Nueve años después de testificar por el caso Gürtel, Mariano Rajoy ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Kitchen. Ha llegado a San Fernando de Henares a las 9:40 horas en coche y ha accedido a las dependencias judiciales por el aparcamiento. Ha estado respondiendo durante treinta minutos, en una declaración que ha comenzado protagonizada por monosílabos y evasivas y que ha acabado con tres alegatos en los que se ha desmarcado de los hechos y ha echado una mano a las defensas de los acusados. La frase estrella ha llegado nada más arrancar, durante el interrogatorio de la abogada del PSOE, que le ha preguntado si él era M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas: "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y después cada cual me llama como quiere; pregúntaselo a ellos". Después de este primer lucimiento, se ha dedicado a negarlo todo categóricamente. "¿Le entregó a Bárcenas un sobre con el remanente de la caja B? ¿Introdujo en la trituradora la última página de los papeles de Bárcenas? ¿Tiene conocimiento de que Bárcenas fuera presionado o intimidado por orden de responsables del partido?", ha preguntado la abogada del PSOE. Son tres cuestiones que el extesorero del PP aseguró el lunes cuando declaró como testigo. "Absolutamente falso", se ha limitado a contestar Rajoy en las tres ocasiones.

Hay un nombre relacionado con el PSOE que ha aparecido en las dos primeras sesiones del juicio del caso Kitchen, que salpica la cúpula del ministerio del Interior del PP: Javier Pérez Dolset. Es empresario y colaborador de Leire Díez, la exmilitante socialista bautizada como fontanera del PSOE, y se considera una víctima de las cloacas del Estado. Hace meses reconoció que se reunió con Santos Cerdán en Ferraz para entregarle documentos sobre prácticas irregulares del gobierno de Mariano Rajoy y desde el pasado octubre está investigado por haber intentado sobornar a dos fiscales. ¿Qué relación tiene con la Kitchen? Hace cuatro años, aportó a la Unidad de Asuntos Internos de la policía española una batería de grabaciones de José Manuel Villarejo. Y ahora, a petición del comisario jubilado, tendrá que declarar como testigo en el juicio.

Año 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Esta semana comienzan en Madrid dos juicios que con toda seguridad tendrán un fuerte impacto en la política española. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, y el martes en el Tribunal Supremo se juzgará al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos por el primer caso que le afecta, el de una supuesta trama para cobrar comisiones por vender mascarillas a diferentes instituciones del Estado.

La operación Catalunya es el origen "ilícito" de la causa contra los Pujol. Esa es la tesis de que las defensas de la familia del expresidente brindan estos días en el juicio en la Audiencia Nacional. El tribunal, de hecho, ha aceptado que la cúpula de la policía patriótica deba declarar como testigo en el proceso. Y este jueves se ha publicado una nueva evidencia de su papel en la causa contra los Pujol. Se trata de un audio de 2017, difundido por Eldiario.es, en el que el excomisario José Manuel Villarejo certifica que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola y persona clave en el origen de la causa contra la familia, cobraba de la Policía Nacional. Lo dice, además, en una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Primeros movimientos judiciales a raíz de las nuevas revelaciones sobre la operación Catalunya. El PSOE, que ejerce la acusación popular en la macrocausa Tándem sobre todo lo que rodea a las prácticas ilegales del excomisario José Manuel Villarejo, presentó el 11 de abril un escrito en la Audiencia Nacional –avanzado por El País y al que ha tenido acceso el ARA– en el que reclama imputar al exnúmero 2 del PP María Dolores de Cospedal. audios publicados en RAC1 en la que el policía jubilado y la exministra de Defensa conversan el 15 de septiembre del 2014 sobre cómo "cambiaron la historia" con sus maniobras. "De 62 a 50. Yo creo que fue positivo", decía Villarejo en referencia a los diputados que obtuvo Convergència i Unió en las elecciones del 2012.

