El TSJC acepta que un padre se persone en la ejecución del 25%

BarcelonaHa pasado lo que dos de los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) advirtieron que pasaría. Un padre de dos alumnos ha pedido personarse como parte afectada en la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a la Generalitat a garantizar un mínimo del 25% de clases en castellano y este martes el tribunal se lo ha concedido. "No hay duda de que la ejecución de la sentencia tendrá repercusiones prácticas en los centros individualmente considerados, centros en los que reciben diariamente las clases los alumnos, por lo que tanto sus padres como ellos resultan afectados en el transcurso normal de la vida escolar como usuarios singulares del servicio público de enseñanza", explica el auto que ha vuelto a tener a tres magistrados a favor (Javier Aguayo, Francisco Sospedra y Manuel Santos) y dos en contra (Maria Fernanda Navarro de Zuloaga y Eduardo Paricio). Este padre, pues, se suma a la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe como impulsores de la ejecución forzosa de la sentencia, que tiene como fecha tope el 31 de mayo. De hecho, la propia Asamblea ha reconocido haber asesorado a este padre para que se incorporara a la causa.

"No se trata, como en recursos precedentes, de la situación particular de un centro escolar, sino del sistema educativo en su conjunto", recuerdan los votos particulares contra el auto. Navarro de Zuloaga y Paricio recuerdan que, hasta ahora, el TSJC se ha negado "reiteradamente" a legitimar las pretensiones de los alumnos o de los padres referidas al sistema educativo en su conjunto. Hasta ahora, solo se les autorizaba a ser parte afectada en el caso concreto de sus centros, lo que ahora cambia con la decisión que ha tomado este martes el TSJC y que abre la puerta al hecho de que todos los padres que lo quieran puedan personarse en la ejecución forzosa de la sentencia.

En cambio, no ha habido discrepancias entre los magistrados a la hora de rechazar la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), que también quería ser considerada parte afectada para poder personarse en la causa. "El interés se tiene que manifestar con cierto grado de precisión en el objeto o la finalidad de la entidad. En este aspecto, la jurisprudencia ha rechazado la legitimación vinculada a finalidades sociales formuladas de forma genérica e imprecisa, puesto que, por esta vía, se llegaría a una legitimación tendencialmente universal equivalente al simple interés en defensa de la legalidad", concluye el tribunal.

Una asociación de guardias civiles reclama al TSJC la ejecución de la sentencia del 25% en castellano