Sánchez descarta una alternativa al estado de alarma porque cree que daría demasiado poder a las comunidades

El presidente español mantiene en el Congreso las promesas de vacunación a pesar de la parálisis de Janssen

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El presidente español, Pedro Sánchez, durante la comparecencia en el Congreso  para rendir cuentas por último golpe del estado de alarma de seis meses.

MadridNi un paso atrás, ni un abrir la puerta, ni ninguna voluntad de diálogo con socios y oposición. A pesar de la presión creciente tanto del PP como también de partidos como el PNV, Ciudadanos, el PDECat, Más País, Compromís y el BNG -y de gobiernos autonómicos como el vasco, el gallego, el andaluz y el murciano; y en parte el catalán, a pesar de que JxCat lo ha pedido y ERC estos días no tiene presencia en el Congreso porque tiene a todo el grupo en cuarentena por un contacto estrecho de coronavirus -, el presidente español, Pedro Sánchez, no ha presentado este miércoles en el Congreso ningún escenario diferente para salir del estado de alarma a partir del 9 de mayo. La Moncloa se reafirma en que no tiene intención de prorrogar esta medida excepcional y que con "la cogobernanza" y las herramientas actuales que tienen las comunidades autónomas basta para responder a la pandemia dentro de un mes.

Pero Sánchez sí ha dado un paso más allá y por primera vez ha explicado de viva voz el porqué de su no constante a buscar un plan B al estado de alarma a pesar de que hace un año la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que ya lo estaban estudiando. A su parecer, si se aprobara una legislación alternativa se estaría dando demasiado poder a las comunidades. "Este gobierno no puede poner en manos de las comunidades una serie de restricciones a las libertades y derechos fundamentales sin ningún tipo de control judicial; no podemos", ha dicho en respuesta al portavoz del PDECat, Ferran Bel, que le ha preguntado qué pasaría después del 9 de mayo.

El presidente español ha apuntado que la aprobación de la proposición de ley que propone el PP supondría un "retroceso en la calidad democrática". Sacando pecho de su gestión -cosa que ha hecho durante toda la comparecencia, sin una pizca de autocrítica-, ha señalado que, a diferencia del gobierno español, muchos ejecutivos autonómicos casi no han "rendido cuentas" por el estado de alarma y la gestión de la pandemia. "Si vieran lo que hacen sus comunidades... ¡qué comparación!", ha exclamado.

Fuentes del gobierno español sostienen que con la ley actual de medidas especiales en materia de salud pública del 1986 las comunidades ya tienen suficientes competencias para responder a la pandemia, y a esto hay que sumar la decisión del Tribunal Supremo de rechazar las medidas cautelares que pedía Vox en la Comunidad de Madrid para suspender el confinamiento perimetral por Semana Santa, lo que para el gobierno español supone una muestra de que las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud se tienen que acatar.

Sánchez se ha encontrado con la oposición férrea no solo del PP, con un Pablo Casado que se ha abonado a los gritos y al insulto para criticar la gestión del gobierno español pero que en cambio ha detallado de forma clara lo que sería "el plan B jurídico" al estado de alarma que han vuelto a presentar en el Congreso. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también ha considerado una "temeridad" retirar el estado de alarma sin alternativa, después de que el lehendakari Iñigo Urkullu pidiera el lunes una prórroga. Fuentes del PP creen que durante el debate de este miércoles en el hemiciclo, en el que Sánchez tenía que rendir cuentas por última vez del estado de alarma, se ha demostrado que había una mayoría para buscar un plan alternativo. Por eso insisten en que, si se aprobara su iniciativa de forma exprés, todavía sobrarían diez días hasta el 9 de mayo.

En concreto, la iniciativa del PP recoge las recomendaciones que hizo el Consejo de Estado al gobierno español de desarrollar la ley del 1986, que el verano pasado ya fue la que usaron las comunidades para aprobar confinamientos perimetrales que no fueran de todo su territorio. El problema de esta ley es que la responsabilidad descansa en los tribunales. Los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad son los que deciden sobre si se puede aplicar o no la restricción, lo que para Esteban genera un "agravio" entre comunidades y una fuerte "inseguridad jurídica".

Calvo, en este sentido, ha defendido que la mayor parte del peso recaiga sobre las comunidades después del fin del estado de alarma, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido la centralización por parte de la Moncloa para evitar que el futuro sea un guirigay.

Las vacunas de Janssen, paralizadas

Por otro lado, el presidente español sigue fiándolo todo a la campaña de vacunación. Ha sorprendido de buena mañana cuando ha prometido que España cumpliría el calendario con el que se comprometió la semana pasada a pesar de la parálisis de las vacunas de Janssen, que han llegado ya al Estado este miércoles pero que no se pueden empezar a usar hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se pronuncie después de la alerta en los Estados Unidos.

Fuentes del ejecutivo han detallado que el presidente español ya sabía con antelación, gracias a un mensaje que ha recibido de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Bruselas estaba a punto de cerrar el adelanto de 50 millones de dosis de Pfizer para suplir los problemas con AstraZeneca y Janssen. "El presidente se ha puesto muy contento", han señalado las mismas fuentes.

Sánchez, de hecho, ha detallado que el calendario de vacunación previsto es incluso "conservador" y ha mantenido que llegarán 38 millones de dosis este trimestre -5,7 millones tenían que ser de Janssen- y 47 millones el tercer trimestre con el compromiso de la llegada de la alemana Curevac.

El presidente español ha hecho un llamamiento a "no relajarse" ante la perspectiva de una posible cuarta oleada del coronavirus, pero ha puntualizado que ahora mismo "las circunstancias son diferentes" a hace seis meses, cuando se aprobó el último estado de alarma. "Es evidente que tenemos más instrumentos y que la aceleración de la vacunación permite más resistencia a la pandemia, pero no podemos bajar la guardia", ha señalado.

Críticas de la oposición

El jefe de la oposición, Pablo Casado, ha respondido con un alud de insultos. Ha tildado al presidente español de pecar de "arrogancia", "desvergüenza", de "mentir" y de "presumir" de medidas vacías. El líder del PP ha criticado que no haya un plan B al estado de alarma. "¿Dónde se cree que está?", se ha preguntado, y ha considerado un "insulto" la intervención de Sánchez en el Congreso. "Hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez", ha señalado indignado, y le ha preguntado si "no se le cae la cara de vergüenza por la arrogancia, el insulto a los muertos, a los españoles y a los parados". "Tenga respeto a esta cámara y no tanta desvergüenza", ha añadido, y finalmente ha lamentado que el PP ya lleva "doce comparecencias aguantando la chulería" del gobierno de coalición.

La situación del PP es bastante paradójica porque tanto ha criticado el estado de alarma como ahora parece que lo defienda, a pesar de que Casado no lo dice con claridad. De hecho, quien pide con más vehemencia el fin de esta medida constitucional es el líder de Vox, Santiago Abascal. Lo que seguro que sí se prorrogará serán las medidas vinculadas al alquiler y a parar los desahucios de las personas más vulnerables durante tres meses. Es el único anuncio que ha hecho Sánchez justo al inicio de su intervención, en la que ha vuelto a presentar el plan de recuperación, como ya hizo el martes en la Moncloa.

Durante el debate destaca la ausencia del grupo por completo de ERC por un contacto estrecho de coronavirus. Todos ellos, incluyendo su portavoz, Gabriel Rufián, están en cuarentena desde el viernes.

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