Investidura

Sánchez abre la puerta a la amnistía: "La crisis política nunca habría tenido que derivar en una acción judicial"

El presidente español evita decir que Carles Puigdemont debería presentarse a los tribunales si vuelve a España

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El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Madrid / BarcelonaPedro Sánchez había evitado hasta ahora posicionarse sobre la amnistía, y el relato del PSOE era que hasta que no pasara la investidura de Alberto Núñez Feijóo –con toda probabilidad fallida–, no empezaría a hablar de las negociaciones para una investidura del líder socialista. Queda menos de una semana para que el presidente del PP se someta a este debate y Sánchez ha empezado a allanar el terreno para dar un paso más hacia la desjudicialización del conflicto catalán. Desde Nueva York, donde ha participado en la Asamblea General de la ONU, y en respuesta a una pregunta directa sobre cuál es su posición respecto a una ley de amnistía, el presidente español en funciones ha contestado: "Seré coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Catalunya, y estoy diciendo mucho". Lo ha acabado de afinar cuando ha remarcado que el conflicto catalán es un conflicto político que no habría tenido que judicializarse: "Una crisis política nunca habría tenido que derivar en una acción judicial y de judicialización como el que vimos de toda esta crisis". Sánchez, de hecho, ha evitado decir lo que hasta ahora había repetido él y todos los miembros socialistas del gobierno: que si Carles Puigdemont volvía a España debía presentarse ante los tribunales.

Ya al inicio del curso político, el presidente español en funciones defendió que era el "momento de la política" y de seguir siendo "coherentes" con el camino que inició la pasada legislatura, cuando recordó que habían adoptado " medidas valientes, arriesgadas y a veces incomprendidas", en referencia a los indultos y también a la derogación del delito de sedición. El secretario general del PSOE ha insistido este miércoles cuando ha recordado que las "medidas arriesgadas" que tomó han servido para llevar a Catalunya a una "situación de estabilización". "El objetivo de mi gobierno para los próximos cuatro años es el progreso y la convivencia. El método será el diálogo con los agentes sociales y con los actores territoriales. Y el marco es la Constitución", añadió.

Una vez más, Sánchez ha comparado la situación política de Cataluña del año 2017 y la que existe actualmente, y ha acusado a la derecha de hacer un relato "apocalíptico" de las medidas de desjudicialización que ha tomado: "Hace cinco años que solo se lanzan profecías apocalípticas que no se cumplen, como que España se rompe. Nada de eso se cumple". De hecho, subrayó que la vía unilateral solo se está discutiendo en el seno del independentismo, pero remarcó que cada vez tiene menos apoyos en Catalunya. "Un 90% de la sociedad dice que quiere diálogo, reencuentro y concordia [...]. Si queremos apelar a la mayoría para pasar página, debemos mirar a ese 90%", ha defendido.

El giro con Puigdemont

Consciente de que Junts tiene la clave de la investidura, Sánchez también ha dado un giro en la posición que hasta ahora exteriorizaba sobre si Puigdemont debía comparecer ante la justicia si volvía a España. El presidente español había dicho sin tapujos que sí, que el expresidente de la Generalitat debía rendir cuentas ante los tribunales, y, de hecho, el gobierno español había desacreditado en varias ocasiones las palabras de Puigdemont sobre posibles intentos de diálogo de dirigentes socialistas con él. Este miércoles, cuando los periodistas le preguntaron al respecto, Sánchez evitó repetir la misma respuesta y se limitó a decir que "respetaba el trabajo de la justicia". Ahora bien, su discurso viró cuando lamentó que un conflicto "político" como el catalán hubiera terminado en los tribunales. "Lo que hemos hecho estos años ante la absoluta incomprensión de quienes habían gobernado es devolver a la política lo que nunca debería haber salido de la política", ha añadido. La semana pasada, la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, ya evitó decir que Puigdemont iba a ser juzgado.

Junqueras da por hecho el acuerdo

Las palabras de Sánchez han llegado justo unas horas después de que ERC diera por hecha la ley de amnistía por boca del líder de la formación, Oriol Junqueras. Lo ha hecho en una comparecencia (la segunda en dos días) justo cuando se cumplían seis años del 20-S del 2017, y ha aprovechado para marcar perfil en unas negociaciones en las que Junts está acaparando todo el protagonismo. El máximo dirigente de los republicanos ha defendido que el pacto con los socialistas en la mesa del Congreso incluye ya la amnistía cuando habla de acabar con la represión "por todas las vías legales necesarias". De hecho, Junqueras ha querido escenificar que ya hay entendimiento poniendo sobre la mesa otras condiciones como debatir la autodeterminación en la mesa de diálogo, el traspaso de Cercanías o acabar con el expolio fiscal. "Damos por supuesto el compromiso por la amnistía, y ahora podemos seguir trabajando por el derecho a decidir y votar libremente sobre el futuro de nuestro país", ha afirmado.

Aunque Sánchez ya empiece a hacer pedagogía por un posible pacto para elaborar una ley de amnistía, desde el gobierno español han desmentido a Junqueras a la hora de dar por cerrado el acuerdo. Fue el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que echó agua al vino y negó que PSOE y ERC pactaran la amnistía en la constitución de la mesa del Congreso. "El acuerdo dice lo que dice, y no dice lo que no dice", dijo, aunque admitió que se está hablando de "poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas". Desde Sumar, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, también negó que se haya alcanzado un acuerdo en respuesta a Junqueras.

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