Barcelona defiende que no podía saber que la empleada que desvió ayudas sociales ya lo había hecho en Montmeló

BarcelonaDos semanas después de que estallara el caso, el gobierno de Barcelona ha hecho su primera comparecencia pública para dar explicaciones sobre la trabajadora que debería desviado dinero ayudas sociales durante siete años. La encargada ha sido la quinta teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Raquel Gil, que nada más empezar ya ha avisado de que no podría ofrecer demasiada información a los grupos porque el caso estaba judicializado después de que el propio Ayuntamiento lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía. Sí ha defendido, sin embargo, que el fraude no hizo que ningún usuario de los servicios sociales se quedara sin ayudas y que el Ayuntamiento de Barcelona actuó correctamente cuando contrató a esta persona en el 2018 a pesar de que ya había protagonizado un caso idéntico en el Ayuntamiento de Montmeló.

"¿Cómo puede que esta persona volviera a trabajar al sistema público sin ningún tipo de advertencia?", han preguntado los grupos de la oposición durante la comparecencia de Gil. La teniente ha explicado que cuando se la contrató, la trabajadora -ahora apartada de sus funciones- cumplía "los requisitos" y había realizado las "declaraciones juradas" imprescindibles. "Vivimos en un estado de derecho donde existe la presunción de inocencia", ha remarcado Gil, quien ha defendido que sin "sentencia firme" por el caso de Montmeló no podía saltar ninguna alarma en el Ayuntamiento de Barcelona: "No es un tema de falta de comunicación, en todo caso deberíamos hablar sobre la agilidad o no de los mecanismos judiciales".

Cómo avanzó El Periódico, la trabajadora del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) que durante siete años habría desviado cerca de 400.000 euros de ayudas sociales a cuentas bancarias propias ya había sido denunciada en 2015 por hacer lo mismo en el Ayuntamiento de Montmeló. Allí la pillaron cuando habría desviado ya 60.000 euros. Ese caso sigue abierto y sin sentencia firme, algo que según Gil explica que no saltara ninguna alarma cuando Barcelona la contrató y, también, que no fuera hasta este año cuando una compañera la reconoció y se pudo detectar el posible fraude.

El hecho de que fuera la casualidad -una compañera suya en Montmeló volvió a coincidir con ella en una oficina en Barcelona- y no ningún mecanismo interno lo que hiciera saltar la alarma ha sido otro de los puntos en los que los grupos han hecho hincapié. Lo apuntaron las concejalas de Junts y ERC Neus Munté y Eva Baró, que subrayaron que no era lo mismo tener mecanismos de oficio que detecten estos casos o que sea una detección fortuita, porque en este último caso "da la sensación de que podría haber otras situaciones que no se hayan podido detectar".

Sin embargo, tanto Gil como Junts, Barcelona en Comú y ERC han hecho énfasis en la importancia de no estigmatizar al conjunto de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, que "en su absolutísima mayoría hacen muy buen trabajo". "No podemos permitir que ponga en cuestión el sistema de ayudas del Ayuntamiento", avisó la teniente de alcalde, quien insistió en que se trataba de un "caso aislado" y aseguró que "no volverá a pasar".

"Ninguna persona se ha quedado sin ayudas"

Desde Comuns, la concejala Carolina Recio ha exigido al Ayuntamiento que "llegue hasta donde tenga que llegar" y se persone como acusación particular si se acaba abriendo juicio y que estudie si es necesario resarcir a usuarios de los servicios sociales afectados "que pueden haber dejado de percibir ayudas que les correspondían". Gil le ha respondido que "ninguna persona se ha quedado sin ayudas", porque "el daño se ha hecho en los presupuestos generales del Ayuntamiento, pero no en las ayudas".

La trabajadora del IMSS denunciada utilizaba los datos de los usuarios de servicios sociales a los que tenía acceso para tramitarles ayudas de urgencia sin que lo supieran. De este modo, fingía que les tramitaba una ayuda de urgencia para pagar, por ejemplo, una habitación, pero estos fondos iban a parar a cuentas paralelas de la trabajadora sin que los usuarios de los servicios sociales ni siquiera llegaran a saber nunca que se había solicitado una ayuda en su nombre.

Pese a defender la actuación del Ayuntamiento, Gil ha reconocido que el caso ponía de manifiesto "la necesidad de actualizar constantemente mecanismos de control". En este sentido, ha recordado que el IMSS ya trabaja desde el pasado año en un nuevo modelo de ayudas y un nuevo reglamento "con el objetivo de mejorar el control".