Una de las preguntas que ha intentado resolver la octava jornada del juicio del caso Ábalos ha sido de dónde procedían los billetes en efectivo que tenían José Luis Ábalos y Koldo García. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó más de 95.000 euros del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE sin rastreo bancario. Esto reforzó la tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados" y desencadenó la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE. El juez instructor planteó la hipótesis de que el PSOE ayudara a Ábalos o a Koldo a "blanquear" dinero. Este miércoles, en el Supremo, se han puesto de manifiesto dos líneas de actuación durante la declaración de Mariano Moreno, que fue gerente del partido entre 2017 y 2021. Primero ha asegurado que Ferraz "nunca" entregaba billetes de 100, 200 y 500 euros, que son los que la Guardia Civil sospecha que –con nombres en clave– gestionaban Koldo y su entorno. Más tarde, la abogada del exasesor de Ábalos, con la voluntad de demostrar que todo el dinero que recibía era "de origen legal", ha querido hacer patentes posibles errores en la documentación que los socialistas remitieron a los juzgados.

Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

La vida política en Madrid discurre actualmente entre dos escenarios. En primer lugar, los tribunales, por el inicio de los juicios de los casos de corrupción del PP y del PSOE. Y en segundo lugar, en el ámbito de las relaciones internacionales, por todo lo que hace referencia a la situación de Oriente Medio, después de que se anunciara una precaria tregua de dos semanas, con resultados muy inciertos. Se trata de asuntos muy diversos, que obviamente no tienen nada que ver, pero que si se siguen de cerca dan una idea bastante aproximada del punto en que se encuentran las fuerzas políticas, singularmente las de populares y socialistas. El comienzo del juicio de la trama del caso Ábalos-Koldo-Aldama era, y continuará siendo en las semanas venideras, una gran oportunidad para que el PP saque partido de la exhibición de los procedimientos reprobables empleados por el exministro de Fomento y exsecretario de organización del PSOE, su asesor y el empresario que hizo negocios con ellos, en relación con contratos públicos para adquirir material sanitario, vulnerando presuntamente la legalidad en un contexto trágico, el de la pandemia de la covid-19.

Una de las misiones del Tribunal Supremo los primeros tres días del juicio contra José Luis Ábalos ha sido reconstruir el presunto enchufismo de dos mujeres próximas al entonces ministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE. Son Jessica Rodríguez, que fue su pareja durante un año y medio; y Claudia Montes, con quien mantuvo una relación "virtual". La primera ha admitido que cobraba sin ir a trabajar –un total de 44.000 euros a Ineco y Tragsatec–. La segunda mujer defiende que sí que cumplía con su trabajo en Logirail, aunque otras voces lo desacreditan. Entre contradicciones y enfrentamientos laborales, diversos testigos han intentado arrojar luz esta semana en el alto tribunal. "Tenía un contrato, pero no trabajaba activamente", reconoció el martes Jessica Rodríguez. Marino Turiel, el abogado de José Luis Ábalos, sospecha que hay un acuerdo oculto entre ella y Víctor de Aldama: "Es muy claro que existe un pacto y una concertación".

El testigo clave de la tercera sesión del juicio contra José Luis Ábalos era Carmen Pano. Y su declaración ha seguido el guion previsto: tal como dijo en la Audiencia Nacional, durante la instrucción en el Supremo y en la comisión de investigación del Senado, ha reiterado que fue dos veces a la sede del PSOE a llevar bolsas de dinero a petición de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo y que también se sienta en el banquillo de los acusados. En total, fueron 90.000 euros en dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2020. “Me estaban esperando en el segundo piso nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta”, ha explicado la empresaria. Ahora bien, su declaración ha tenido contradicciones con las de otros testigos y no ha aclarado a quién supuestamente entregó el dinero en la sede del PSOE. ¿Qué pasó en realidad? Lo que suscita menos dudas es la primera entrega de dinero. Ella sacó del banco 45.000 euros que le había transferido Claudio Rivas, un socio de Aldama, y los llevó al despacho de Aldama. Allí él le dijo que no podía salir y le pidió si podía hacerle el “favor” de llevarlos a la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Y los llevó hasta allí en taxi. Hasta aquí, según su testimonio, todo encaja.

