Archivada la denuncia de Cs contra Colau por posibles irregularidades en la contratación pública
El Tribunal de Cuentas desestima la acusación después de no apreciar responsabilidad contable en los hechos
BarcelonaAhora que la gestión económica –y especialmente el otorgamiento de subvenciones– del gobierno de Ada Colau en Barcelona está en el ojo del huracán, bajo una investigación de la Fiscalía que tiene que determinar si se ha favorecido a entidades afines, el gobierno municipal ha recibido una buena noticia: el Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia que el grupo municipal de Cs interpuso el año pasado contra la alcaldesa y su equipo por presunta "mala praxis" en la contratación pública entre los años 2017 y 2020. La formación naranja acusaba al Ayuntamiento de abusar de las adjudicaciones hechas "a dedo" y de la fragmentación de contratos para no superar el máximo que implicaría la apertura de procesos más grandes. Ahora, en una resolución a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal de Cuentas desestima el caso y concluye que no se desprenden "indicios de responsabilidad contable" y que no se ha apreciado malversación de dinero público.
La resolución apunta a que la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luz Guilarte, renunció a personarse en la causa y pidió que se la tuviera en cuenta como colaboradora en el proceso pero no como parte procesal. El tribunal recoge esta renuncia a la hora de desestimar la acusación y archivar el caso y comparte criterio con la Fiscalía, que, en un escrito del 15 de diciembre, ya defendió el archivamiento de la denuncia. Fuentes municipales defienden que entre los años 2016 y 2019 se ha reducido un 43% la contratación menor.
El Tribunal de Cuentas también tiene sobre la mesa otra denuncia contra el gobierno de Colau, en este caso promovido por Agbar, por haber destinado recursos del consistorio a estudios sobre la municipalización del agua y haber otorgado ayudas que se consideran "desproporcionadas" a entidades favorables a este proceso, como Ingenieros sin Fronteras. En cuanto a la investigación de la Fiscalía sobre las ayudas a entidades afines al gobierno, la asociación unionista Abogados Catalanes por la Constitución, que fue quien la presentó, anunció esta semana que la ampliaba para pedir también que se investigue a los concejales Gerardo Pisarello y Eloi Badia y al diputado por Barcelona en el Congreso Jaume Asens.
Cs, a su vez, ya ha abierto otra vía legal contra el gobierno municipal. Lo ha hecho a través de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información de la Generalitat, donde ha presentado una reclamación contra Colau por no haber atendido 36 peticiones de información por escrito sobre temas como las subvenciones otorgadas al Observatorio Desc o el coste del viaje a Nueva York, durante las Fiestas de la Mercè del 2019, para participar en la cumbre mundial de ciudades por la emergencia climática.
