El hermano de Koldo declara que fue dos veces a la sede del PSOE a buscar sobres con dinero

MadridLa imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

Los protagonistas de la primera sesión –que se ha alargado diez horas– han sido tres: el hijo y la expareja de Ábalos y el hermano de Koldo García, que han declarado como testigos. El titular de gran importancia se lo ha llevado Joseba García, que ha reconocido que fue dos veces a la sede del PSOE –en la calle Ferraz de Madrid– a recoger sobres con dinero que eran para Koldo y para su esposa, Patricia Úriz.

"Entrego el DNI, paso por el arco de metales como todo el mundo y me preguntan con quién he quedado", ha relatado a preguntas de Leticia de la Hoz, que es la abogada de él y de su hermano. Se había citado con Celia Rodríguez, trabajadora de la secretaría de organización del PSOE, que cuando declaró como testigo durante la instrucción aseguró que Koldo centralizaba las liquidaciones relacionadas con Ábalos y su equipo. Días después la Audiencia Nacional comenzó a investigar los pagos en efectivo que hacía el PSOE. "Ellos me dijeron dónde debía subir y ella me dijo «Aquí tienes el dinero». El sobre lo cerró delante de mí", ha añadido. También ha justificado que Koldo usaba tres sobres para gestionar los gastos en función de si eran atribuibles al ministerio, al PSOE o a cuestiones personales de Ábalos.

Los socialistas siempre han negado cualquier irregularidad y han justificado los pagos en efectivo a dirigentes del partido por gastos reembolsables que eran en ejercicio de sus funciones. Este mismo martes el gobierno español ha presumido, de hecho, de haber levantado un cortafuegos desde que estalló el caso y se ha vuelto a desmarcar. "Tolerancia cero con la corrupción, actuamos de manera inmediata", ha defendido esta mañana la portavoz del gobierno español, Elma Saiz. Está por ver hasta qué punto el juicio –y la futura sentencia– acabará afectando o no al presidente español, pero el PP hace tiempo que utiliza el caso como torpedo a la línea de flotación del proyecto político del actual presidente español, que llegó a la Moncloa en 2018 para poner fin a la corrupción de los populares sentenciada en el caso Gürtel.

"No trabajaba activamente"

El testigo estrella, sin embargo, ha sido el de Jessica Rodríguez, que fue la pareja de Ábalos entre 2018 y 2019. Ha llegado al Supremo con una mascarilla negra para que no se le viera la cara y se la ha dejado puesta durante toda la mañana, mientras esperaba sentada en un banco fuera de la sala. Durante su declaración, las cámaras no la han enfocado y no se le ha podido ver el aspecto. "[Él] No pensaba divorciarse mientras fuera ministro. Yo no quería seguir con esta situación cuatro años y lo dejamos", ha explicado. Uno de los elementos que están en el punto de mira es el alquiler de un piso en el paseo de la Castellana de Madrid, que era donde vivía ella: "Creo que [Ábalos] se sentía culpable porque me hizo cambiar el estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que me hizo. Y por eso me dejó el piso".

Jessica Rodríguez tiene un papel destacado en el juicio –ha estado declarando más de dos horas– porque fue contratada por Ineco y Tragsatec –dos empresas públicas– y estuvo cobrando sin ir a trabajar. Y lo ha vuelto a admitir: "Tenía un contrato de trabajo, pero no trabajaba activamente", ha dicho. "Cobrada y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran qué tenía que hacer, [...] no tengo más conocimiento del trabajo que tenía que hacer", ha dicho más tarde. En cambio, por la mañana, Joseba García había negado que fuera su responsable: "Nunca he sido el jefe de nadie, era un compañero de trabajo".

Uno de los momentos sorprendentes de la declaración de Jessica Rodríguez ha llegado a preguntas del abogado de Ábalos. "¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", le ha preguntado Marino Turiel, que se ha visto obligado a reformularlo.

—¿Recibía una contraprestación económica a cambio de sexo?

—Soy dentista y estoy colegiada.

Reuniones con Aldama y viajes a la República Dominicana

Joseba García, hermano de Koldo García, también ha explicado que los ocho encuentros que tuvo con Aldama, que la Guardia Civil afirma que eran para repartirse dinero, eran realmente fruto de las reclamaciones que él le hacía después de haberle comprado un coche: "Es la peor compra que he hecho en mi vida. Le pedí que me devolviera el dinero y me huyó de estudio. Tuve que deshacerme del vehículo como si fuera chatarra", ha lamentado. También ha hablado de los dos viajes que hizo a la República Dominicana y que la Fiscalía dice que eran para recibir sobres de dinero que después Aldama entregaría a Koldo y Ábalos. El hermano del exasesor ha explicado que viajó al otro lado del Atlántico por negocios y porque estaba conociendo a una chica dominicana. Él recogió un sobre en la otra punta del país y lo entregó posteriormente –en España– al chófer de Aldama. Pero nunca supo qué contenía.

También ha declarado el hijo del exministro, Víctor Ábalos. "¿Cuál es la situación económica de su padre desde que comenzó el procedimiento?", ha preguntado Marino Turiel, su abogado. "Lamentable, como la de toda la familia", ha contestado él. Se ha desmarcado de la gestión de su patrimonio –"No soy custodio de nada de nadie", ha dicho– y ha explicado que apoyó económicamente al exministro después del divorcio: "En caso de que le hubiera de dejar dinero, es mi dinero. [...] Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos y de mi cuenta bancaria, sin más ni más".

Armengol y Torres niegan presiones

Antes de comenzar con los testimonios presenciales se han leído los dos informes por escrito que han entregado Francina Armengol, que era presidenta de las Illes Balears y ahora es presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, que era presidente de las Illes Canàries y ahora es ministro de Política Territorial. Ambos están eximidos de declarar en persona. Armengol ha negado categóricamente que interviniera en la compra de mascarillas: "Jamás recibí órdenes o presión para efectuar ningún contrato". Y Ángel Víctor Torres ha admitido que el hecho de que Soluciones de Gestión –la empresa que está en el epicentro de la presunta trama– hubiera vendido mascarillas al ministerio de Transportes fue una "referencia positiva". Además, ha reconocido que hizo "seguimiento" del expediente, pero ha asegurado que no dio "ninguna órden" para beneficiar a la empresa.