La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El Tribunal Supremo tira por la calle del medio y juzgará de aquí a un mes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El alto tribunal ha rechazado por unanimidad todas las cuestiones previas que plantearon el exministro de Transportes y su exasesor, que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes 7 de abril, al día siguiente de que arranque el juicio del caso Kitchen contra Jorge Fernández Díaz y su cúpula en el ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Tres semanas después de la vista preliminar del caso mascarillas, el Supremo ha cerrado la puerta a una de las principales demandas de Ábalos y Koldo: que la causa vuelva a la Audiencia Nacional a raíz de la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La interlocutoria, de 138 páginas, reitera que una vez el juez abre juicio oral contra un diputado –como pasó en diciembre, cuando Ábalos todavía era parlamentario–, la competencia del Supremo es "inmune a la pérdida de la condición de aforado" y argumenta que es un momento que "no puede quedar al azar o depender del capricho o voluntad del acusado".

77 días después de que el Tribunal Supremo los enviara a la cárcel, José Luis Ábalos y Koldo García han salido temporalmente de Soto del Real con motivo de la audiencia preliminar del juicio por la compra de mascarillas, que debe tener lugar en las próximas semanas. Es una vista inédita que se creó con la ley de eficiencia en la justicia, que entró en vigor hace diez meses. El ex número 3 del PSOE y su exasesor en el ministerio de Transportes han llegado al Tribunal Supremo con una furgoneta de la policía española a las diez y media de la mañana, media hora antes de la cita. También asistió el tercer acusado, Víctor de Aldama, aunque él está en libertad y no había hecho alegaciones. Por primera vez, los tres han coincidido en el banquillo de los acusados ​​y se han visto las caras con los siete magistrados que les juzgarán.

Investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán ha llevado este miércoles su estrategia de defensa en el Senado. En plena crisis del gobierno español por casos que se acumulan en los tribunales, y un mes después de salir en libertad provisional de la cárcel, el ex número tres del PSOE ha comparecido en la comisión del caso Koldo en la cámara alta para reivindicar una vez más su inocencia. Aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos por los que está encausado, aseguró que es víctima de una "persecución propia de la Inquisición" y vinculó su investigación a su papel en el acuerdo de la ley de amnistía.

Movimiento de fichas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instigado por el gobierno español. El consejo de ministros aprobará mañana el ascenso del coronel Rafael Yuste Arenes a general de brigada, lo que conllevará su salida como jefe de la UCO, según avanzó Eldiario.es y confirman fuentes gubernamentales al ARA. La UCO es la unidad especializada que, entre otras cosas, está participando en la investigación de las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez –por ejemplo, elaboró ​​el informe que desembocó en la imputación de Santos Cerdán o acreditó que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su móvil el día en que el Supremo le imputó–. Rafael Yuste llevaba dos años y medio al frente de la UCO –llegó en junio del 2023 sustituyendo a Alfonso López Malo– y ahora ha conseguido el ascenso después de superar el curso y de quedar el número uno de su promoción en la evaluación.

Alberto Núñez Feijóo quiere que se convoquen elecciones generales en el Estado y aprovecha los casos de presunta corrupción que acosan al PSOE y, en consecuencia, al gobierno español, para presionar en esa dirección. "España está harta", ha exclamado el líder del PP este domingo desde el templo de Debod, en Madrid, en la séptima movilización convocada por los populares contra el gobierno de Pedro Sánchez desde que comenzó la legislatura.

Los 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.

Ha vuelto a ocurrir algo que nunca había pasado, que es que un diputado en ejercicio entre en prisión.

