Colau pide al juez que deje de investigarla por las subvenciones

BarcelonaFaltan tres semanas para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre en la Ciutat de la Justícia para declarar ante el juez que la investiga por las subvenciones. Pero la defensa de Colau ha movido ficha para intentar evitarlo: ha pedido al juez que archive el caso y que deje sin efecto la declaración del 4 de marzo. En el escrito dirigido al juzgado de instrucción 21 de Barcelona, los abogados de la alcaldesa –Olga Tubau y Àlex Solà– desmontan la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática contra ella argumentando que "no describe ni un solo acto ni una sola intervención" de Colau para tramitar las ayudas bajo sospecha. También cuestionan que por el hecho de que la alcaldesa sea la máxima responsable del Ayuntamiento esto permita "atribuirle una responsabilidad penal" de las decisiones que toma "la compleja organización municipal".

En el mismo texto, avanzado por El País y al que ha tenido acceso el ARA, los abogados discrepan del juez, que ha visto indicios para admitir a trámite la querella y citar a Colau, porque piensan que sin "ninguna intervención penalmente relevante" de la alcaldesa no se habría tenido que abrir la causa judicial ni tendría que declarar como investigada. En cuanto a los delitos que se atribuyen a Colau, sobre el de prevaricación administrativa por un acuerdo a favor del Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y Enginyers Sense Fronteres (ESF), explican que lo aprobó una comisión de la que no forma parte la alcaldesa y que el pleno municipal se "limitó" a ratificarlo.

Del delito de malversación de caudales públicos, la defensa de Colau critica que la querella plantee que la alcaldesa tiene "por sí sola una libre disponibilidad de los fondos del Ayuntamiento, para lo que quiera y para quien quiera", como si fuera su "economía doméstica". Por eso los abogados recuerdan que el presupuesto del consistorio lo controlan la gerencia y la tesorería. Así mismo, sobre el delito de fraude a la administración pública aseguran que la querella no expone "nada" que permita atribuirlo a Colau. Del delito de tráfico de influencias, los letrados apuntan que la querella no recoge qué funcionario o qué autoridad habría tratado de influir en la alcaldesa. En cuanto al delito de negociaciones prohibidas, niegan que Colau no cumpliera el deber de abstenerse.

Una investigación "prospectiva"

En el escrito, los abogados también ven "la absoluta falta de fundamento" de la querella en el hecho que de propone que declaren como testigos concejales o ex concejales de los comuns "sin precisar qué conocimiento o qué intervención habrían tenido" en el caso. Por eso hablan de la falta de "rigor" de la querella y argumentan que "sin ningún indicio material" supone una investigación "prospectiva", cosa que está prohibida constitucionalmente. "No resulta sostenible", según la defensa de Colau, que se lo investigue "sin determinación de la concreta aportación o intervención en unas supuestas subvenciones otorgadas de forma delictiva", motivo por el que consideran que se vulnera el derecho constitucional de no sufrir indefensión.