Después de catorce sesiones, el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia. Ahora el tribunal, encabezado por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que dictaminar si condena a quien fue ministro de Transportes y número tres del PSOE y a quien se convirtió en su permanente mano derecha y si hace caso a la Fiscalía o al PP en la pena de prisión para el “nexo corruptor” de la presunta trama. Durante un mes, el Tribunal Supremo ha sido testigo de cómo uno de los primeros hombres fuertes de Pedro Sánchez se sentaba en el banquillo de los acusados y ha visto escenas de impacto en un juicio que quedará para la historia.

Visto para sentencia. El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que arrancó hace un mes, ha llegado a su fin. Ha sido el momento para que la Fiscalía Anticorrupción, el PP –que lidera las acusaciones populares– y las tres defensas verbalizaran sus conclusiones. El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal. "El número uno no era el presidente del gobierno español, como, con notable alivio, le atribuye Aldama", ha dicho en la parte inicial de su discurso. Fue la nueva acusación del empresario y el fiscal Alejandro Luzón se ha desmarcado por completo. Eso sí, ha destacado que José Luis Ábalos estaba en la "cúspide" o en el "engranaje esencial" de la organización. A su parecer, él, Koldo García y Víctor de Aldama –junto con otras personas– conformaron una "verdadera organización criminal" que nació de un "pacto corruptor que interesaba a todos" fruto de la "insistencia" y la "poca resistencia" y que no se "diluyó y agotó" hasta que Ábalos fue destituido como ministro en julio de 2021.

"Un caso mediático juzgado hace tiempo con una condena clara". Así ha resumido José Luis Ábalos el caso de las mascarillas, por el que afronta una pena de entre 24 y 30 años de prisión. El exministro de Transportes, que lleva cinco meses en Soto del Real, ha sido el último de los acusados en declarar, después de que la semana pasada lo hicieran Víctor de Aldama y Koldo García. El que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Moncloa y en Ferraz ha declarado durante casi seis horas y, exhibiendo un conocimiento minucioso de los informes de la Guardia Civil, ha negado haber recibido dinero por parte de Aldama: "Decir que se me entregaron en mano me parece grosero. Entiendo por qué se hace. Le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto". Asimismo, ha criticado el "sesgo permanente" del instituto armado y ha denunciado una "cierta intencionalidad" durante toda la investigación: "Me llama la atención las ganas de imputarme a mí y de encontrarme algo".

En el juicio por el caso Ábalos, su antiguo asesor en el ministerio de Transportes, Koldo García, ha tenido que contestar esta pregunta del fiscal: “¿Qué son las xistorras?” La respuesta del hombre –que se enfrenta a diecinueve años de prisión– ha sido la que sospechaba la policía: billetes de 500 euros.

Día de revelaciones y desmentidos en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que disparó a tort y a derecho para intentar salpicar a Pedro Sánchez y cuestionar la financiación del PSOE, ha llegado el turno de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y la Fiscalía le pide diecinueve años y medio de prisión. "Pregúntemelo absolutamente todo para intentar demostrar mi inocencia", ha exhortado al fiscal nada más arrancar. Y, después de cinco horas y media, ha dado su versión sobre uno de los grandes interrogantes del juicio: ¿qué son las xistorras? Un informe de la Guardia Civil sospechaba que era la denominación en clave para referirse a billetes de 500 euros. Y Koldo García, a preguntas de su abogada, lo ha confirmado, a pesar de que el pasado octubre, en un par de entrevistas televisivas, aseguró que las xistorras eran "embutidos".

Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

Una de las preguntas que ha intentado resolver la octava jornada del juicio del caso Ábalos ha sido de dónde procedían los billetes en efectivo que tenían José Luis Ábalos y Koldo García. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó más de 95.000 euros del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE sin rastreo bancario. Esto reforzó la tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados" y desencadenó la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE. El juez instructor planteó la hipótesis de que el PSOE ayudara a Ábalos o a Koldo a "blanquear" dinero. Este miércoles, en el Supremo, se han puesto de manifiesto dos líneas de actuación durante la declaración de Mariano Moreno, que fue gerente del partido entre 2017 y 2021. Primero ha asegurado que Ferraz "nunca" entregaba billetes de 100, 200 y 500 euros, que son los que la Guardia Civil sospecha que –con nombres en clave– gestionaban Koldo y su entorno. Más tarde, la abogada del exasesor de Ábalos, con la voluntad de demostrar que todo el dinero que recibía era "de origen legal", ha querido hacer patentes posibles errores en la documentación que los socialistas remitieron a los juzgados.

Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El Tribunal Supremo tira por la calle del medio y juzgará de aquí a un mes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El alto tribunal ha rechazado por unanimidad todas las cuestiones previas que plantearon el exministro de Transportes y su exasesor, que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes 7 de abril, al día siguiente de que arranque el juicio del caso Kitchen contra Jorge Fernández Díaz y su cúpula en el ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Tres semanas después de la vista preliminar del caso mascarillas, el Supremo ha cerrado la puerta a una de las principales demandas de Ábalos y Koldo: que la causa vuelva a la Audiencia Nacional a raíz de la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La interlocutoria, de 138 páginas, reitera que una vez el juez abre juicio oral contra un diputado –como pasó en diciembre, cuando Ábalos todavía era parlamentario–, la competencia del Supremo es "inmune a la pérdida de la condición de aforado" y argumenta que es un momento que "no puede quedar al azar o depender del capricho o voluntad del acusado".

77 días después de que el Tribunal Supremo los enviara a la cárcel, José Luis Ábalos y Koldo García han salido temporalmente de Soto del Real con motivo de la audiencia preliminar del juicio por la compra de mascarillas, que debe tener lugar en las próximas semanas. Es una vista inédita que se creó con la ley de eficiencia en la justicia, que entró en vigor hace diez meses. El ex número 3 del PSOE y su exasesor en el ministerio de Transportes han llegado al Tribunal Supremo con una furgoneta de la policía española a las diez y media de la mañana, media hora antes de la cita. También asistió el tercer acusado, Víctor de Aldama, aunque él está en libertad y no había hecho alegaciones. Por primera vez, los tres han coincidido en el banquillo de los acusados ​​y se han visto las caras con los siete magistrados que les juzgarán.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

El Tribunal Supremo pide 60.000 euros de fianza al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva desde hace dos semanas, y los envía a juicio junto con el empresario Víctor de Aldama por organización criminal. Así lo ha dictado en un auto este jueves el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa de presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Los 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.

Pedro Sánchez ha visto cómo en menos de seis meses han entrado en prisión provisional dos exsecretarios de organización del PSOE: Santos Cerdán, que ya ha salido adelante, y José Luis Ábalos, también exministro de Transportes, que lo ha hecho este jueves por el caso de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Pero también ha visto cómo el blog que le investijo presidente español en el 2023 se ha debilitado por momentos, hasta el punto de que hoy ya no existe, o al menos, a juicio de Junts, que ha decidido romper con los socialistas. "Las costuras del Estado se están tensando e, incluso, rompiendo mucho", reflexionaba Aitor Esteban este viernes por la tarde, que desde que es presidente del PNV observa en la distancia todo lo que ocurre en Madrid. Sin embargo, Sánchez busca tomar aire para cumplir el compromiso que ha repetido semana tras semana: agotar la legislatura.

Ha vuelto a ocurrir algo que nunca había pasado, que es que un diputado en ejercicio entre en prisión.

Ocho días después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera 24 años de cárcel para él, el juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para José Luis Ábalos porque aprecia que el riesgo de fuga es "extremo", "máximo" e "intenso". El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE está a un paso del banquillo de los acusados por la compra de mascarillas durante la pandemia y, pese a que en junio y octubre Leopoldo Puente lo rechazó, ahora cree que la proximidad con el juicio sí justifica encarcelarlo. Además, el magistrado también ha decretado prisión preventiva para Koldo García, que fue asesor de Ábalos en el ministerio y para quien el ministerio público pide 19 años y medio de prisión. Tomó esta decisión después de que, por primera vez, la Fiscalía se haya sumado a las acusaciones populares, encabezadas por el PP, con las peticiones de prisión provisional. Ambos pasarán la noche en Soto del Real, cuya misma cárcel de la que salió Santos Cerdán el pasado miércoles después de haber estado 142 días. Tras conocerse la decisión, Ábalos ha pasado al ataque contra Pedro Sánchez y ha insinuado en una entrevista a El Mundo que Begoña Gómez –la esposa de Pedro Sánchez– influyó en el rescate de Air Europa. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha convocado una concentración el domingo en Madrid para protestar "contra los corruptos y todos los que les sostienen".

El juez de la Audiencia Nacional que está investigando el caso Koldo, Ismael Moreno, ha pedido al PSOE que le facilite la relación de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. El magistrado quiere que los socialistas le hagan llegar la documentación en un plazo máximo de 10 días. "Desde el PSOE queremos aclarar que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la justicia, es total. Aportaremos al juzgado la documentación solicitada", indican fuentes socialistas. Hace semanas, Ferraz aportó, específicamente, los pagos en efectivo realizados a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y la secretaría de Organización del partido.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García para el jueves 27 de noviembre para decidir si los mantiene en libertad o los ingresa en prisión. El magistrado revisará las medidas cautelares que mantiene para el exministro del PSOE y su asesor en la causa por la presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia, después de que las acusaciones populares y el fiscal hayan pedido una vista para que se les prive la libertad.