El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y Mas por el gasto del Gobierno durante el Procés

MadridPunto y final. El Tribunal de Cuentas ha aplicado finalmente la amnistía a todos los líderes del Procés, entre los cuales el expresidente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Así lo ha dictado este miércoles en una sentencia, a la que ha tenido acceso el ARA, y en la que absuelve de responsabilidades contables a todos los exconsejeros y miembros del subgobierno por el referéndum del 1 de Octubre. Lo hace a raíz de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró que no hubo afectación de los intereses financieros del club comunitario en la votación de 2017 y en aplicación del artículo 1.1 de la ley de amnistía, que dejaba sin efectos la responsabilidad penal, administrativa y contable por las consultas y todos los actos relacionados con el 9-N y el 1-O desde noviembre de 2011 a noviembre de 2023.

Entre los encausados y ahora amnistiados, no solo estaban Puigdemont, Junqueras y los exconsejeros presos, sino también el expresidente Artur Mas, que impulsó la consulta del 9-N, y parte de los dos subgobiernos, ya que bajo la lupa estaba también todo el gasto de la acción exterior de la Generalitat de 2011 a 2017.

La lista de nombres es larga, ya que son un total de 35 personas: además de Puigdemont, Junqueras y Mas, también quedan absueltos los exconsejeros Jordi Turull, Dolors Bassa, Toni Comín, Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Raül Romeva; así como todos los exdelegados de la Generalitat en el exterior durante el Procés como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Martí Anglada Birulés o Luca Bellizzi; y buena parte de los cargos del subgobierno que por las competencias que tenían el Tribunal de Cuentas los puso en el ojo del huracán: Antoni Molons, Alberto Royo —que desarrolló la diplomacia pública desde el Diplocat—, Josep Ginesta, Joaquim Nin o Aleix Villatoro, entre otros.

Para todos ellos también se dejan sin efectos todas las medidas cautelares, que habían obligado a los encausados a aportar avales millonarios en concepto de fianza por todos los gastos que el Tribunal de Cuentas consideraba susceptibles a la independencia, como por ejemplo la acción exterior de la Generalitat. Para tener claro las cifras de las cuales estábamos hablando, Sociedad Civil Catalana pedía para los encausados un total de 4,9 millones de euros —2,8 millones por los gastos del 1-O y 2,4 millones de euros por la acción exterior—; mientras que el ministerio Fiscal reclamaba un total de 3 millones de euros, 1,2 por el 1-O y 2,2 por la actividad de la Generalitat en el extranjero. A raíz de esto, el Tribunal de Cuentas había pedido a los encausados que depositasen fianzas equiparables a estas cantidades.