Con el permiso de la crisis de Ceuta y de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en la primera plana de la actualidad política. La semana que viene aprobará la sentencia que contradice el criterio del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y que impondrá al alto tribunal que aplique el perdón a la malversación atribuida al referéndum del 1 de Octubre. La ponencia elaborada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de Dolors Bassa ordena directamente al alto tribunal que dé marcha atrás y “declare amnistiado” el delito de malversación de manera “preferente y urgente”. ¿Por qué ha sido tan explícito? “Por lo que he leído yo, en algunos momentos el mismo Supremo ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Constitucional siempre que el Constitucional hubiera establecido una doctrina clara y precisa. Por tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa”, ha argumentado Cándido Conde-Pumpido en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Amnistía para Marta Rovira. La Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley a la ex secretaria general de ERC, que aún mantenía la causa abierta por desobediencia a raíz del 1-O, según la resolución del tribunal a la cual ha tenido acceso el ARA. Se trata de la causa que le abrió el Tribunal Supremo en 2018 y que la llevó a marcharse al exilio, a Suiza. En aquel momento, el alto tribunal la acusaba de un delito de rebelión, que pasó a sedición a partir de 2019 y, tras la reforma del Código Penal, quedó rebajada a un delito de desobediencia. En mayo de este año el Tribunal Supremo decidió que no era competente para resolver esta causa y la pasó a la Audiencia de Barcelona, que este martes la ha cerrado aplicando la ley de amnistía. Rovira se enfrentaba a una posible pena de inhabilitación, pero ya no temía ser condenada a prisión.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

A día de hoy, la aplicación de la ley de amnistía tiene todavía más de 150 casos pendientes de resolución judicial. Según datos de Alerta Solidària, también ha habido 104 denegaciones explícitas de la amnistía (no, ciertamente, a los policías que apalearon a los ciudadanos por las calles: estos fueron los primeros que se beneficiaron de ella). La ley entró en vigor en junio de 2024, hace más de dos años. La justicia ha sido bastante menos diligente a la hora de amnistiar a independentistas catalanes que a la hora de exonerar al novio de Ayuso o de cargarse a un fiscal general del Estado. Cuestión de prioridades, tendremos que suponer.Finalmente, ha sido necesario forzar también la amnistía del delito de malversación (inexistente, dado que con los gastos del referéndum no se lucró ni benefició ninguno de los condenados/perseguidos por Marchena y Llarena). Los tribunales españoles, por cierto, menospreciaron el delito de malversación (que ellos mismos habían esgrimido como acusación) en los tiempos gloriosos en que los tertulianos patrióticos hacían chistes con el topónimo Schleswig-Holstein y algún periodista de su cuerda llamaba a bombardear cervecerías alemanas por haber “humillado a España” al no haber entregado a Puigdemont a instancias de los defectuosos requerimientos del susodicho Llarena. Son cosas que es bueno recordar para tener presente que el camino que nos ha llevado hasta aquí a lo largo de estos nueve años ha sido largo y proceloso, pero no lleno de conocimiento, como el camino hacia Ítaca que pedía Kavafis, sino lleno de ruido y furia, de arbitrariedades y abusos, de decisiones equivocadas y un etcétera tan inacabable como ignominioso.Por parte catalana, el espacio que los partidos políticos independentistas dejaron libre mientras se dedicaban a matarse estúpidamente entre ellos se ha ido llenando de charlatanes patrioteros, cada uno más absurdo y tóxico que los otros, hasta haber llegado al punto patético de que la fuerza “independentista” emergente, y destinada según todos a arrasar en las próximas elecciones, es un partido fascista que apoya a Vox para insultar la memoria del presidente Companys. Por parte española, el afán de revancha ha conducido al derrumbe de los delgados tabiques de la separación de poderes, en unas instituciones del estado pobladas de herederos ideológicos del franquismo y de ultraderechistas de nuevo cuño y de la última hornada. El Estado se amnistía también a sí mismo (sobre todo a sí mismo) de la persecución judicial perpetrada contra el independentismo, que, por otra parte, y como era de prever, se ha hecho extensiva a todo aquel que pueda ser sospechoso de traición a España, incluso aunque se trate del presidente del gobierno español. Pasados nueve años, la amnistía no contenta a nadie, y las versiones más oscuras del patriotismo, así el español como el catalán, se han adueñado del panorama. Pero lo más tenebroso de todo ello es que el poder judicial se haya acostumbrado a corregir, y a ejercer, las funciones del ejecutivo y el legislativo.

