Vivienda

Los ayuntamientos abren las primeras oficinas antiempleo para luchar contra un "no problema"

El Vendrell crea un organismo para responder al 5% de las ocupaciones "delincuenciales" en locales comerciales vacíos

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Activistas por el derecho a la vivienda protestan por un desalojo frente a los antidisturbios de los Mossos, en una imagen de archivo en Barcelona.

El Vendrell"Las ocupaciones de las viviendas no son un problema". Lo admiten desde los ayuntamientos de El Vendrell y de Castelldefels, que han hecho de la urgencia de los desalojos una de las grandes prioridades del mandato que apenas arranca. Lo cierto es que los datos que aportan los Mossos d'Esquadra confirman que las ocupaciones "delincuenciales", las que afectan a una residencia habitual y el Código Penal califica de violación de domicilio, son testimoniales. La historia de una familia que se va un rato de casa y cuando vuelve ya tiene dentro unos ocupas es “una falsa leyenda”, en palabras del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Según la estadística policial, de las 6.863 ocupaciones que se denunciaron en Catalunya el pasado año, el 98% tuvieron lugar en pisos vacíos. Esto significa que sólo en 159 casos, el 2,3% del total, se ocuparon domicilios habitados, independientemente de si se trata de viviendas de primera o segunda residencia.

En la capital de El Vendrell hace tres semanas que el socialista Kenneth Martínez abrió la oficina municipal antiempleo, la primera en Catalunya. El organismo se pone en marcha sin tener el protocolo de actuación a punto, confirma el primer teniente de alcaldía y concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, quien tampoco pone cifras absolutas del impacto del empleo y sólo señala que "la delincuencial" supone el 5% del total. Sí aclara que en todos los casos se trata de “locales comerciales vacíos”, considerados “primera vivienda” por la ley. Es un "porcentaje muy bajo" pero que crea inseguridad y problemas de convivencia con el resto de vecinos, justifica, porque los habitáculos se convierten "en supermercados de la droga".

El empleo y el desempleo se han hecho un agujero en la política aprovechando que la conjunción delescasez de vivienda accesible ha hecho aumentar el número de personas que, sin otra alternativa que la calle, entran en un piso vacío, propiedad de bancos o de fondo buitre. También están los que se convierten en ocupas sobrevenidos en su propio hogar. Y otra variable, que explica que el empleo sea tema electoral, pese a la baja incidencia, se atribuye a que las empresas de seguridad han visto una gran oportunidad de negocio respaldando la percepción del riesgo que la realidad desmiente.

Castelldefels, pendiente de aprobación

La derecha y, sobre todo la extrema derecha, son las que han hecho más bandera del “problema del empleo”, pero la corriente se extiende por otros municipios, sobre todo del área metropolitana, que reclaman unos plazos más diligentes para echar a los ocupas. Uno de los grandes varones de la lucha contra el empleo es el popular Xavier García Albiol, que con la mayoría absoluta ha creado la primera concejalía específica bajo el nombre de Área de Políticas contra las Ocupaciones Ilegales, que ha dotado con un presupuesto de cinco millones de euros y que, en un futuro, incluye la oficina.

Al otro lado de Barcelona, otro ayuntamiento en manos de los populares también tiene en la cabeza una oficina, pendiente de pasar por la junta de gobierno y el pleno. Se trata de Castelldefels, uno de los municipios con la renta y los precios inmobiliarios más elevados de Cataluña. La concejala de Presidencia, Marian Ortega, admite los problemas para encontrar una vivienda y apunta que la iniciativa "no responde a un número grande" de ocupaciones en este municipio de 67.000 habitantes, ya que actualmente tienen constancia de 55. Todas, afirma la concejala, están en “propiedades de personas jurídicas”, es decir, empresas, bancos o fondos; ninguno de particulares. En este caso, la ley ya tiene mecanismos para activar su desalojo.

Soriano, el concejal vendrellense, rechaza que su formación dé un estatus oficial que, según reconoce, no existe en este municipio de 40.000 habitantes. “Cuando me dicen esto, les digo que pisen calle”, responde. Para la oficina, explica, no se ha contratado a personal –funciona con la redistribución de funcionarios públicos– ni tampoco se ha instalado en un espacio. De momento atienden más inquietudes que denuncias.

Es la misma situación que dibuja la concejala Ortega, quien señala que no hay fecha de estreno de la oficina y que todavía no se ha perfilado el protocolo. "No es que te ocupen tu casa, pero los vecinos no saben qué hacer o cómo actuar en caso de que haya una ocupación", relata y, pide a quienes quieran ocupar "que pasen por el Ayuntamiento para encontrar una alternativa".

Estas oficinas son, para el Sindicat de Llogateres, una forma de crear “la falsa imagen de la ocupación” que han encontrado “gobiernos populistas” para no hacer frente al grave problema de la vivienda ya los miles de pisos vacíos que dejan sin techo familias enteras, reprocha a Lucila, una de las portavoces de la entidad. Por el contrario, critica que las instituciones no se involucren en hacer vivienda social. De hecho, en España menos del 2% del parque inmobiliario lo es. En Castelldefels, el consistorio cuenta con 53 de estas viviendas, ocupadas por usuarios de los servicios sociales, y construye otras 72 en una promoción nueva. En El Vendrell solo hay 12. "Es más barata una oficina que una buena política de la vivienda", concluye la portavoz.

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