Pese a los esfuerzos del PP por negar su existencia, las maniobras de las cloacas del Estado durante los gobiernos de Mariano Rajoy acumulan cada vez más evidencias. Uno nuevo audio publicado este miércoles por RAC1, de hecho, implica directamente al expresidente español en la Kitchen, la operación pagada con fondos reservados para robar al extesorero popular Luis Bárcenas información sobre las corruptelas del partido. Se trata de una conversación de septiembre de 2014 entre María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo. "Yo sé que antes le habían encontrado, y más o menos le habían limpiado, a ese todo lo que tenía", dice en un momento la ex secretaria general del PP, supuestamente sobre Bárcenas. Y añade: "A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

No reconocer la veracidad de los audios y afirmar que están manipulados y editados. Ésta ha sido la estrategia conjunta del ex número 2 del PP María Dolores de Cospedal y del exlíder del PP en Catalunya Alícia Sánchez-Camacho para escabullirse de las nuevas evidencias que las vinculan a la operación Catalunya. Precisamente este lunes El mundo en RAC1 ha publicado una conversación que la también exministra de Defensa mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo en septiembre de 2014 en la que hablan abiertamente de la guerra sucia contra el independentismo. "No recuerdo hablar de Catalunya con Villarejo", aseguró Cospedal durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. Lejos de esclarecer las maniobras contra dirigentes del Proceso, Sánchez-Camacho ha intentado girar el relato: se ha presentado como una "ciudadana de segunda" y víctima de una "persecución" que le "obligó a marcharse del territorio que amaba". "Esta es la verdadera operación Catalunya", criticó.

El Estado trató de asustar a Catalunya con los atentados del 17 de agosto del 2017? ¿Hubo mala fe en la actuación del CNI? Es lo que insinuó el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo hace casi tres años, dando alas así a teorías conspirativas que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 17-A no desvaneció. En una comparecencia este miércoles en la comisión de investigación en el Congreso, Villarejo ha ratificado todo lo que dijo, pero ha añadido matices contradictorios. Por un lado, el policía retirado volvió a acusar al ex director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, de haber auspiciado un "comando virtual" con el objetivo de desarticularlo "cuando estaba a punto actuar". De esta forma, el Estado "hubiera quedado muy bien y los sueños del independentismo se habrían desmontado un poco viendo que lo necesitan".

La Audiencia Nacional anula la primera condena a José Manuel Villarejo por el caso Tándem, en la que el excomisario Policía Nacional fue castigado a 19 años de cárcel por los delitos de revelación de secretos entre empresas y entre particulares, y también por falsedad documental. La sala de apelaciones ha estimado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de algunas partes acusadas y ordena dictar una nueva sentencia en la que se valoren todas las pruebas practicadas en el juicio y se motiven todas las consideraciones que en la sentencia de julio de el pasado año el tribunal descartó.

José Manuel Villarejo señaló dos presuntas fuentes del CNI en una conversación que mantuvo con el expresidente Artur Mas en RAC1: el presidente azulgrana Joan Laporta –que según el excomisario dio datos sobre Sandro Rosell– y el exconseller Felip Puig – que según el policía habría pasado información sobre líderes independentistas–. Ambos lo han negado de forma tajante –Puig afirma que nunca se ha reunido con él– y este lunes la familia Pujol ha cerrado filas con el exdirigente de Convergència.

El excomisario corrupto José Manuel Villarejo ha continuado disparando esta semana acusaciones sobre la Operación Catalunya. Así, ha señalado en una entrevista en RAC1 varios supuestos confidentes del CNI, y uno que ha salido salpicado es el exconseller del Govern Felip Puig, político convergente que estuvo en la primera línea política dos décadas, encadenando la última etapa de Jordi Pujol con la de Artur Mas, para acabar dejando la política en 2016. Villarejo le acusa directamente de haber pasado información confidencial al CNI de su archienemigo del partido Xavier Martorell, excargo de la Generalitat. Puig lo ha desmentido "rotundamente" y ha negado haberse reunido nunca con Villarejo.

Hay un tema de Sabina que romantiza a tipos como Villarejo. Seguramente ustedes lo conocen; se llama El caso de la rubia platino. La canción tiene estrofas memorables: Yo era un huelebraguetas sin licencia / Quemado en la secreta por tenencia / Extorsión y líos de faldas / Estaba, como buen ex-policía / A sueldo de un pez gordo, que sabía / Cubrirse las espaldas.

No todas las víctimas de la operación Catalunya eran dirigentes de partidos independentistas, sino que las pruebas falsas o los trapos sucios también se buscaban entre personas en torno al movimiento. Una de ellas sería el expresidente del Barça Sandro Rosell: "Aunque él no es político, hay tres clases de enemigo en la política: el furibundo, el sanguinario y el compañero de partido", ha señalado en una entrevista en Rac 1 José Manuel Villarejo, donde ha hecho una afirmación que traerá cola: "En el caso del señor Rosell, fue Laporta quien nos dio esa información".

