La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

Han pasado 776 días desde que la ley de amnistía entró en vigor. Desde entonces, su aplicación –con cuentagotas– ha tenido que ir superando múltiples adversidades de diversos tribunales a lo largo de un tortuoso camino. Sin ir más lejos, el viernes el Supremo puso fin a cuatro causas que estaban congeladas desde hacía meses. Y quien ahora intenta hacerse el sueco es el Tribunal de Cuentas. La causa contable sobre los gastos de la acción exterior de la Generalitat y del 1 de octubre, que afecta a 35 personas, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la consejera de cuentas expresó dudas sobre si amnistiar estos hechos era “compatible” con el derecho europeo. Ahora bien, la sentencia de hace dos semanas desmontó el argumento de que la independencia de Cataluña podría haber ocasionado una reducción de los recursos propios de la Unión Europea y dio luz verde a archivar de plano el procedimiento.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.

Rubén Viñuales (Tarragona, 1983) abandonó Ciutadans hace seis años camino del PSC, con el que llegó a la alcaldía de Tarragona en 2023. Desde entonces, gobierna en minoría, pero ha sido capaz de aprobar, con cierta tranquilidad, los presupuestos cerrando pactos con diferentes formaciones. En esta entrevista realizada en la redacción del Diari ARA, habla de su ciudad, pero también de la extrema derecha, de los jueces y del uso del catalán.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

A media mañana, los medios de comunicación se hacían eco de la sentencia del TJUE que avalaba la ley de amnistía. En las televisiones privadas españolas, la noticia les provocaba un cierto desconcierto. La resolución les rompía el relato condenatorio de los últimos nueve años y no sabían cómo gestionar este nuevo rumbo informativo. La contrariedad se hizo evidente en el tiempo que dedicaron a la noticia. Puigdemont ha sido uno de los protagonistas contra el cual han invertido más horas y, esta vez, no se recrearon mucho en el análisis. En Espejo público, con Griso de vacaciones, optaron por preguntarse: “¿Vuelve Puigdemont?” y “¿Está más cerca el regreso de Carles Puigdemont a España?” Más allá de especular con la respuesta, la presentadora Lorena García giró página con bastante rapidez del tema para abordar nuevas cuestiones. Ana Terradillos hizo lo mismo en La mirada crítica de Telecinco. Tan pronto como la redactora, situada delante de la Audiencia Nacional, comunicó la sentencia, la presentadora fue directa a la hora de dar paso a nuevos asuntos matinales: “Bueno, pues este es el titular. Y ahora les dejamos con otras imágenes de la mañana”. En Vamos a ver, el programa de después, no dijeron ni mú sobre la noticia. En Cuatro también se preguntaban por el regreso de Puigdemont con rótulos en la pantalla. En En boca de todos, el sensacionalista Nacho Abad pidió la valoración en directo de la portavoz del PP, Esther Muñoz, que relativizó el interés de su partido sobre las decisiones de los jueces. Mientras tanto, Pilar Rahola lo escuchaba riendo desde otro recuadro de la pantalla. Rahola hizo notar las evasivas de la portavoz y, después de plantear el nuevo paisaje judicial que se vislumbraba a partir de ahora, lanzó una pregunta desafiante al presentador: “¿A quién le interesa más que venga ahora Puigdemont? ¡Te aseguro que al PSOE no es!” Nacho Abad, en lugar de responder, dio el tema por acabado de manera abrupta: “¡Lo dejamos ahí! ¡Lo dejamos ahí! ¡Perdonad!”, y cortó la conexión para tratar otra cuestión de la actualidad sobre Vox. 

La supuesta trama del PSOE liderada por Santos Cerdán y Leire Díez también mostró interés por la ley de amnistía. Un informe de la Guardia Civil de 372 páginas, al que ha tenido acceso el ARA, contiene referencias a la norma y a la persecución judicial contra el independentismo. Concretamente, la Unidad Central Operativa (UCO) encontró un documento Word elaborado en noviembre de 2024 por la conocida como "fontanera del PSOE que aludía directamente a José Manuel Villarejo. Decía que el comisario jubilado de la policía española, que estos días se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, tenía las "pruebas que demostrarían la corrupción" de Manuel Marchena, que fue el presidente del juicio del Procés y fue uno de los jueces que cerró el paso a amnistiar a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tampoco fueron amnistiados por decisión de Pablo Llarena–.

