La nueva matriz de Applus instala su sede social en Cataluña
La compañía de certificaciones e ITV se había marchado a Madrid tras el 1-O
BarcelonaLa nueva compañía matriz del grupo de certificaciones e ITV Applus ha instalado en Catalunya su sede social, según han informado fuentes de la compañía al ARA. Applus fue una de las grandes empresas que trasladó su sede social fuera de Catalunya tras el referendo del 1-O.
El grupo, que cotizaba en bolsa, se vio sumido el año pasado en una serie de opas y, a raíz del cambio de propiedad y la adquisición por parte de TDX e I Squared, Applus+ ha creado una nueva cabecera, llamada Amber BidCo, SL, que está domiciliada en Barcelona, según han domiciliado en Barcelona. Así, una de las empresas que se llevó su sede social a Madrid tras el 1-O tiene ahora su centro de decisión en la capital catalana.
Cuando se marchó con el referéndum, Applus se trasladó al Parque Empresarial Las Mercedes. Este retorno de la sede social a Cataluña se suma a los que han aprobado en los últimos meses otras empresas importantes, como el Banco Sabadell, la Fundación la Caixa y su holding CriteriaCaixa, Molins (la antigua Cementos Molins), Laboratorios Ordesa o dos filiales de Cirsa: Cirsa International Business Corporation y Cirsa Enterprises.
Amber, el consorcio entre los fondos I Squared y TDX, se impuso en la carrera para tomar el control de Applus tras la guerra de opas. Según la información publicada por la CNMV, Amber presentó una oferta de 12,78 euros por acción, por encima de la planteada por el fondo estadounidense Apollo, de 12,51 euros por acción.
Applus es una empresa nacida en Catalunya –surgió dentro del grupo Agbar, aunque después se desvinculó–, pero mantiene una fuerte presencia en el Estado y también a nivel internacional, tanto en el negocio de las ITV como en el de las certificaciones. Además, la compañía logró el año pasado renovar la adjudicación por parte de la Generalidad del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (Idiada) y su circuito de pruebas Idiada por 800 millones de euros, en la mayor operación patrimonial del Gobierno. La multinacional controlará al 80% de la compañía durante 25 años, después de haber presentado una oferta económica de 428 millones de euros, casi el doble del importe mínimo fijado en las bases del concurso. Este valor, junto al dinero que abonará a la Generalitat en los años de duración del contrato, implica que el ejecutivo catalán ingresará más de 800 millones de euros.
