Ni las ayudas rescatan a los sinpapeles de la pobreza

BarcelonaA Juan (nombre ficticio) la vida le iba bastante bien hasta que el gobierno español le ha denegado el derecho a asilo y se ha convertido de un día para el otro en un inmigrante en situación irregular. Colombiano, llegó a Catalunya hace un par de años como solicitante de asilo y casi desde el principio trabajó en una empresa familiar con contrato y un sueldo que le ha permitido arraigarse. Hasta que ha recibido la noticia de que su demanda de asilo se ha rechazado. Ha perdido el trabajo y lo peor es que todavía no puede iniciar los trámites de regularización porque la ley exige una estancia de tres años de arraigo probado y, por lo tanto, le falta uno, y un contrato laboral de un año a jornada completa. Sin papeles, se queda a la intemperie, en la desprotección, y ni siquiera en los servicios sociales del municipio metropolitano donde reside le pueden dar una solución que no sea que espere un año. 

De repente Juan ha pasado a ser uno de los 100.000 inmigrantes en situación irregular que se calcula que viven en Catalunya, alrededor del 15% de los extranjeros, un 5% más de lo que representan en España. Son un colectivo invisibilizado y desprotegido que después de haber abandonado su país de origen buscando una mejora vital o incluso la supervivencia física se encuentran con “una carrera de obstáculos para conseguir derechos” en un proceso “largo y desgastante”, ilustra Míriam Feu, jefa de análisis de Cáritas y responsable del estudio Fronteras de papel, sobre los que tienen que malvivir en situación administrativa irregular.

Proceso deshumanizante

El estudio, impulsado por la Mesa del Tercer Sector Social y presentado en el Ateneu Barcelonès, pretende ser un toque de atención ante las desigualdades y la "deshumanización" a la que están condenados los migrantes irregulares desde que pisan suelo español, puesto que en el mejor de los casos podrán iniciar los trámites legales a los tres años de residencia. Delante solo encuentran un no por respuesta y unas leyes y normas que les cierran el paso incluso a las prestaciones sociales de emergencia. Así, solo pueden recurrir a la red familiar o de amistades, que a menudo pasa por las mismas condiciones, o a las entidades sociales. Según los cálculos de Feu, las ayudas son tan escasas que la tasa de riesgo de pobreza solo se reduce en un 2,5% entre estos migrantes una vez han recibido la prestación (comida, ropa o pequeñas cantidades), mientras que en el caso de nacionales españoles la mejora es del 13%. “El estado del bienestar es inexistente”, lamenta la analista, que subraya que ya de partida el riesgo de sufrir pobreza es cuatro veces más elevado entre los sinpapeles que entre los autóctonos.

En el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por la jefa de sociedad del diario ARA, Elena Freixa, Raúl Martínez, del ECAS (Entidades de Acción Social) y de la Cepaim, ha denunciado que "las leyes están hechas para decir [a los migrantes] «vete»", en una expresión compartida también por el resto de participantes, Gerard Català, de la Cruz Roja, y Ferran Rodríguez, de Eveho, que han denunciado los abusos y el desgaste emocional que sufren los colectivos por la exclusión y las dificultades añadidas al proceso migratorio. Así, su índice de paro dobla al de los autóctonos, como el de la temporalidad laboral, teniendo en cuenta, sin embargo, que no pueden aspirar a otra cosa que trabajos informales aunque tengan titulaciones, porque también el proceso de homologación de estudios es costoso y largo. Las diferencias de la exclusión social son una brecha descomunal: se triplican las dificultades de acceso a una vivienda, en cuanto a salud solo pueden acceder a la privada o la básica del sistema público, mientras que no tienen derecho a la participación política ni a una plaza pública en estudios superiores.

Faouzi Zahr acaba de presentar la documentación para poder regularizar su situación y solicitar el reagrupamiento para poder traer a su hijo de doce años a vivir con él. Natural de Marruecos, de 48 años y separado, Zahr confía en que los papeles supongan un “salto” que le permita “ayudar a la familia”, enviar dinero a sus padres y que su hijo pueda estudiar una carrera. “Ojalá se convierta en empresario o arquitecto”, dice, y explica lo imposible que le ha sido conseguir un trabajo o una vivienda digna porque para la administración es un irregular. Al principio, relata, tiró de los pocos ahorros que tenía y el dinero que sacaba de la chatarra para pagar alguna pensión y sobrevivir, y desde hace un año vive de realquilado en un piso con cuatro hombres más, también marroquíes. “El primer y gran obstáculo que se encuentran es el de la vivienda”, asegura Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que afirma que la única alternativa es “o calle o compartir o realquilar viviendas precarias y pequeñas”.

Sin derecho a ninguna ayuda oficial, como la renta garantizada o el ingreso mínimo vital –el colectivo tampoco tiene derecho a prestación de paro o ERTE–, Zahr se ha visto abocado a recurrir a Cáritas y colabora con la Fundació Benllar, que ofrece cursos de lengua o de informática básica, porque, como coinciden expertos y migrantes, todo el sistema está diseñado con trámites burocráticos complicados y, sobre todo a raíz de las restricciones pandémicas, para hacerlos online, sin tener en cuenta las dificultades tecnológicas e idiomáticas de la mayoría de beneficiarios.

Deberes para las administraciones

En el informe se reclama al Estado que agilice el sistema de concesión de citas previas para todos los trámites necesarios o conceda la autorización de trabajo a los jóvenes migrantes sin referentes familiares extutelados que llegan a la mayoría de edad y quedan desprotegidos, así como advierte de la prioridad de garantizar la plena inclusión del sector de trabajo doméstico en el régimen general de protección social de la Seguridad Social. Para la administración catalana, se señala que hay que garantizar la atención a los servicios sociales de las personas migradas, especialmente las que tienen una situación administrativa irregular y su acceso a prestaciones sociales básicas; asegurar una mejor protección de los menores solos, y seguir trabajando para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas migrantes con plenas garantías, reforzando la dotación de las ayudas públicas. Las entidades sociales también instan a los ayuntamientos a cumplir con la obligación legal de empadronar a todas las personas que viven en un municipio, independientemente de si tienen residencia legal.