Barcelona / BruselasHace días que el gobierno de ERC sugiere que, si el poder judicial torpedea la amnistía en el Proceso, siempre quedará como última opción la vía del indulto. Lo planteó el viceconsejero Sergi Sabrià y hoy ha sido el conseller Carles Campuzano quien ha dado por hecho que éste será el salvavidas si el olvido judicial no llega a todo el mundo por sólida que sea la ley que apruebe el Congreso. "Sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de los indultos existen. El gobierno español está lógicamente abierto a resolver por la vía de los indultos, si procede, esta situación", ha dicho este jueves en una entrevista en Ràdio 4 y La 2.
Cuando le han preguntado por este hecho en la entrevista, Campuzano ha asegurado: "Lo sabe todo el mundo. El gobierno del PSOE, por convicción o necesidad, ha decidido cerrar la carpeta de la represión de manera definitiva". Es una posibilidad que también habían puesto sobre la mesa a miembros de Sumar, empezando por su negociador, Jaume Asens. Pero lo cierto es que el ejecutivo español no ha admitido abiertamente esta posibilidad y Junts no lo ve como una opción: "Nosotros buscamos una solución política", aseguran fuentes del partido, aparte de recordar que para ser indultados antes deben ser juzgados .
En este sentido, las conversaciones entre PSOE y Junts para desatascar la amnistía continúan. El eurodiputado Toni Comín ha dicho este jueves que ve "posible" encontrar una fórmula que haga compatibles las exigencias de ambos partidos, aunque ha insistido en que es necesario modificar el texto legal para que no quede "nadie fuera". "El PSOE entiende esta exigencia de Junts", ha dicho en una entrevista en TV3, donde se ha emplazado a "seguir trabajando". Ayer el ministro Félix Bolaños defendió que la ley cubría ya todos los casos tal y como está. Durante la negociación, los socialistas han insistido en la necesidad de asegurar que el redactado pase el filtro del Tribunal Constitucional y de la justicia europea, lo que creen que no ocurrirá si no se excluyen explícitamente de la amnistía los delitos más graves del Código Penal como el terrorismo o la alta traición.
Díaz mantiene contacto con Puigdemont
El diálogo no está sólo a dos bandas. Sumar y Junts también mantienen los contactos y, de hecho, la vicepresidenta del gobierno y líder del partido, Yolanda Díaz, ha reconocido en una entrevista a la agencia Efe que mantiene un contacto periódico con Carles Puigdemont y que incluso ha hablado con él esta última semana. "Hablo prácticamente con todas las formaciones políticas cada semana, ya la pregunta [de si ha hablado con él]: sí, esta misma semana, sí", ha dicho. La también ministra de Trabajo ha concluido que "cuanto más conflicto, más diálogo". Díaz fue la primera miembro del ejecutivo español en romper el tabú, viajar a Bruselas y sentarse con el expresidente catalán.
Díaz, en este sentido, ha querido marcar la diferencia con los contactos que han vuelto al agenda esta semana entre el PP y Junts. "La diferencia entre el PP y lo que he hecho yo es que comparecí ante los españoles diciendo: "Sí, me he reunido con Puigdemont"", ha asegurado. Sin embargo, a pocos días de que acabe el plazo para aprobar la ley de amnistía que desde Junts tumbaron, Díaz no ha revelado el contenido de esta última conversación con el expresidente de la Generalitat. Tampoco ha explicado cómo avanzan las negociaciones, ya que por ahora tanto el gobierno español como los junteros se mantienen en sus posiciones: el PSOE asegura que tal y como está la proposición de ley de amnistía ya ampara a todos los independentistas encausados por el Proceso, mientras que Junts interpreta que los investigados por terrorismo por el Tsunami Democrático y los CDR o el caso Volhov, donde planea la alta traición, quedarían fuera del olvido judicial.
La primera vez que Díaz y Puigdemont escenificaron el diálogo fue el 4 de septiembre en plenas negociaciones para la investidura. El encuentro se prolongó casi tres horas y reunió a los dos líderes junto a Jaume Asens y Toni Comín. En ese momento, desde la Moncloa se apresuraron a distanciarse del encuentro y quisieron dejar claro que no se hacía en nombre del gobierno. Por otra parte, las derechas cargaron fuertemente contra el ejecutivo que en ese momento estaba en funciones.
El PSOE lleva el cambio de posicionamiento de Feijóo en Bruselas
El PP desde el principio ha llevado su batalla contra la amnistía en las instituciones europeas y ahora, tras la oferta de Feijóo de indultar a Puigdemont si comparecía ante los tribunales españoles, ha sido el PSOE quien ha aprovechado por salir al ataque también en Bruselas. Este jueves los socialistas enviaron una carta a la Comisión Europea en la que le informan del cambio de posicionamiento del líder popular respecto al conflicto con Catalunya.
En este sentido, la misiva destaca que Feijóo está abierto ahora a "considerar un indulto condicional "al expresidente de la Generalitat, si bien "en distintas ocasiones" ha dicho que la amnistía impulsada por el gobierno español era "inaceptable", tanto por "motivos políticos como constitucionales". Incluso, continúa el escrito, el dirigente gallego ha "admitido" que ha "estado al menos 24 horas" evaluando la "viabilidad" de la ley de amnistía, como "parte de las negociaciones con Junts per Catalunya" el agosto pasado por la mesa del Congreso y la investidura de Feijóo. Unas negociaciones que no fructificaron.
Aval en las concentraciones de los jueces
La Comisión de Ética Judicial, un órgano consultivo independiente del CGPJ, ha emitido un dictamen en el que avala las concentraciones de jueces contra la amnistía pero sólo si es porque consideran que el estado de derecho está en peligro y no por tener "sintonía" con una ideología política concreta.
El organismo, compuesto por seis jueces y un experto, reconoce que los miembros de la carrera judicial se enfrentan en estos casos a un "dilema ético de alta densidad" que deben resolver individualmente y tras realizar una "reflexión profunda alejada" de sesgos políticos" sobre las consecuencias que puede tener su participación en actos que pueden poner en peligro "la confianza pública en la independencia e imparcialidad del poder judicial".
