La lista de personas pendientes de la amnistía continúa reduciéndose con cuentagotas. El último tribunal en dar el paso ha sido la Audiencia Nacional, que llevaba tres meses arrastrando los pies para no aplicar la ley a los doce CDR de la operación Judas acusados de terrorismo. Después de la aprobación de la norma, el tribunal intentó esquivarla preguntando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si amnistiar a los CDR contravenía el derecho europeo. Fue una manera de boicotear y retrasar la aplicación de la amnistía. La sentencia de Luxemburgo, que tardó dos años en llegar, se emitió finalmente en julio avalando por completo la ley. Desde entonces, la Audiencia Nacional tenía vía libre para mover ficha, pero ha necesitado tres meses más para hacer efectivo el olvido judicial. Finalmente, 28 meses después de que la ley entrara en vigor, ha enterrado la causa: “Se debe entender que deben incluirse [en la amnistía] los hechos que son objeto de este procedimiento”, concluye el auto, de cuatro páginas.

Cuando oigo que el presidente Illa celebra la aplicación de la ley de amnistía (la que él no quería que existiera, la que rechazaba incluso como hipótesis) porque según él es un “triunfo de la convivencia”, en verdad se refiere al triunfo de la unidad de España. Hay un tipo de convivencia (lo sabemos perfectamente en este país) que desde hace siglos consiste en desatender las demandas catalanas: si el reconocimiento de los derechos nacionales de los catalanes queda aparcado, rechazado, o incluso humillado o castigado como pretensión, la convivencia es perfecta. Si no, no. Una convivencia sana normalmente nace de un pacto, que es aquello que parecía que era el sistema del 78: un punto de encuentro donde todo el mundo perdía y ganaba a la vez, porque precisamente era el pacto aquello que fundamentaba la idea. Pasados 50 años, queda meridianamente claro que los pactos están rotos y que la “convivencia”, tanto la de antes de 2017 como la de ahora, se basa en salvar por todos los medios un modelo único e irrompible. Ya no es un pacto, sino la coerción y el paseo militar, la paz de los cementerios, los “25 años de paz”. Se confirma la imposición de un régimen que no permite salida, modificación ni matiz. La prueba evidente es que, a pesar de que se esté aplicando (por fin) la amnistía, los catalanes no tenemos ni siquiera reconocido el texto del Estatuto que votamos.

Después de casi nueve años en el exilio y al día siguiente del retorno de Lluís Puig a Tarrasa, Toni Comín ha pisado el estado español para prometer la Constitución y recoger la credencial de diputado del Parlamento Europeo que la Junta Electoral Central (JEC) le negó en julio de 2024. Lo ha hecho ahora que Pablo Llarena ha levantado la orden de detención que había contra él y tres días antes de solemnizar el regreso del exilio cruzando la frontera a pie por un collado de montaña acompañado de sus amigos. “Con fidelidad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre”, ha dicho en catalán a la hora de prometer la carta magna por “imperativo legal”. El presidente de la JEC, Eduardo Calvo, le había advertido previamente que no cumpliría el requisito si daba una respuesta que no incluyera una forma “incondicionada”, pero justo después ha confirmado que se había convertido plenamente en eurodiputado.

Dos años y cuatro meses después de que entrara en vigor, la amnistía ha llegado plenamente a los condenados por malversación en el juicio del Procés. El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena al frente, ha aplicado la ley a cuatro miembros del Gobierno del 1-O que estaban inhabilitados hasta 2030 y 2031: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. De esta manera, recuperan todos los derechos políticos y podrán volver a presentarse a las elecciones, ocupar cargos públicos o, por ejemplo, volver a dar clases en la universidad pública. La luz verde definitiva al perdón llega poco más de siete años después de la sentencia del Supremo y cuando hace cinco años que salieron de la prisión gracias a los indultos. La decisión, a regañadientes y entrando en combate dialéctico con el Tribunal Constitucional (TC), es la penúltima intervención de Manuel Marchena en la persecución judicial del referéndum del 1 de octubre. Su último baile será la aplicación de la amnistía total a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que continúan a la espera. Antes, será necesario que Pablo Llarena concluya el sumario, un último paso que dará en los próximos días.

La aparición fugaz de Carles Puigdemont en Barcelona el 8 de agosto de 2024, durante la investidura de Salvador Illa, no ha sido la única visita de los exiliados a Cataluña en los últimos años. A pesar de la orden de detención que pesaba sobre ellos, y que ahora ha levantado el juez Pablo Llarena, el exconsejero Lluís Puig también se atrevió a pisar en diversas ocasiones tierras catalanas. Así lo ha revelado este miércoles en una entrevista en RAC1, en la cual ha asegurado que en los últimos 9 años ha visitado "tierras del Ripollès, la Garrotxa y el Empordà, pero de manera discreta".

