El Congreso de los Diputados ha vuelto a vivir este miércoles una de esas jornadas nefastas que hacen que la ciudadanía se aleje de la política. El cruce de reproches entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha aportado ninguna novedad y solo ha servido para ensuciar aún más el clima político, algo que, como bien han advertido algunos portavoces, beneficia sobre todo a la extrema derecha. En una democracia normal una sentencia como la del caso Ábalos, en un proceso judicial que ha sido sospechosamente rápido y unas penas que algunos juristas tildan de desproporcionadas, sería suficiente para hacer caer un gobierno. Pero es cierto que España tiene unas peculiaridades que explican tanto la resistencia de Pedro Sánchez a tirar la toalla como que ningún socio se plantee, hoy por hoy, apoyar una moción de censura junto al PP y Vox.

Digamos las cosas por su nombre: si en algún momento ha de estar justificado pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez, sería ahora. La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Ábalos y Koldo deja al presidente en una situación comprometida. Ábalos fue durante tres años titular de un ministerio tan relevante como el de Fomento, reiteradamente avalado por el presidente, llevaba la fontanería interna del partido socialista y el mismo Sánchez lo había señalado como persona a quien confiaba el día a día de la gestión. Parece claro que no ha habido ningún vínculo del presidente con los hechos sentenciados. Que, por tanto, la trama de corrupción creció sin que le llegara noticia de lo que estaba pasando, lo cual abre interrogantes sobre los sistemas de control de la Moncloa. Pero un presidente de gobierno es responsable de sus acciones; por ejemplo, de los nombramientos que hace. Y más aún cuando son del máximo nivel. Ante un escándalo como este –una trama de corrupción en la cúpula del gobierno orquestada por una persona del entorno inmediato del presidente–, Sánchez no puede hacer como si no hubiera pasado nada. Algo falla cuando en la cúpula del poder hay un caso de esta envergadura y el presidente se entera cuando ya es tarde.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia contra el exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García que pretende ser ejemplar con los cargos públicos, con penas de 24 años y tres meses para el primero y de 19 años y 8 meses para el segundo, pero resulta sospechosamente blanda con el empresario que fue el principal beneficiario de la trama, Víctor de Aldama, al cual solo le han caído 4 años y medio. Una pena que el Tribunal suspende a cambio de trabajos a la comunidad con el argumento de que gracias a su colaboración se ha podido llegar hasta el fondo del llamado caso mascarillas. O sea, que unos tienen penas comparables a los que han cometido un asesinato y tendrán que pasar un mínimo de 15 años entre rejas y otros, en este caso el empresario corruptor, no tendrá que poner los pies en la cárcel.

"Una corrupción orgánica, organizada y continuada desde las más altas instancias del poder político". Por unanimidad, los siete jueces del Tribunal Supremo se han hecho suya la petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción y han condenado a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión en el primer juicio del caso mascarillas. Quien fue hombre fuerte de Pedro Sánchez durante tres años en el PSOE y en la Moncloa, y que hace siete meses que está en Soto del Real, ha acabado condenado por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Después de catorce sesiones, el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia. Ahora el tribunal, encabezado por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que dictaminar si condena a quien fue ministro de Transportes y número tres del PSOE y a quien se convirtió en su permanente mano derecha y si hace caso a la Fiscalía o al PP en la pena de prisión para el “nexo corruptor” de la presunta trama. Durante un mes, el Tribunal Supremo ha sido testigo de cómo uno de los primeros hombres fuertes de Pedro Sánchez se sentaba en el banquillo de los acusados y ha visto escenas de impacto en un juicio que quedará para la historia.

Visto para sentencia. El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que arrancó hace un mes, ha llegado a su fin. Ha sido el momento para que la Fiscalía Anticorrupción, el PP –que lidera las acusaciones populares– y las tres defensas verbalizaran sus conclusiones. El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal. "El número uno no era el presidente del gobierno español, como, con notable alivio, le atribuye Aldama", ha dicho en la parte inicial de su discurso. Fue la nueva acusación del empresario y el fiscal Alejandro Luzón se ha desmarcado por completo. Eso sí, ha destacado que José Luis Ábalos estaba en la "cúspide" o en el "engranaje esencial" de la organización. A su parecer, él, Koldo García y Víctor de Aldama –junto con otras personas– conformaron una "verdadera organización criminal" que nació de un "pacto corruptor que interesaba a todos" fruto de la "insistencia" y la "poca resistencia" y que no se "diluyó y agotó" hasta que Ábalos fue destituido como ministro en julio de 2021.