Ya han pasado dos años desde la aprobación definitiva de la ley de amnistía, pero lo más caliente está todavía al rojo vivo. Por ejemplo, solo ha sido reconocida en poco más de la mitad (52%) de los casos de activistas en los que debería haberse aplicado, según datos facilitados por Alerta Solidària. 181 manifestantes se han beneficiado y también 64 cargos políticos independentistas. En total, 245 personas han visto extinguida su responsabilidad penal, pero hay 257 que todavía están pendientes o bien porque se les ha rechazado de entrada o bien porque los tribunales todavía no se han pronunciado. La diferencia básica llega cuando se compara con los policías que fueron encausados: solo a 4 de los 162 se les ha denegado la amnistía.

El Tribunal Constitucional evita anticipar una decisión sobre la amnistía a Carles Puigdemont y, mientras estudia el fondo de la cuestión, se niega a levantar la orden de detención que impide al expresidente de la Generalitat volver en libertad a Catalunya. El TC rechazó este martes las medidas cautelares que tanto Puigdemont como Toni Comín y Lluís Puig solicitaron en el marco de los recursos de amparo que presentaron contra la negativa del Supremo a aplicarles la norma del olvido penal. El Constitucional considera que acoger su petición produciría un "despreciado del interés general", dado que hoy todavía existe un "proceso penal abierto" sobre "delitos graves".

Tras el pronunciamiento del abogado de la Unión Europea a favor de la amnistía es de esperar que en las próximas semanas el TJUE dictamine en el mismo sentido y dé así un impulso definitivo a su aplicación. Porque la realidad es que 522 días después de la aprobación de la ley, el ritmo de su aplicación resulta exasperante a causa de las maniobras dilatorias no sólo del Tribunal Supremo contra los principales líderes, sino de muchos jueces contra distintos encausados.

La batalla de la amnistía se juega en distintos frentes y el dictamen formulado hoy por el abogado general de la UE en el que avala la amnistía y solo pone pegas en el calendario de aplicación supone un bálsamo para sus dos principales impulsores, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, pero en sentidos distintos. La batalla de Sánchez es contra el PP y la magistratura y la de Puigdemont es contra quienes aún no le perdonan la investidura del presidente socialista español y le reclaman que haga saltar por los aires la legislatura española.

Es una magnífica noticia de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la ley de amnistía. El final de los exilios y las inhabilitaciones es un paso más cerca. Pero todavía no será el último, porque en materia del independentismo catalán, lo que pueda aprobar el Congreso, lo que valide el Tribunal Constitucional o lo que apruebe la UE es una simple opinión a oídos de un tribunal sentenciador que vive en modoa miedo ellos!ylo que pueda hacer, que haga.

No por ser una decisión anunciada es menos importante. La ley de amnistía aprobada en el Congreso en mayo del año pasado ha sido declarada constitucional por el TC y, por tanto, ya no hay dudas sobre su legalidad. En consecuencia, corresponde ahora a los tribunales ordinarios, y específicamente al Tribunal Supremo, aplicarla en toda su extensión siendo el máximo de fieles al texto ya la voluntad del legislador.

Antes de que se hiciera pública la sentencia, Felipe González ya se ha encargado de calificarla de "basura", "corrupción política" y "barrabassada". Y con toda solemnidad ha anunciado que no votará al PSOE si Pedro Sánchez es el candidato ni mientras esté liderado por alguien que haya participado en la amnistía. Éste es el último episodio de un distanciamiento que ya viene de lejos, que comienza, de hecho, en la época de Zapatero. Su drama es que tampoco puede arrimarse al PP, el partido al que hoy sin duda es más cercano, sin perder ya el poco crédito que mantiene y traicionar su biografía.

Conceptualmente, las amnistías se conceden para corregir los abusos de poder cometidos por el estado. Esto responde a la pregunta que se hacía Felipe González, que fue el primero en reaccionar (con agro, para variar) a la sentencia del Constitucional favorable a la ley de amnistía, en nombre de todos los patriotas de la buena España: "¿Cómo es posible pedir perdón a unos delincuentes?", se pedía.

Se nos acumulan los temas.

Tenemos filtraciones sobre la amnistía que enseguida comentaremos. Pero antes no puedo tener que tratar una operación del ejército de Ucrania que tiene el mundo boquiabierto (y preocupado por la reacción que tendrá Rusia).