Junts rompe la negociación con Collboni por el 30% y derriba su medida estrella

BarcelonaHasta aquí. Junts per Barcelona ha oficializado este miércoles por la mañana que se levanta de la mesa de negociación para modificar la reserva del 30% de vivienda social en la capital catalana. En rueda de prensa, el líder del grupo en el consistorio, Jordi Martí Galbis, ha explicado que ha sido imposible llegar a un acuerdo con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que ha acusado de no querer alcanzar el pacto. De esta forma, si no hay un giro de guión de última hora, el alcalde no podrá cumplir la que era su principal promesa electoral. Su medida estrella.

Cambiar esta medida impulsada en el 2018 por el gobierno de Ada Colau y que obliga a los promotores a reservar un 30% de vivienda protegida cuando hacen obra nueva o rehabilitan edificios enteros en las zonas tensionadas de Barcelona se había convertido en la principal bandera de Collboni en este mandato. El ejecutivo lleva dos años alerta de que la normativa no ha funcionado porque no ha generado la vivienda protegida prevista y por eso había convertido en su principal objetivo del mandato modificarla.

En rueda de prensa, Martí ha explicado que el gobierno municipal no ha aceptado las propuestas que Junts había planteado para acompañar esta modificación del 30%, como rebajar un 4% el IBI. Según detalló, el ejecutivo de Collboni planteaba reducir el IBI como máximo un 2% y además compensarlo con un aumento de la tasa turística en la ciudad. El concejal de Junts lamentó que el alcalde haya actuado con "prepotencia" y que no se haya "arremangado" para llegar a un acuerdo, y le acusó de preferir que no hubiera pacto movido por intereses electorales.

Martí ha admitido que no veían con malos ojos el contenido de la propuesta de modificación del 30% sobre la mesa, que en la práctica diluía el impacto en el caso de grandes rehabilitaciones de edificios y limitaba la obligación de reservar vivienda protegida en algunos edificios de más de 1.500 metros cuadrados. Pero, para Junts, todo esto sólo tenía sentido si el cambio iba acompañado de todo un paquete de medidas sobre vivienda que incluyese la rebaja del IBI, la redefinición de la ordenanza de tanteo y retracto, crear un nuevo paquete de ayudas al alquiler ya la compra de primera vivienda o apretar a la Sareb para movilizar los activos que tiene en la ciudad. Por último, fue en la fiscalidad donde se tambaleó el acuerdo.

Aunque no ha cerrado la puerta a reabrir la negociación si Collboni acepta revisar su posicionamiento sobre el IBI, Martí ha admitido que no cree que sea posible y, por tanto, ha dado por liquidada la carpeta en este mandato. Tras lamentar que el PSC haya impedido un acuerdo que "era posible", Martí se ha comprometido a llevar la reforma del 30% en el programa electoral de Junts el próximo mandato.

El empuje de la patronal

De esta forma, se acaba uno de los grandes debates del mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Tal y como explicó este diario, en la última semana la posibilidad de que el PSC y Junts llegaran a un acuerdo se había alejado y empezaba a crecer el pesimismo entre las filas del gobierno municipal. Fuentes de Junts admitían hace algunos días que todo lo que ocurre en Madrid –con los casos de corrupción salpicando el hueso más cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez– hacía que fotografiarse con los socialistas cerrando un acuerdo fuera más difícil.

Esta situación llevó al cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jordi Valls, a lanzar un aviso público a Junts abriendo la puerta por primera vez a aparcar la reforma del 30% hasta el próximo mandato si no se cerraba un acuerdo antes del verano. Un ultimátum que no gustó en las filas de Junts, que este miércoles han certificado el fracaso de las conversaciones y han reprochado al ejecutivo de Collboni que les haya querido responsabilizar de un desacuerdo que, apuntaron, es culpa del gobierno.

El cambio de la normativa era también una demanda insistente de la patronal –con Fomento al frente– y del sector inmobiliario, que incluso habían contribuido a facilitar las conversaciones entre los grupos del PSC y Junts en el Ayuntamiento. Este miércoles Martí admitió que antes de ofrecer la rueda de prensa había contactado con representantes de estos sectores para comunicarles el fracaso de las negociaciones y darles su versión del desenlace de la reforma del 30%.

La última propuesta

Con el fracaso de las conversaciones entre el PSC y Junts, queda en papel mojado la última propuesta que el gobierno municipal había hecho llegar a los grupos y que, como avanzó el ARA, reduce sustancialmente el parque de vivienda que podría verse afectado por la medida. El último documento que habían intercambiado los grupos preveía que la norma sólo afectara a grandes rehabilitaciones de edificios de más de 1.500 m2 –hasta ahora eran los de más de 600 m2– y no todos.

Dentro de los edificios de más de 1.500 m2, sólo estarían obligados a reservar vivienda protegida aquellas grandes rehabilitaciones que impliquen un cambio de uso –el paso de oficinas a vivienda, por ejemplo– de más de 600 m2 y aquellos edificios con propiedad horizontal –con un único propietario– que hagan de un único propietario– que hagan un único propietario– propietario–, salvo que hayan sido rehabilitados en los últimos diez años. Ésta es, de hecho, una vía que hasta ahora han utilizado algunas propiedades verticales para esquivar la obligación del 30%. Para fingir que no se trataba de una gran rehabilitación de todo el edificio, sino que eran distintos propietarios rehabilitando su piso, vendían algunas de las viviendas de la finca.