Toque de atención del Consejo de Garantías en el Gobierno por el aumento de la tasa turística

BarcelonaEl Govern se saltó el Estatut con el decreto ley para duplicar la tasa turística pactado con Esquerra i Comuns. Es la conclusión a la que ha llegado el Consejo de Garantías Estatutarias, que ha analizado la normativa que doblaba este impuesto y habilitaba a los municipios a establecer un recargo de cuatro euros para destinar más recursos a políticas de vivienda. El dictamen, que no es vinculante, es fruto de una queja presentada por Junts, que acusó al Govern de querer gobernar "a golpe de decreto", al margen del procedimiento legislativo ordinario, y pretender aprobar unos presupuestos "por la puerta trasera". El grupo de Carles Puigdemont también impugnó una serie de modificaciones fiscales sobre las que el órgano de garantías llama también la atención al ejecutivo catalán: entre otros, la bajada del IRPF en las rentas inferiores a 33.000 euros, que no cumple el requisito "de extraordinaria y urgente necesidad" que justifica que el Gobierno legisle vía decreto ley, en lugar de presentar un proyecto en el Parlament.

En el caso de la tasa turística y el recargo, el Consejo de Garantías va más allá y resalta que el ejecutivo se ha inmiscito en lo que corresponde decidir en la cámara catalana. "La duplicación de la tarifa —que, como ya se ha dicho, se califica por la propia ley 5/2017 como un elemento esencial del impuesto— va más allá de lo que podría ser una mera actualización o incluso un cambio de poco relieve en relación con el mismo tributo, y debe considerarse, por el contrario, como una modificación sustantiva, que queda cubierta por la reserva3). resalta al dictamen, adoptado por mayoría muy justa en este punto: 5 votos a favor y 4 en contra. Este decreto enfureció al sector hotelero y supuso el primer choque del Gobierno de Isla con la patronal.

Juntos reclama que se retiren

Ante esta decisión, Junts ya reclama al Govern que rectifique y retire los dos decretos con estas medidas, pendientes de ser sometidas al pleno, tras las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué hará el ejecutivo? Fuentes de la Conselleria de Economia manifiestan su respeto por las decisiones, si bien subrayan que "no son vinculantes". Sin embargo, se llevan a estudiarlas "con detenimiento y profundidad". El Gobierno había justificado muchos de los ajustes fiscales en estos decretos para hacer frente a la falta de presupuestos, después del no de ERC a sentarse a negociarlos y emplazar al ejecutivo a hablar ya, si acaso, de los del 2026. Habitualmente, todas estas modificaciones suelen hacerse en la ley de acompañamiento de las cuentas. Otras medidas de ambos decretos impugnados, como el incremento de los sueldos a los funcionarios o del impuesto de transmisión patrimonial a los grandes tenedores, reciben el aval del Consejo de Garantías.

La última vez que el Consell de Garanties picó el corteza al Gobierno por un decreto ley que no era urgente, el ejecutivo lo recondujo aceptando que se tramitara como proyecto de ley en la cámara catalana (de hecho, también es lo que recomienda el órgano si Economía prefiere tirar por el derecho). En aquella ocasión, fue con el decreto sobre medidas urgentes en materia de vivienda que, en la negociación parlamentaria con ERC y Comuns, se acabó concretando en el pacto para regular el alquiler de temporada y preservar pisos de protección oficial que estaban a punto de pasar al mercado libre.