La renta mínima no llega ni al 7% de los usuarios de Cáritas

BarcelonaLa pobreza se enquista y lo más grave es que las prestaciones de renta mínima que están en marcha son ineficaces porque dejan desatendidas a la gran mayoría de las personas que lo necesitan. Cáritas alerta de que apenas el 7% de las familias a las que atiende reciben algún tipo de ayuda social, mientras que el resto tienen que sobrevivir con los ingresos de trabajos informales y precarios. En la presentación del estudio sobre el impacto de la tercera oleada del coronavirus, la jefa de análisis de la entidad, Míriam Feu, ha advertido de que en este año de pandemia la pobreza se ha enquistado en colectivos que ya eran vulnerables antes de la crisis y, en cambio, el sistema de protección ha fallado a la hora de darles protección.

Los criterios para acceder al ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella que hace 10 meses desplegó el gobierno español, como la renta garantizada de ciudadanía (RGC), que otorga la Generalitat, son demasiado restrictivos y dejan fuera a muchos de los colectivos que han perdido los ingresos durante los meses de pandemia porque se ha desplomado el mercado laboral de trabajos informales. Quedan excluidos los inmigrantes que no han podido regularizar su situación administrativa, los chicos extutelados que han llegado a la mayoría de edad o los que comparten vivienda con personas que no son de su núcleo familiar. "El IMV solo existe sobre el papel", ha denunciado Míriam Feu, que ha reclamado un cambio de la ley para ampliar los beneficiarios e incluso publicitar estas ayudas, porque se han encontrado con que muchos de los usuarios desconocen la existencia de la renta catalana, y que las dos prestaciones sean compatibles y no excluyentes.

La radiografía de la pobreza de Cáritas ofrece un panorama desolador porque, a pesar de la tímida reanudación de las actividades económicas, el porcentaje de familias que sobreviven sin ningún ingreso sube ligeramente y se mantiene alrededor del 20%, respecto al informe de septiembre del 2020. El inicio de la pandemia y el confinamiento total de la primavera del año pasado cogieron por sorpresa a entidades y administraciones, que tuvieron que atender de la noche a la mañana a miles de personas que nunca habían recorrido a los servicios sociales porque tiraban con los sueldos de trabajos relacionados con los cuidados o los servicios esenciales. "Vivían al día", ha expresado el director de la entidad, Salvador Busquets. En números, más de 3.400 familias viven sin que en casa entre ni un solo euro, 2.000 más que hace un año. De las que sí reciben ingresos, casi la mitad de estas provienen de los ERTE, mientras que un tercio más vienen del trabajo informal. Seis de cada diez hogares tienen algún miembro en el paro pero solo un 8% reciben la prestación correspondiente, insuficiente para mantener a todo el núcleo, porque de media llega a los 530 euros. En este último año, los hogares con pobreza severa representan dos tercios, cosa que supone que este grupo haya crecido en 18 puntos y supongan ya 10.800 unidades familiares.

El empeoramiento de la situación tiene un gran impacto en la vivienda. Una cuarta parte de las familias atendidas han tenido que cambiar de piso, o pasar a compartirlo con desconocidos o familiares para poder hacer frente a la reducción de ingresos. Los realquilados ya suponen el 40% de los atendidos durante esta tercera oleada por Cáritas y tres cuartas partes no cuentan con una vivienda con las mínimas condiciones, con falta de espacio y falta de intimidad.

Conservar un techo ha sido y es todavía el gran reto de las familias, que dedican la mayor parte de los ingresos a pagar los alquileres de pisos y habitaciones. Según constata Cáritas, muchas han sufrido los abusos de propietarios de las viviendas, si bien el porcentaje se ha reducido en un 6,6%, pero a un 16% les han querido aumentar el precio del alquiler durante este tiempo. Por el contrario, un tercio han podido renegociar el aplazamiento de pagos y un 13% incluso han conseguido una rebaja de la factura.

Más estrés y miedo

Después de un año de pandemia, el miedo y la desesperanza se han instalado en estas familias. Una de cada tres admite que su estado de salud ha empeorado, en parte también porque las restricciones han dificultado el acceso a la atención primaria pero también porque la incertidumbre del futuro y la inseguridad por el día siguiente ha hecho aumentar las situaciones de estrés, ansiedad o insomnio, ha explicado Feu, que también ha subrayado que los usuarios de la entidad que tenían cierta red familiar o de amistades la han ido perdiendo porque estos apoyos también han quedado desprotegidos y con las mismas dificultades para sobrevivir, así que ha crecido el aislamiento social y la soledad no deseada, sobre todo entre la gente mayor.

Con este panorama Cáritas ha puesto como deberes a las administraciones el fortalecimiento del sistema de protección. Por un lado, ha pedido a los ayuntamientos que cumplan con su deber de empadronar a los inmigrantes que no tienen los permisos regularizados porque con el padrón consiguen acceder a derechos básicos, como la atención primaria. Para los gobiernos español y catalán ha sugerido que reduzcan los trámites burocráticos para poder cobrar las prestaciones de renta mínima, teniendo en cuenta que los beneficiarios tienen niveles de formación muy bajos y, además, presentan más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías e internet, que es la vía requerida para solicitar las ayudas.

Para hacer frente al aumento de la demanda, Cáritas se tuvo que endeudar el año pasado en unos 3,8 millones de euros y para este ejercicio la entidad prevé acabar también en números rojos. De momento, ha tenido que habilitar un fondo específico de entre 1,5 y 2 millones de euros para minimizar las pérdidas.