El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha salvado de la reprobación en el Parlament gracias a las abstenciones del PSC y los comunes, precisamente los partidos con los que el Govern ha acordado cambiar la ley sobre el catalán en las escuelas. Una moción de la CUP proponía cesar a Cambray porque "no ha sido capaz de dialogar y llegar a acuerdos" con la comunidad educativa para desencallar el conflicto, que ha provocado cinco días de huelga. A pesar de que todos los partidos han criticado con dureza la actitud del conseller, ERC, Junts y el PP han votado en contra; el PSC y los comunes se han abstenido, y Vox y la CUP se han quedado solo votando a favor. La diputada del PSC Esther Niubó ha dicho que "la ciudadanía" ya ha reprobado a Cambray, mientras que la diputada de la CUP Nogay Ndiaye ha acusado a los socialistas de formar "un tripartito encubierto" con el Govern para salvar al conseller.
Som Escola pide el "máximo consenso" para cambiar la ley del catalán y "protección" a directores y profesores
La plataforma reclama "instrucciones claras y comunes" sobre los proyectos lingüísticos de centro
BarcelonaDos semanas después de que se anunciara en el Parlament el acuerdo a cuatro bandas entre ERC, Junts, el PSC y los comunes para modificar la ley de política lingüística para hacer frente a la sentencia del 25% de castellano en las aulas, se ha posicionado una de las plataformas que más tienen que decir en este tema: Som Escola ha hecho público un comunicado en el que hace dos reclamaciones clave. Por un lado, pide al Govern y al Parlament que busquen el "máximo consenso" para blindar el catalán como lengua vehicular y, por el otro, exige al departamento de Educación que dé "instrucciones claras y comunes" a todos los centros y "protección" a los directores y profesores para conseguirlo.
El posicionamiento de Som Escola, que esta tarde ha trasladado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha intentado encontrar el equilibrio entre el guirigay de asociaciones que integran la plataforma, donde hay asociaciones de docentes, familias y alumnos, sindicatos, el IEC, entidades como Òmnium, la Fundación Bofill y la Plataforma per la Llengua y las patronales de las concertadas. El texto recoge el malestar que ha mostrado buena parte de la comunidad educativa por el acuerdo, que se elaboró con discreción en los despachos y que mantiene el catalán como lengua vehicular, pero garantiza, sin marcar ningún porcentaje, que el castellano también es una lengua de aprendizaje en función del entorno sociolingüístico de los centros.
Según el texto de Som Escola, el contenido de esta propuesta "genera grandes preocupaciones e incertidumbres" entre la comunidad educativa en cuanto a su eficacia para garantizar el "blindaje" del catalán y la protección de los centros. Los defensores del cambio legislativo aseguran que regulando por primera vez los aprendizajes de las lenguas en Catalunya se evitará que sea el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el que acabe decretando automáticamente el 25% en castellano. En cambio, desde sectores como la CUP y sindicatos como la USTEC han avisado que la modificación de la ley solo servirá para que se dé más castellano en la escuela. En Som Escola estas visiones contrapuestas también se han puesto sobre la mesa y se ha acordado un comunicado de mínimos (y no del todo unánime, porque no ha pasado por el plenario y no han participado todas las entidades) en el que se pide a los políticos que abran un "diálogo honesto", porque cualquier acuerdo que afecta "substancialmente" a la escuela tiene que contar "necesariamente" con un consenso "amplio" a nivel político pero también social.
El texto llega después de la manifestación del fin de semana en Barcelona en contra del acuerdo (que tuvo un seguimiento escaso y que no fue convocada por Som Escola) y después de un manifiesto firmado por diferentes personalidades (algunas de las cuales, de entidades vinculadas a Som Escola) en el que se reclamaba a los partidos que no aprobaran el acuerdo porque "amenazaba" el catalán si se incorpora explícitamente" que el castellano es lengua en la escuela. El planteamiento de Som Escola, en cambio, no se moja sobre el papel que tiene que tener el castellano en la escuela.
Así, la plataforma quiere aprovechar la parada de la tramitación de urgencia de la proposición de ley (después de que Junts decidiera congelar el acuerdo por la polémica suscitada en las redes sociales) para consensuar los cambios y encontrar la manera de dar seguridad jurídica a los centros. En el texto, Som Escola exige a Educación que dé garantías y "seguridad y protección jurídica" a los centros para elaborar sus proyectos lingüísticos, sobre todo en caso de que quieran reforzar el catalán. Este posicionamiento enmienda, en parte, lo que había planteado de entrada la conselleria de dejar en manos de cada centro la decisión de cómo repartir las horas de aprendizaje: a pesar de que los directores consultados por el ARA avalaron que se les dé autonomía para decidir en función de su realidad social, también reclamaron protección para que el peso de la justicia no caiga sobre ellos si no dan un 25% de clases en castellano como establece la sentencia del TSJC. Ahora se estudia cómo se puede dar más cobertura legal a los directores a la hora de aprobar los planes lingüísticos.
Marín quiere más catalán en L'Hospitalet
Precisamente este jueves, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha defendido el acuerdo anunciado sobre el catalán y la necesidad de "flexibilizar" los planes lingüísticos. En una sintomática declaración, ha añadido que ella es partidaria de impartir el máximo de horas posibles en catalán en los centros de su ciudad, la segunda más grande de Catalunya, para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos del municipio, mayoritariamente castellanoparlantes. Marín ha lamentado "el error garrafal" de que se haya "politizado la lengua".
Una politización que el comunicado de Som Escola también critica, puesto que reclama a los tribunales que "detengan la intromisión" en cuestiones escolares y lingüísticas. La plataforma nació en 2011, cuando una cuarentena de entidades se unieron para defender el modelo de escuela catalana ante las sentencias del Tribunal Supremo que cuestionaban el uso del catalán como lengua vehicular en las escuelas. Más de diez años después, ya está formada por una sexagésima de entidades y ha vuelto a salir al paso de las sentencias judiciales con un comunicado que ha generado tensiones internas.