El juzgado número 13 de Madrid ha admitido la querella presentada por el expresidente del Barça Sandro Rosell y ha ordenado investigar al excomisario José Manuel Villarejo y otros mandos policiales por la llamada operación Catalunya, un entramado político, policial, judicial y mediático que se habría dedicado a fabricar pruebas contra personas vinculadas al proceso independentista. La Audiencia Nacional había rechazado investigarlo, pero según han avanzado La Vanguardia y Crónica Libre la Fiscalía avala la competencia del juzgado, y el magistrado –que además de a Villarejo ha imputado al inspector Alberto Estévez, al exinspector Antonio Giménez y el exagregado del FBI en la embajada de los Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri– sostiene que los hechos denunciados "hacen presumir de la posible existencia de delitos de organizaciones criminales".

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una nueva investigación sobre la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la operación Catalunya. El ministerio público ha decidido iniciar diligencias a raíz de la denuncia presentada la semana pasada por el ex jefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega, que también apuntaba contra el excomisario José Manuel Villarejo y el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez como responsables de la trama para "obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, extorsionar y/o desprestigiar personas que eran cercanas al movimiento independentista catalán o estaban vinculadas a él".

Hoy es 18 de julio, aniversario del golpe de Estado que inició una guerra. Una guerra entre hermanos resultado de la sangre caliente de los españoles; un enfrentamiento fratricida resultado de una personalidad nacional encendida; el duelo a garrotazos de Goya como metáfora visual del carácter español; una sociedad polarizada y crispada que caminaba hacia el desastre; La vaquilla muerta de Berlanga; el pasodoble de los Soldados de Salamina de Javier Cercas; libertad, libertad, sin ira libertad; la transición que cerró las heridas del pasado; millones de españoles corriendo delante de los grises; Almodóvar bailando Gran Ganga con McNamara; papá y mamá leyendo El País y tú leyendo El Pequeño País mientras esperabas los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla… Perdonen la sorna, pero esta sucesión de imágenes que les propongo son retales del relato memorialístico sobre la historia reciente de España. Y no es un relato cualquiera. Podríamos decir que es el relato hegemónico.

Explicaba el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Alberto Saiz en una entrevista el noviembre pasado en el programa Salvados que el rey es la persona más protegida por los servicios secretos españoles. Él mismo se permitió aconsejarle que se alejara de Corinna Larsen y su sucesor, Félix Sanz Roldán, llegó a encubrir la fortuna que Juan Carlos I tenía en el extranjero. Según el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, el emérito y Sanz Roldán incluso compartían cuentas en Suiza, tal como revelan los últimos audios publicados este miércoles en El País.

El caso Macedonia, la trama de corrupción policial que llegó a apuntar al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su relación con un confidente y líder de una banda de narcotraficantes, ha llegado a juicio descafeinado después de más de doce años de investigación. Durante la última década la causa ha dado varios giros de guion. El último lo ha protagonizado la defensa de este confidente, sobre quien gira toda la trama, que apuntó al excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, como el artífice del caso, para desprestigiar a Trapero y el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. El abogado del acusado pidió que la Audiencia de Barcelona que juzga el caso citara Villarejo a declarar como testigo, pero el tribunal lo ha rechazado. Las magistradas del caso desvinculan el excomisario de la trama. Argumentan que las "coincidencias" entre el caso Villarejo y el caso Macedonia son únicamente eso, casualidades, y que los dos casos son "diferentes".

Parecía que la investigación del caso Macedonia tenía que convertirse en una macrocausa capaz de depurar la corrupción vinculada al tráfico de drogas en todos los cuerpos policiales. La causa nació en 2009 y en su epicentro tiene a Manuel G.C., un confidente policial que ayudó a desmantelar la red alrededor delos prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels y al que ahora la Fiscalía sitúa "en la cumbre" de un entramado criminal para dominar el mercado negro de la droga en el sur del área metropolitana. El juez llegó a investigar a un subinspector de los Mossos ahora al frente del área central de crimen organizado, pero tuvo que archivar la causa después de que la Fiscalía retirara la acusación y el sindicato ultra Manos Limpias –que también formaba parte del caso– quebrara. En el punto de mira también estaba el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su relación con el confidente cuando era jefe de la división de investigación criminal.