Abogados de oficio y terapias intensivas para las familias con riesgo de retirada de tutelas de los hijos

BarcelonaLas familias a quienes la Generalitat abra un expediente por desamparar a los hijos menores de edad contarán con asistencia jurídica gratuita desde el mismo momento en que se inicia el procedimiento administrativo. Esta es una de las propuestas que plantea la consejería de Derechos Sociales e Inclusión dentro del plan de reforma del sistema de protección de la infancia anunciado hace un año en el que han participado profesionales de diferentes sectores. De hecho, se han recogido buena parte de las demandas del sector jurídico (abogados y fiscales), que en algún punto también coincidían con las familias afectadas al reprochar que la retirada de tutelas es un proceso poco transparente.

El plan consta de diez medidas que abarcan desde la fase de detección y evaluación del riesgo que sufre el menor en familia hasta cómo se plantea la vuelta desde el centro de acogida al núcleo familiar. En algunos casos, se trata de medidas que ya se habían aprobado, pero nunca se habían llegado a desplegar ni poner en marcha, según ha indicado la consejera Mónica Martínez Bravo en una respuesta parlamentaria al PP. Hace más de 15 años se creó la figura de la procuradora de la infancia y la adolescencia que nunca ha arrancado y que se presenta como "la voz y los intereses" de los niños.

Cuando el riesgo detectado es grave, la Generalitat confía en un programa piloto de Save the Children que consiste en ofrecer terapia intensiva a las familias con visitas casi cada día al domicilio durante meses. El trabajo se hace con los padres para reforzarles las competencias parentales y en paralelo con los niños y pretende ser una "última oportunidad para enderezar" la situación familiar y evitar llegar a la retirada de los hijos, según Martínez Bravo.

Criterios unificados

En la primera fase, que es la detección de problemas en la crianza de los niños, la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) se compromete a que todos los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (de competencia municipal) de Cataluña tengan los mismos criterios a la hora de evaluar el riesgo del niño, disponiendo de un listado unificado con los ítems que hay que valorar.

Además, se registrarán las sesiones entre las familias y los equipos profesionales que aportarán "seguridad jurídica" para los procesos y una comisión de expertos externos analizará posibles soluciones para los casos más difíciles. La consejería invertirá 10 millones de euros para reforzar el personal de estos equipos que hoy, al estar saturados, no pueden dedicarse a la prevención y el acompañamiento de las familias y casi actúan cuando ya hay un problema grave.

La DGPPIA tiene casi 20.000 menores con un expediente abierto, de los cuales 8.700 tienen una medida de protección. De estos, el 60% residen en centros, y el resto con familias extensas, como tíos o abuelos, o de acogida. Hace once meses, la consejería creó una comisión de expertos para analizar dónde falla el sistema y plantear nuevas propuestas que supusieran un "cambio de paradigma". Este martes, Martínez Bravo ha indicado que si las nuevas medidas no son suficientes y se demuestran ineficaces con los objetivos de mejora, harán unas nuevas, siempre con la voluntad de que el sistema de protección de la infancia sea "la joya de la corona del estado del bienestar".