Desde que hace 846 días se aprobó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hay un interrogante que condiciona la política catalana y la política española: ¿cuándo volverá Carles Puigdemont en libertad a Cataluña? El retorno del líder de Junts ha estado planeando sobre la legislatura desde el primer día, ha sido una repetida exigencia de los independentistas y se ha convertido en una esperanza del PSOE para retejer alianzas y complicidad con los de Miriam Nogueras en Madrid. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para que –definitivamente– sea posible.

Algún día se tendrá que reconstruir la historia de cómo la magistratura española se conjuró para impedir la aplicación de una ley aprobada democráticamente por el Congreso de los Diputados, como lo fue la amnistía para los condenados y acusados por el Procés, pero por suerte más de tres años después de su entrada en vigor se empieza a ver la luz al final del túnel. Este martes, 22 de septiembre, se ha materializado la mayoría en el Tribunal Constitucional para remover el último obstáculo colocado por el Tribunal Supremo, que es el de considerar que el delito de malversación no es amnistiable. El pleno del TC ha tumbado la ponencia del magistrado conservador José María Macías donde se sostenía esta tesis y se desestimaba el recurso de Jordi Turull contra la decisión de no aplicarle la amnistía. Ahora Macías deberá redactar otra ponencia en sentido contrario.

“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la cual ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta el 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

En los últimos días, la amnistía ha vuelto a la primera plana de la actualidad política a raíz de la aval del TJUE y de las seis aplicaciones de la ley que ha hecho el Tribunal Supremo. A pesar de ello, el perdón todavía no ha llegado a todos. Más allá de los conocidos casos de los líderes del Procés, que continúan esperando el Tribunal Constitucional, hay otros independentistas que jueces tanto de Madrid como de Cataluña han dejado fuera del perímetro de la norma. A diferencia de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que han quedado excluidos por un enrevesado argumento de Pablo Llarena y Manuel Marchena sobre la malversación, los otros casos no se han podido beneficiar porque la justicia ha considerado que no tenían relación con el independentismo.

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

Han pasado 776 días desde que la ley de amnistía entró en vigor. Desde entonces, su aplicación –con cuentagotas– ha tenido que ir superando múltiples adversidades de diversos tribunales a lo largo de un tortuoso camino. Sin ir más lejos, el viernes el Supremo puso fin a cuatro causas que estaban congeladas desde hacía meses. Y quien ahora intenta hacerse el sueco es el Tribunal de Cuentas. La causa contable sobre los gastos de la acción exterior de la Generalitat y del 1 de octubre, que afecta a 35 personas, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la consejera de cuentas expresó dudas sobre si amnistiar estos hechos era “compatible” con el derecho europeo. Ahora bien, la sentencia de hace dos semanas desmontó el argumento de que la independencia de Cataluña podría haber ocasionado una reducción de los recursos propios de la Unión Europea y dio luz verde a archivar de plano el procedimiento.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.

Rubén Viñuales (Tarragona, 1983) abandonó Ciutadans hace seis años camino del PSC, con el que llegó a la alcaldía de Tarragona en 2023. Desde entonces, gobierna en minoría, pero ha sido capaz de aprobar, con cierta tranquilidad, los presupuestos cerrando pactos con diferentes formaciones. En esta entrevista realizada en la redacción del Diari ARA, habla de su ciudad, pero también de la extrema derecha, de los jueces y del uso del catalán.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