Mariano Bergés es el abogado de Dolors Bassa. Defendió a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el juicio del Procés y hace casi dos años presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa de Manuel Marchena de aplicarle la ley de amnistía. La sentencia ha abierto el camino al resto del gobierno del 1-O: permitirá el retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a Cataluña y pondrá fin a las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. El recurso argumentaba que la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía “atenta de manera frontal” contra “el espíritu y la finalidad” de la norma y “se adentra peligrosamente” en la función legislativa con una maniobra que “conlleva la práctica derogación” de la ley.

Han pasado 3.263 días desde que se marchó a Bélgica y 847 días desde que la amnistía entró en vigor, y Carles Puigdemont ya tiene vía libre para regresar a Cataluña, aunque esperará al archivo definitivo de la causa para hacerlo —dentro de unos días o semanas. Podrá poner fin a casi nueve años de exilio después de que el Tribunal Constitucional haya ordenado al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a los líderes del 1-O de manera “preferente y urgente” y que pocos minutos después el juez Pablo Llarena haya levantado la orden de detención que estaba en vigor desde noviembre de 2017 y que confirmó en julio de 2024 con una retorcida justificación. El TC concluye ahora que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y reprocha a Manuel Marchena que decidiera “eludir el genuino sentido” de la amnistía con una interpretación “internamente contradictoria” y “manifiestamente contraria” a la “finalidad y espíritu” de la ley.

Con el permiso de la crisis de Ceuta y de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en la primera plana de la actualidad política. La semana que viene aprobará la sentencia que contradice el criterio del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y que impondrá al alto tribunal que aplique el perdón a la malversación atribuida al referéndum del 1 de Octubre. La ponencia elaborada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de Dolors Bassa ordena directamente al alto tribunal que dé marcha atrás y “declare amnistiado” el delito de malversación de manera “preferente y urgente”. ¿Por qué ha sido tan explícito? “Por lo que he leído yo, en algunos momentos el mismo Supremo ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Constitucional siempre que el Constitucional hubiera establecido una doctrina clara y precisa. Por tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa”, ha argumentado Cándido Conde-Pumpido en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Amnistía para Marta Rovira. La Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley a la ex secretaria general de ERC, que aún mantenía la causa abierta por desobediencia a raíz del 1-O, según la resolución del tribunal a la cual ha tenido acceso el ARA. Se trata de la causa que le abrió el Tribunal Supremo en 2018 y que la llevó a marcharse al exilio, a Suiza. En aquel momento, el alto tribunal la acusaba de un delito de rebelión, que pasó a sedición a partir de 2019 y, tras la reforma del Código Penal, quedó rebajada a un delito de desobediencia. En mayo de este año el Tribunal Supremo decidió que no era competente para resolver esta causa y la pasó a la Audiencia de Barcelona, que este martes la ha cerrado aplicando la ley de amnistía. Rovira se enfrentaba a una posible pena de inhabilitación, pero ya no temía ser condenada a prisión.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