"Un caso mediático juzgado hace tiempo con una condena clara". Así ha resumido José Luis Ábalos el caso de las mascarillas, por el que afronta una pena de entre 24 y 30 años de prisión. El exministro de Transportes, que lleva cinco meses en Soto del Real, ha sido el último de los acusados en declarar, después de que la semana pasada lo hicieran Víctor de Aldama y Koldo García. El que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Moncloa y en Ferraz ha declarado durante casi seis horas y, exhibiendo un conocimiento minucioso de los informes de la Guardia Civil, ha negado haber recibido dinero por parte de Aldama: "Decir que se me entregaron en mano me parece grosero. Entiendo por qué se hace. Le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto". Asimismo, ha criticado el "sesgo permanente" del instituto armado y ha denunciado una "cierta intencionalidad" durante toda la investigación: "Me llama la atención las ganas de imputarme a mí y de encontrarme algo".

En el juicio por el caso Ábalos, su antiguo asesor en el ministerio de Transportes, Koldo García, ha tenido que contestar esta pregunta del fiscal: “¿Qué son las xistorras?” La respuesta del hombre –que se enfrenta a diecinueve años de prisión– ha sido la que sospechaba la policía: billetes de 500 euros.

Día de revelaciones y desmentidos en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que disparó a tort y a derecho para intentar salpicar a Pedro Sánchez y cuestionar la financiación del PSOE, ha llegado el turno de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y la Fiscalía le pide diecinueve años y medio de prisión. "Pregúntemelo absolutamente todo para intentar demostrar mi inocencia", ha exhortado al fiscal nada más arrancar. Y, después de cinco horas y media, ha dado su versión sobre uno de los grandes interrogantes del juicio: ¿qué son las xistorras? Un informe de la Guardia Civil sospechaba que era la denominación en clave para referirse a billetes de 500 euros. Y Koldo García, a preguntas de su abogada, lo ha confirmado, a pesar de que el pasado octubre, en un par de entrevistas televisivas, aseguró que las xistorras eran "embutidos".

Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

Una de las preguntas que ha intentado resolver la octava jornada del juicio del caso Ábalos ha sido de dónde procedían los billetes en efectivo que tenían José Luis Ábalos y Koldo García. Durante la investigación, la Guardia Civil detectó más de 95.000 euros del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE sin rastreo bancario. Esto reforzó la tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados" y desencadenó la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE. El juez instructor planteó la hipótesis de que el PSOE ayudara a Ábalos o a Koldo a "blanquear" dinero. Este miércoles, en el Supremo, se han puesto de manifiesto dos líneas de actuación durante la declaración de Mariano Moreno, que fue gerente del partido entre 2017 y 2021. Primero ha asegurado que Ferraz "nunca" entregaba billetes de 100, 200 y 500 euros, que son los que la Guardia Civil sospecha que –con nombres en clave– gestionaban Koldo y su entorno. Más tarde, la abogada del exasesor de Ábalos, con la voluntad de demostrar que todo el dinero que recibía era "de origen legal", ha querido hacer patentes posibles errores en la documentación que los socialistas remitieron a los juzgados.

Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

La vida política en Madrid discurre actualmente entre dos escenarios. En primer lugar, los tribunales, por el inicio de los juicios de los casos de corrupción del PP y del PSOE. Y en segundo lugar, en el ámbito de las relaciones internacionales, por todo lo que hace referencia a la situación de Oriente Medio, después de que se anunciara una precaria tregua de dos semanas, con resultados muy inciertos. Se trata de asuntos muy diversos, que obviamente no tienen nada que ver, pero que si se siguen de cerca dan una idea bastante aproximada del punto en que se encuentran las fuerzas políticas, singularmente las de populares y socialistas. El comienzo del juicio de la trama del caso Ábalos-Koldo-Aldama era, y continuará siendo en las semanas venideras, una gran oportunidad para que el PP saque partido de la exhibición de los procedimientos reprobables empleados por el exministro de Fomento y exsecretario de organización del PSOE, su asesor y el empresario que hizo negocios con ellos, en relación con contratos públicos para adquirir material sanitario, vulnerando presuntamente la legalidad en un contexto trágico, el de la pandemia de la covid-19.

