Un tribunal inglés pregunta si Juan Carlos I es miembro de la casa real española
El juez se tiene que pronunciar sobre la posible inviolabilidad en territorio británico del rey emérito a raíz de la demanda civil de su examante
Londres¿Forma parte Juan Carlos I de la casa real española? Es la pregunta que, de forma indirecta y a través de los servicios diplomáticos del Foreign Office, tiene que formular al ministerio de Exteriores español el juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, antes de decidir el futuro de la demanda civil que presentó en diciembre de 2020 la examante del monarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Corinna alegaba unos presuntos delitos de acoso, espionaje y amenazas, en los que se utilizaron incluso los servicios de espionaje españoles, el CNI, que habrían tenido lugar desde 2012, después de que ella pusiera fin a la relación, una vez salió a la luz pública, a raíz del accidente de caza del todavía monarca en Botsuana, el abril de aquel mismo año. En función de la respuesta que dé el gobierno español, y si admite o no la inviolabilidad del emérito en territorio británico, el juez Nicklin dará luz verde a la continuidad del proceso o la vetará definitivamente.
En este sentido, el equipo legal que defiende los intereses de Juan Carlos I, encabezado por Daniel Bethlehem, antiguo asesor legal de los gobiernos del Reino Unido y de Israel, ha invocado, entre otros argumentos, el Tratado de Utrecht, de 1713, para justificar que su cliente tendría que recibir inmunidad total, según las leyes españolas, británicas e internacionales. En el Tratado de Paz y Amistad de Utrecht, firmado para poner fin a la Guerra de Sucesión, se insta a los monarcas de España y Gran Bretaña a “no esforzarse por intentar nada para destruir o perjudicar el otro”, ni ayudar a nadie más que pueda "intentar lo mismo".
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 56 años, afirma que Juan Carlos había utilizado por primera vez agentes de los servicios secretos españoles para intimidarla ya en 2012. Y que cuando posteriormente se negó a retomar la relación con el monarca, y a devolverle los 65 millones de euros que le entregó como "regalo irrevocable" para ella y los hijos, el acoso se intensificó.
Por su parte, los abogados de Juan Carlos I han argumentado ante el tribunal que el rey disfrutaba de inmunidad para cualquier actuación antes de su abdicación, que tuvo lugar en 2014, como jefe del Estado, y que está cubierto por su condición de rey emérito y miembro de la casa del actual monarca español, Felipe VI. Y a pesar de que Juan Carlos niega haber cometido los actos que denuncia la examante, este podría haberlos hecho libremente sin temor a ser procesado, como jefe de Estado . "Esta presunta conducta, aunque fuera abusiva o lesiva, habría estado en calidad oficial de Su Majestad", dice el argumentario del investigado.
Los abogados de Corinna zun Sayn-Wittgenstein han asegurado que un jefe de estado no puede infringir la ley por motivos personales y que no está cubierto por la inmunidad del soberano después de abdicar. También señalan que Juan Carlos no es miembro de la casa real española, puesto que tiene su propia residencia, sus finanzas y, desde 2020, vive exiliado en Abu Dhabi.
Esta pertenencia o no a la casa real española es el punto clave sobre el cual, a través de los canales diplomáticos, se tendría que pronunciar el gobierno español. Y, al hacerlo, como emérito, el cortafuegos puesto por la Zarzuela y Moncloa para proteger a Felipe VI de los escándalos de su padre podría quedar en nada.
