Barcelona

Colau renuncia a crear vivienda de protección oficial en remontas en Gràcia

El plan urbanístico que aprobará el Ayuntamiento reduce de 42 a 9 los pisos amenazados de expropiación

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Algunes de las casas tradicionales que se quieren proteger en el barrio de Gràcia

Barcelona"Quiero hacer obras en mi casa, pero no sé si esto implicará que tenga que convertirla en un nuevo piso de protección oficial". Este era la duda que expresaba Glòria Bonet, vecina del barrio de Gràcia de Barcelona, a este diario cuando leyó la letra pequeña del plan que el Ayuntamiento quería aprobar para fijar las normas urbanísticas de la Gràcia del futuro, un plan que, además, se quiere que sirva de base para adaptarlo a la realidad otros barrios de la ciudad. El temor tenía fundamento: la modificación del plan general metropolitano (MPGM) que presentaba el gobierno de Colau estipulaba que cualquier remonta que se hiciera en el barrio –y ella preveía una– tendría que enfocarse a crear una nueva vivienda de precio asequible, y estimaba que, a largo plazo, esto permitiría ganar un millar de los más de 2.000 pisos de protección oficial que se preveía generar en colaboración con la iniciativa privada.

Pero el documento definitivo que el gobierno municipal ya ha aprobado este jueves en comisión de gobierno y llevará a pleno a finales de mes renuncia a la vía de las remontas, que no quedan incluidas como mecanismo específico para generar nueva vivienda de protección oficial. "Generaba más malentendidos y problemas que virtudes", ha admitido en rueda de prensa la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz. Con todo, ha dicho que mantienen la idea de usar este sistema para aumentar el parque de vivienda a precio asequible pero que quedará incluido dentro del paquete de pisos que se prevé generar con la medida que ya obliga a los promotores a reservar el 30% a vivienda social en caso de nuevas promociones o grandes rehabilitaciones. Para hacerla más efectiva, en el caso de Gràcia se aplica ya a partir de parcelas de 400 metros cuadrados y no de 600 como el resto de Barcelona.

Por esta vía, el consistorio prevé que se podrán sumar, a largo plazo, 400 nuevas viviendas asequibles, pero la renuncia a las remontas obliga a repensar el cálculo inicial, que preveía generar unos 2.800 pisos de protección oficial en el escenario más conservador. El planeamiento final habla de 1.700, la gran mayoría de ellos fiados a la iniciativa privada: solo una cincuentena de pisos serán de promoción pública en dos nuevas promociones –en el pasaje Mercedes y en la calle Maignon–. El resto vendrán de la medida del 30%, de la subdivisión de pisos de más de 160 metros cuadrados (se estiman unas 450 viviendas) o de la conversión de plantas bajas en viviendas (unos 800 pisos posibles).

Vecinos del pasaje Frígola concentrados ante el lugar donde se quería abrir un vial para conectar con la calle Cardener.

Otro de los grandes cambios que incorpora el plan urbanístico después de las quejas vecinales y de la negociación con grupos políticos como ERC, que es quien permitirá su aprobación, es la reducción del número de vecinos amenazados de expropiación. El documento final mantiene la afectación en nueve viviendas cuando el planeamiento inicial afectaba a158, y el documento que se llevó a aprobación inicial recogía 42.

El redactado final exonera, por ejemplo, a todos los vecinos del pasaje de Frígola, un callejón situado muy cerca de la plaza Lesseps que nace en Verdi y tiene salida sólo a través de los Jardins del Mestre Balcells. El plan inicial preveía abrir un vial para conectar esta calle con Cardener, y esto implicaba la apertura de un túnel estrecho y de más de 37 metros de largo por debajo del último edificio del pasaje. No se hará, y quedan salvadas tanto las dieciséis viviendas como el local de los bajos, que funciona como centro cultural. "Somos los grandes liberados de la modificación", celebra Laura Callejas, una de las propietarias del local, que, aun así, pide esperar a verlo todo por escrito antes de abrir definitivamente el cava. La única vivienda de este ámbito que mantendrá la afectación es la que queda dentro de los jardines, que sí que será derribada.

También han quedado libres de expropiación quince viviendas del ámbito Valldoreix-Maignon. "Es un mensaje claro para los vecinos que queremos que sigan viviendo en su casa", ha asegurado Sanz. Quien no han tenido la misma suerte son ocho familias que viven en casetas bajas del ámbito Igualada-Milà y Fontanals-Banyoles, donde el gobierno municipal no renuncia a ganar, en un futuro, espacio verde.

Protegidas tres de cada cuatro fincas

En este caso, según el regidor de Gràcia, Eloi Badia, se ha priorizado la "calidad" del espacio que se puede llegar a ganar por encima de la continuidad de las viviendas ya existentes. Pero tanto Sanz como él han insistido que esto ha sido "'la excepción" y que en la mayoría de casos lo que hace el plan es quitar la losa de la afectación: se han reducido en un 94% respecto al planeamiento inicial. Y se ha incrementado de manera notoria la protección del patrimonio propio del barrio: ahora quedan protegidas 3.400 fincas del casco antiguo de Gràcia, es decir, un 73% del total.

El plan definitivo, sin embargo, mantiene la afectación sobre espacios como los laboratorios Viñas, en el ámbito Torrijos-Terol-Torrent de en Vidalet, donde se mantiene la calificación de zona verde. En este caso, el gobierno ha atrasado la previsión de inicio de las obras y asegura que no afectarán la actividad de los laboratorios. También se mantiene la afectación del antiguo teatro Principal, que ahora es un garaje y tiene que ser una zona verde, y la de la manzana Riera de Cassoles-Carolina, donde se prevé espacio libre y una equipación.

Compromiso por Joanic

La otra novedad, introducida fruto de la negociación con ERC, es acelerar las decisiones sobre la plaza Joanic, que inicialmente quedaba fuera del plan y mantenía las afectaciones a los vecinos que hace más de cuarenta años que viven en el limbo. El compromiso ahora es presentar un avance del plan antes de abril y aprobarlo antes de final de mandato. Vecinos como Adrià España, que vive en la plaza desde hace un año y medio, se han sumado a la plataforma que vertebra el malestar vecinal por los cambios urbanísticos y lo han hecho, sobre todo, por la incertidumbre de cómo acabará afectando a sus casas. "No sabemos si algún día las acabarán derribando para ganar verde, que es la calificación actual", apunta, y añade que ven mucho más factible que este verde se gane en actuaciones como recuperar interiores de manzana o quitar cemento de las plazas, y no derribando lo que ya está construido.

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