Jornada política, la del jueves, centrada en el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo, y en la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Dicho de otro modo, en las desventuras judiciales de dos bandarres (con Ábalos ofreciendo ya el espectáculo de darse la vuelta contra los suyos si eso le debe proporcionar algún posible beneficio penal) y en la colocación al frente del Consejo valenciano de un hombre de paja con el guión escrito: continuidad respecto de la etapa Maag las submisión medioambientales, contra el feminismo y contra la lengua y la cultura catalanas. Pérez Llorca ha exhibido el frío cinismo de prometer que, de ser investido, pedirá perdón a las víctimas de la dana. Como secretario general del PP valenciano desde el 2023 —y, por tanto, número dos del comité ejecutivo autonómico, sólo por detrás del hasta ahora presidente Mazón—, Pérez Llorca podría haber empezado pidiendo perdón desde el mismo día de la dana, pero nunca lo hizo. Disculparse tarde y mal, sólo para conseguir algo, es peor que no disculparse en modo alguno: eso lo sabe cualquier niño de primaria, pero todavía es pedir demasiado a según qué personajes de la vida pública española. Enfrente, como jugosa zanahoria, el Plan Adelante de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, con una dotación de 29.000 millones de euros.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García para el jueves 27 de noviembre para decidir si los mantiene en libertad o los ingresa en prisión. El magistrado revisará las medidas cautelares que mantiene para el exministro del PSOE y su asesor en la causa por la presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia, después de que las acusaciones populares y el fiscal hayan pedido una vista para que se les prive la libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros para José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, en la causa sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, que está a un paso del juicio. En un escrito de 21 páginas, Alejandro Luzón le acusa de cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. En un tuit en X, Ábalos ha denunciado que "no sólo han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas que he solicitado o acceder al material de la causa", sino que "ahora, en una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas".

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala la "influencia" que pudo tener el comisionista Víctor de Aldama sobre el gobierno canario de Ángel Víctor Torres (PSOE), actual ministro de Política Territorial, en la compra de contratos de mascarillas y test de antígenos durante la pandemia. En concreto, el informe de la UCO presentado este lunes en la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso el ARA, apunta que esa influencia de Aldama se habría producido a través del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. De este modo, el gobierno de las Islas Canarias de Ángel Víctor Torres se vería salpicado, según el informe de la UCO, por la presunta trama de corrupción que rodea a Aldama, Ábalos y Koldo y que tiene su origen en presuntos cobros ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. Por ese motivo, el PP ha pedido el cese inmediato del ministro.

El PP hace ya tiempo que decidió sacrificar el valor del Senado como cámara de representación territorial y de segunda lectura para convertirla en una caja de resonancia de su oposición a Pedro Sánchez. Por eso pensaron que era una buena idea citar a declarar al presidente del gobierno español a una comisión sobre el caso Koldo en un cuarto que controlan completamente. Pero una vez más, y ya van varias, el PP ha vuelto a fracasar y Pedro Sánchez ha salido muy vivo del espectáculo lamentable que se ha vivido en el Senado.

El PP quería someter a Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo/Ábalos del Senado, pero en ocasiones como éstas sabe cómo desesperar a la formación conservadora, hasta que se impone el caos. El presidente español se puso la chaqueta de líder del PSOE para confrontar las acusaciones de corrupción de la derecha y la discusión se convirtió en un nuevo capítulo del "y tú más" entre los dos grandes partidos del Estado. "Creo que esto es un circo", espetó Sánchez desde el principio. El espectáculo ha llegado sobre todo al final, durante el tenso interrogatorio del senador del PP Alejo Miranda de Larra, impotente ante las respuestas del presidente español, algunas evasivas y otras directas. "Había un circuito de dinero negro en la calle Génova, no en Ferraz", ha dicho Sánchez, que se ha ido "muy satisfecho" de la comisión.