El Supremo suspende las citas en Puigdemont y Wagensberg en el caso Tsunami

MadridEl Tribunal Supremo suspende las citas a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg tras la entrada en vigor de la ley de amnistía. La magistrada que instruye la causa de Tsunami Democrático en el alto tribunal, Susana Polo, ha frenado las declaraciones voluntarias que había convocado entre el 17 y el 21 de junio. La decisión llega mientras Polo espera que las partes personadas en el caso por el que están investigados se pronuncien sobre el efecto que debe tener el olvido judicial del Proceso. Este martes acordó darles 10 días antes de tomar una decisión definitiva sobre la investigación por terrorismo.

Polo detiene de momento la orden de investigación europea (OEI) y la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza, donde reside Wagensberg, que había emitido para hacerles llegar la citación a ambos. La suspensión de la petición de ayuda a las autoridades helvéticas para localizar al diputado de ERC, que es temporal hasta que Polo decida si aplica la amnistía y archiva la causa o si sigue investigando, se ha conocido el mismo día que El País revela un nuevo revés de Suiza al juez Manuel García-Castellón que hace presagiar una respuesta similar a la solicitud de la magistrada del Supremo, ahora suspendida.

Las autoridades helvéticas han rechazado por tercera vez prestar auxilio judicial al instructor de Tsunami en la Audiencia Nacional, que investiga a toda la parte que no tiene relación con el expresidente de la Generalitat y Wagensberg. En un escrito del 22 de mayo al que ha tenido acceso El País, Suiza responde a una nueva petición para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmando que Tsunami Democrático no es terrorismo. "La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal , luchan por el poder político del país", concluyen las autoridades suizas, según publica El País. Es la conclusión a la que llegaron "juristas especializados en tratados internacionales y derecho penal internacional" que analizaron la petición de la justicia española.

Hace meses, cuando la causa todavía no se había dividido entre el Supremo y la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón recibió otro revés de ese país. Fue a finales del 2023. El instructor pidió a Suiza que localizara a Rovira, investigada también por terrorismo, y también a Wagensberg, pero Suiza no atendió la solicitud porque sospechaba que la causa por la que se persigue a los imputados independentistas tiene un carácter político. En declaraciones a TV3, Wagensberg ha celebrado la nueva respuesta de Suiza, que cree que puede ayudar a sus defensas. "Es una respuesta lógica y que no debería sorprendernos si no fuera porque estamos acostumbrados a tanta irracionalidad de una parte de la judicatura española", apuntó. La defensa del diputado de ERC ya había solicitado formalmente el archivo del caso.

También ha reaccionado Rovira, quien manifestó a principios de esta semana que no volvería del exilio en Suiza hasta que se cerrara la causa que instruye García-Castellón. "Ahora más que nunca toca defender los básicos de la democracia y los derechos humanos: protestar y manifestarse pacíficamente es un derecho, ¡no un delito!", ha afirmado a X. Habrá que ver en los próximos días qué decide García-Castellón , que también ha dado 10 días a las partes, y que hace meses que opone resistencia contra la amnistía, incluso antes de que se publicara en el BOE. Wagensberg vaticinó que, en cualquier caso, no se atreverá a pedir ayuda de nuevo a Suiza.

La causa primigenia del juzgado 13

Meses antes del referéndum, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona empezó a investigarse el Proceso, aprovechando las conferencias públicas del exjuez –entonces senador de ERC– Santi Vidal y también de quien era secretario de Hacienda del Govern, Luis Salvadó. Con el tiempo, las investigaciones del 13 sirvieron para ir nutriendo otras causas, como la del Supremo contra los presos políticos. Ahora, la juez de instrucción Alejandra Gil envía el caso a la Audiencia de Barcelona para que determine si debe aplicarse la amnistía a la treintena de personas que aún están siendo investigadas en la causa. "La competencia para decretar el sobreseimiento libre, previa audiencia de las partes, correspondería, porque es un procedimiento ordinario sumario, en la Audiencia Provincial y no en la juez instructora", destaca en un breve auto que se ha hecho público este viernes .