A media mañana, los medios de comunicación se hacían eco de la sentencia del TJUE que avalaba la ley de amnistía. En las televisiones privadas españolas, la noticia les provocaba un cierto desconcierto. La resolución les rompía el relato condenatorio de los últimos nueve años y no sabían cómo gestionar este nuevo rumbo informativo. La contrariedad se hizo evidente en el tiempo que dedicaron a la noticia. Puigdemont ha sido uno de los protagonistas contra el cual han invertido más horas y, esta vez, no se recrearon mucho en el análisis. En Espejo público, con Griso de vacaciones, optaron por preguntarse: “¿Vuelve Puigdemont?” y “¿Está más cerca el regreso de Carles Puigdemont a España?” Más allá de especular con la respuesta, la presentadora Lorena García giró página con bastante rapidez del tema para abordar nuevas cuestiones. Ana Terradillos hizo lo mismo en La mirada crítica de Telecinco. Tan pronto como la redactora, situada delante de la Audiencia Nacional, comunicó la sentencia, la presentadora fue directa a la hora de dar paso a nuevos asuntos matinales: “Bueno, pues este es el titular. Y ahora les dejamos con otras imágenes de la mañana”. En Vamos a ver, el programa de después, no dijeron ni mú sobre la noticia. En Cuatro también se preguntaban por el regreso de Puigdemont con rótulos en la pantalla. En En boca de todos, el sensacionalista Nacho Abad pidió la valoración en directo de la portavoz del PP, Esther Muñoz, que relativizó el interés de su partido sobre las decisiones de los jueces. Mientras tanto, Pilar Rahola lo escuchaba riendo desde otro recuadro de la pantalla. Rahola hizo notar las evasivas de la portavoz y, después de plantear el nuevo paisaje judicial que se vislumbraba a partir de ahora, lanzó una pregunta desafiante al presentador: “¿A quién le interesa más que venga ahora Puigdemont? ¡Te aseguro que al PSOE no es!” Nacho Abad, en lugar de responder, dio el tema por acabado de manera abrupta: “¡Lo dejamos ahí! ¡Lo dejamos ahí! ¡Perdonad!”, y cortó la conexión para tratar otra cuestión de la actualidad sobre Vox. 

La supuesta trama del PSOE liderada por Santos Cerdán y Leire Díez también mostró interés por la ley de amnistía. Un informe de la Guardia Civil de 372 páginas, al que ha tenido acceso el ARA, contiene referencias a la norma y a la persecución judicial contra el independentismo. Concretamente, la Unidad Central Operativa (UCO) encontró un documento Word elaborado en noviembre de 2024 por la conocida como "fontanera del PSOE que aludía directamente a José Manuel Villarejo. Decía que el comisario jubilado de la policía española, que estos días se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, tenía las "pruebas que demostrarían la corrupción" de Manuel Marchena, que fue el presidente del juicio del Procés y fue uno de los jueces que cerró el paso a amnistiar a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tampoco fueron amnistiados por decisión de Pablo Llarena–.

Ya han pasado dos años desde la aprobación definitiva de la ley de amnistía, pero lo más caliente está todavía al rojo vivo. Por ejemplo, solo ha sido reconocida en poco más de la mitad (52%) de los casos de activistas en los que debería haberse aplicado, según datos facilitados por Alerta Solidària. 181 manifestantes se han beneficiado y también 64 cargos políticos independentistas. En total, 245 personas han visto extinguida su responsabilidad penal, pero hay 257 que todavía están pendientes o bien porque se les ha rechazado de entrada o bien porque los tribunales todavía no se han pronunciado. La diferencia básica llega cuando se compara con los policías que fueron encausados: solo a 4 de los 162 se les ha denegado la amnistía.

El Tribunal Constitucional evita anticipar una decisión sobre la amnistía a Carles Puigdemont y, mientras estudia el fondo de la cuestión, se niega a levantar la orden de detención que impide al expresidente de la Generalitat volver en libertad a Catalunya. El TC rechazó este martes las medidas cautelares que tanto Puigdemont como Toni Comín y Lluís Puig solicitaron en el marco de los recursos de amparo que presentaron contra la negativa del Supremo a aplicarles la norma del olvido penal. El Constitucional considera que acoger su petición produciría un "despreciado del interés general", dado que hoy todavía existe un "proceso penal abierto" sobre "delitos graves".