Una de las misiones del Tribunal Supremo los primeros tres días del juicio contra José Luis Ábalos ha sido reconstruir el presunto enchufismo de dos mujeres próximas al entonces ministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE. Son Jessica Rodríguez, que fue su pareja durante un año y medio; y Claudia Montes, con quien mantuvo una relación "virtual". La primera ha admitido que cobraba sin ir a trabajar –un total de 44.000 euros a Ineco y Tragsatec–. La segunda mujer defiende que sí que cumplía con su trabajo en Logirail, aunque otras voces lo desacreditan. Entre contradicciones y enfrentamientos laborales, diversos testigos han intentado arrojar luz esta semana en el alto tribunal. "Tenía un contrato, pero no trabajaba activamente", reconoció el martes Jessica Rodríguez. Marino Turiel, el abogado de José Luis Ábalos, sospecha que hay un acuerdo oculto entre ella y Víctor de Aldama: "Es muy claro que existe un pacto y una concertación".

El testigo clave de la tercera sesión del juicio contra José Luis Ábalos era Carmen Pano. Y su declaración ha seguido el guion previsto: tal como dijo en la Audiencia Nacional, durante la instrucción en el Supremo y en la comisión de investigación del Senado, ha reiterado que fue dos veces a la sede del PSOE a llevar bolsas de dinero a petición de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo y que también se sienta en el banquillo de los acusados. En total, fueron 90.000 euros en dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2020. “Me estaban esperando en el segundo piso nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta”, ha explicado la empresaria. Ahora bien, su declaración ha tenido contradicciones con las de otros testigos y no ha aclarado a quién supuestamente entregó el dinero en la sede del PSOE. ¿Qué pasó en realidad? Lo que suscita menos dudas es la primera entrega de dinero. Ella sacó del banco 45.000 euros que le había transferido Claudio Rivas, un socio de Aldama, y los llevó al despacho de Aldama. Allí él le dijo que no podía salir y le pidió si podía hacerle el “favor” de llevarlos a la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Y los llevó hasta allí en taxi. Hasta aquí, según su testimonio, todo encaja.

La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El Tribunal Supremo tira por la calle del medio y juzgará de aquí a un mes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El alto tribunal ha rechazado por unanimidad todas las cuestiones previas que plantearon el exministro de Transportes y su exasesor, que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes 7 de abril, al día siguiente de que arranque el juicio del caso Kitchen contra Jorge Fernández Díaz y su cúpula en el ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Tres semanas después de la vista preliminar del caso mascarillas, el Supremo ha cerrado la puerta a una de las principales demandas de Ábalos y Koldo: que la causa vuelva a la Audiencia Nacional a raíz de la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La interlocutoria, de 138 páginas, reitera que una vez el juez abre juicio oral contra un diputado –como pasó en diciembre, cuando Ábalos todavía era parlamentario–, la competencia del Supremo es "inmune a la pérdida de la condición de aforado" y argumenta que es un momento que "no puede quedar al azar o depender del capricho o voluntad del acusado".

77 días después de que el Tribunal Supremo los enviara a la cárcel, José Luis Ábalos y Koldo García han salido temporalmente de Soto del Real con motivo de la audiencia preliminar del juicio por la compra de mascarillas, que debe tener lugar en las próximas semanas. Es una vista inédita que se creó con la ley de eficiencia en la justicia, que entró en vigor hace diez meses. El ex número 3 del PSOE y su exasesor en el ministerio de Transportes han llegado al Tribunal Supremo con una furgoneta de la policía española a las diez y media de la mañana, media hora antes de la cita. También asistió el tercer acusado, Víctor de Aldama, aunque él está en libertad y no había hecho alegaciones. Por primera vez, los tres han coincidido en el banquillo de los acusados ​​y se han visto las caras con los siete magistrados que les juzgarán.

Investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán ha llevado este miércoles su estrategia de defensa en el Senado. En plena crisis del gobierno español por casos que se acumulan en los tribunales, y un mes después de salir en libertad provisional de la cárcel, el ex número tres del PSOE ha comparecido en la comisión del caso Koldo en la cámara alta para reivindicar una vez más su inocencia. Aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos por los que está encausado, aseguró que es víctima de una "persecución propia de la Inquisición" y vinculó su investigación a su papel en el acuerdo de la ley de amnistía.