A día de hoy, la aplicación de la ley de amnistía tiene todavía más de 150 casos pendientes de resolución judicial. Según datos de Alerta Solidària, también ha habido 104 denegaciones explícitas de la amnistía (no, ciertamente, a los policías que apalearon a los ciudadanos por las calles: estos fueron los primeros que se beneficiaron de ella). La ley entró en vigor en junio de 2024, hace más de dos años. La justicia ha sido bastante menos diligente a la hora de amnistiar a independentistas catalanes que a la hora de exonerar al novio de Ayuso o de cargarse a un fiscal general del Estado. Cuestión de prioridades, tendremos que suponer.Finalmente, ha sido necesario forzar también la amnistía del delito de malversación (inexistente, dado que con los gastos del referéndum no se lucró ni benefició ninguno de los condenados/perseguidos por Marchena y Llarena). Los tribunales españoles, por cierto, menospreciaron el delito de malversación (que ellos mismos habían esgrimido como acusación) en los tiempos gloriosos en que los tertulianos patrióticos hacían chistes con el topónimo Schleswig-Holstein y algún periodista de su cuerda llamaba a bombardear cervecerías alemanas por haber “humillado a España” al no haber entregado a Puigdemont a instancias de los defectuosos requerimientos del susodicho Llarena. Son cosas que es bueno recordar para tener presente que el camino que nos ha llevado hasta aquí a lo largo de estos nueve años ha sido largo y proceloso, pero no lleno de conocimiento, como el camino hacia Ítaca que pedía Kavafis, sino lleno de ruido y furia, de arbitrariedades y abusos, de decisiones equivocadas y un etcétera tan inacabable como ignominioso.Por parte catalana, el espacio que los partidos políticos independentistas dejaron libre mientras se dedicaban a matarse estúpidamente entre ellos se ha ido llenando de charlatanes patrioteros, cada uno más absurdo y tóxico que los otros, hasta haber llegado al punto patético de que la fuerza “independentista” emergente, y destinada según todos a arrasar en las próximas elecciones, es un partido fascista que apoya a Vox para insultar la memoria del presidente Companys. Por parte española, el afán de revancha ha conducido al derrumbe de los delgados tabiques de la separación de poderes, en unas instituciones del estado pobladas de herederos ideológicos del franquismo y de ultraderechistas de nuevo cuño y de la última hornada. El Estado se amnistía también a sí mismo (sobre todo a sí mismo) de la persecución judicial perpetrada contra el independentismo, que, por otra parte, y como era de prever, se ha hecho extensiva a todo aquel que pueda ser sospechoso de traición a España, incluso aunque se trate del presidente del gobierno español. Pasados nueve años, la amnistía no contenta a nadie, y las versiones más oscuras del patriotismo, así el español como el catalán, se han adueñado del panorama. Pero lo más tenebroso de todo ello es que el poder judicial se haya acostumbrado a corregir, y a ejercer, las funciones del ejecutivo y el legislativo.

Desde que hace 846 días se aprobó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hay un interrogante que condiciona la política catalana y la política española: ¿cuándo volverá Carles Puigdemont en libertad a Cataluña? El retorno del líder de Junts ha estado planeando sobre la legislatura desde el primer día, ha sido una repetida exigencia de los independentistas y se ha convertido en una esperanza del PSOE para retejer alianzas y complicidad con los de Miriam Nogueras en Madrid. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para que –definitivamente– sea posible.

Algún día se tendrá que reconstruir la historia de cómo la magistratura española se conjuró para impedir la aplicación de una ley aprobada democráticamente por el Congreso de los Diputados, como lo fue la amnistía para los condenados y acusados por el Procés, pero por suerte más de tres años después de su entrada en vigor se empieza a ver la luz al final del túnel. Este martes, 22 de septiembre, se ha materializado la mayoría en el Tribunal Constitucional para remover el último obstáculo colocado por el Tribunal Supremo, que es el de considerar que el delito de malversación no es amnistiable. El pleno del TC ha tumbado la ponencia del magistrado conservador José María Macías donde se sostenía esta tesis y se desestimaba el recurso de Jordi Turull contra la decisión de no aplicarle la amnistía. Ahora Macías deberá redactar otra ponencia en sentido contrario.

“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la cual ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta el 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

En los últimos días, la amnistía ha vuelto a la primera plana de la actualidad política a raíz de la aval del TJUE y de las seis aplicaciones de la ley que ha hecho el Tribunal Supremo. A pesar de ello, el perdón todavía no ha llegado a todos. Más allá de los conocidos casos de los líderes del Procés, que continúan esperando el Tribunal Constitucional, hay otros independentistas que jueces tanto de Madrid como de Cataluña han dejado fuera del perímetro de la norma. A diferencia de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que han quedado excluidos por un enrevesado argumento de Pablo Llarena y Manuel Marchena sobre la malversación, los otros casos no se han podido beneficiar porque la justicia ha considerado que no tenían relación con el independentismo.

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

Han pasado 776 días desde que la ley de amnistía entró en vigor. Desde entonces, su aplicación –con cuentagotas– ha tenido que ir superando múltiples adversidades de diversos tribunales a lo largo de un tortuoso camino. Sin ir más lejos, el viernes el Supremo puso fin a cuatro causas que estaban congeladas desde hacía meses. Y quien ahora intenta hacerse el sueco es el Tribunal de Cuentas. La causa contable sobre los gastos de la acción exterior de la Generalitat y del 1 de octubre, que afecta a 35 personas, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la consejera de cuentas expresó dudas sobre si amnistiar estos hechos era “compatible” con el derecho europeo. Ahora bien, la sentencia de hace dos semanas desmontó el argumento de que la independencia de Cataluña podría haber ocasionado una reducción de los recursos propios de la Unión Europea y dio luz verde a archivar de plano el procedimiento.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.