fijar un salario mínimo. Como es habitual, el alcance de la delegación de esta competencia iría en función de la interpretación más o menos restrictiva que pueda realizar el Tribunal Constitucional (TC).

La bandera de los derechos laborales es una de las que ha cogido Oriol Junqueras desde que ha vuelto a asumir las riendas del partido. "El coste de la vida en Catalunya es más alto, por lo que reivindicamos un salario mínimo decidido desde Catalunya y territorializado", defendió el lunes en rueda de prensa la vicesecretaria general de mundo del trabajo, economía, ciudadanía y partido abierto de ERC, Laura Pelay. Los republicanos han iniciado una campaña para explicar la idea de un salario mínimo catalán –con la creación de una mascota llamada Salariet incluida– y, de entrada, quieren registrar una proposición no de ley en el Congreso y también en el Parlament para que los grupos parlamentarios se pronuncien sobre la medida.

La aritmética parlamentaria

De la posición que adopten los socialistas dependerá, en buena medida, la viabilidad de la medida. Los republicanos necesitan el apoyo del PSOE, pero también el de Sumar, para que su propuesta salga adelante. Pero no sólo. Al tratarse de una ley orgánica para delegar competencias a la Generalitat, no es suficiente con una mayoría simple, sino que se necesitaría mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, es decir, sería necesario que los grupos que conforman la mayoría plurinacional, entre ellos Junts, se vinieron a validar esta reforma. Lo mismo ocurre, de hecho, en el caso de las competencias de inmigración: de momento Junts no ha conseguido el aval de Podemos y está por ver si tendrá la luz verde de la cámara española y se hará realidad.

Fuentes de Esquerra aseguran que ya han trasladado la propuesta al gobierno español, pero también apuntan que no es una cuestión que utilizarán para condicionar las negociaciones que tienen abiertas con el Estado para cumplir los acuerdos de investidura. La idea de los republicanos es explicar su propuesta primero a actores del tejido social y laboral como sindicatos para conseguir un consenso fuera de las instituciones. En este sentido, desde el partido recuerdan que un salario mínimo regionalizado, es decir, diferenciado por territorios dentro de un mismo país, ya existe en países como Japón o Brasil.