La Guardia Civil registra el despacho del fiscal general del Estado

MadridLa inédita imputación del fiscal general del Estado también provoca imágenes insólitas. En este caso, la de la Guardia Civil entrando en la sede de la Fiscalía para registrar el despacho de su máxima autoridad. Según ha avanzado El Mundo y confirmó Europa Press, el Tribunal Supremo ordenó el registro del puesto de trabajo de Álvaro García Ortiz y la intervención de sus dispositivos electrónicos y de documentación que tengan relación directa con los hechos que se investigan. La entrada en el despacho de García Ortiz ya se ha producido, según fuentes jurídicas citadas por la agencia de noticias. El Supremo le investiga por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el instructor de la causa, Ángel Luis Hurtado, ha acordado el secreto de las actuaciones durante un mes.

Ante el inicio de las actuaciones, el magistrado ha requerido a García Ortiz este miércoles para que designe "profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión". Fuentes de la Fiscalía citadas por Europa Press explican que será la Abogacía del Estado quien se haga cargo. La otra investigada en la causa, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ya había comunicado al Supremo que son los servicios jurídicos del Estado quienes la representan.

Pese a la investigación en marcha contra García Ortiz, el fiscal general del Estado mantiene su actividad al frente del ministerio público. Pese a la presión de la derecha y de sectores conservadores de la judicatura, García Ortiz optó por no dimitir una vez imputado. El gobierno español le dio "apoyo total" y una mayoría de miembros de la cúpula fiscal también avaló que continuara. Sin embargo, García Ortiz admitió "la afectación" que tendría mantenerse en el cargo con una investigación en marcha y justificaba que sería aún mayor si permitía que se escapara la institución por una acusación que él niega.

¿Qué busca la Guardia Civil?

La investigación del Supremo quiere determinar si hubo una filtración en los medios de comunicación, previa a la publicación de una nota de prensa por parte de la Fiscalía, de los correos electrónicos entre la pareja de Ayuso y el ministerio público. Determinados medios como la SER, elDiario.es y El País publicaron que la defensa del empresario Alberto González Amador había propuesto un pacto de conformidad con la Fiscalía para intentar reducir una eventual condena por fraude fiscal y falsedad documental. De esta forma se desmentía la bola que el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid había difundido antes en medios afines: que era la Fiscalía y no González Amador quien la había propuesto.

El hecho de que el Supremo considere presuntamente delictiva la filtración previa a los medios, pero no el comunicado de la Fiscalía con la misma información porque ya era pública, complica el recorrido de la causa porque los periodistas podrán escudarse en el derecho de no revelar sus fuentes y, por tanto, que el Supremo lo tendrá más difícil para acreditar la autoría de la filtración de los correos. García Ortiz negó haber filtrado nada a los medios y sólo había asumido la responsabilidad de difundir la nota de prensa que confirmaba la información que habían revelado previamente dichos medios de comunicación.