Cataluña construye tres residencias geriátricas públicas una década después de la última
Derechos Sociales destinará casi 400 millones de fondos Next Generation en 765 proyectos sociales de construcción de centros e innovación tecnológica
BarcelonaUna década después de que se estrenara en Barcelona la última residencia geriátrica en Catalunya, la Generalitat construirá tres más en el distrito barcelonés de Les Corts, en Sabadell y en Terrassa. Los nuevos centros tendrán titularidad y gestión delegada, un método minoritario en el sistema catalán, en el que más del 60% de las plazas son privadas. Los tres proyectos suponen, además, el aterrizaje del nuevo modelo de residencias, revisado y aprobado a raíz de la alta mortalidad durante la pandemia, compartiendo el diseño para un máximo de 90 plazas distribuidas por unidades de convivencia, como si fueran pequeños apartamentos.
Las residencias son tres de las 765 actuaciones incluidas en la partida de 375,2 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation que la Generalitat destinará a la construcción y remodelación de infraestructuras y la innovación social. Se trata de la "mayor inversión" de la historia en el sector social, ha subrayado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la presentación ante representantes del sector social que se ha hecho este viernes en el Centro Cultural El Born de Barcelona . En palabras del consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, las partidas multimillonarias ayudarán a la "transformación del estado del bienestar para adaptarse a las reglas del siglo XXI".
Aparte de la obra nueva pública (unos 35 millones de euros en total), los Next Generation también se destinarán a la construcción de una cuarentena de nuevos centros para personas mayores, personas con discapacidad o enfermedad mental ya adaptar al nuevo modelo residencial 15 residencias para personas mayores y personas con discapacidad (38 millones de euros más). Pero ¿las tres nuevas residencias servirán para recortar la lista de espera, que se ubica actualmente alrededor de las 12.000 personas, ¿según los datos recopilados por la Mesa del Tercer Sector? Lógicamente, no. Las 270 plazas son del todo insuficientes para cubrir la alta demanda de personas que ya tienen reconocido el grado III de dependencia y, por tanto, tienen derecho a un centro público, pero fuentes del sector consultadas por el ARA señalan la importancia de la construcción de nuevos geriátricos (de titularidad pública y privada) y, sobre todo, el reciente aumento de la PEV (prestación económica vinculada) a 1.239 euros aprobado, puesto que permite reducir a las familias el copago para acceder a una plaza concertada o subvencionada. En este sentido, el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Lluís Torrens, ha añadido que una buena receta contra las demoras es invertir en la "prevención de salud y contra la soledad no querida" para retrasar así la entrada en el sistema de dependencia .
Con todo, la prioridad del departamento de Derechos Sociales no son las residencias sino la "desinstitucionalización" de los últimos años de vida para promover que la gente mayor que no padece enfermedad grave o invalidante pueda quedarse en su domicilio, contando con el soporte público cuando lo requiere. Torrens ha insistido en que la apuesta por la construcción de centros de día, así como de los llamados pisos de autonomía para dar respuesta al crecimiento de la población de personas mayores, que en dos décadas se doblará, responde al deseo de que la mayoría quiere evitar el ingreso en una residencia.
Atención a la infancia
En su intervención, Aragonès ha subrayado que los proyectos subvencionados con los fondos europeos abarcan desde la infancia hasta la vejez, por lo que cubren todo el ciclo de vida de una persona, y que durante años ha sido maltratado por "recortes ya superadas" y por la "sistemática infrafinanciación de Catalunya". Así, la secretaria de Infancia, Núria Valls, ha explicado que se destinarán 1,3 millones de euros para levantar seis de las trece nuevas Barnahus en toda Cataluña, concretamente en Tortosa, Mataró, Terrassa, Manresa, la Seu d'Urgell y Lleida. Se trata de servicios integrales de atención a criaturas que han sido víctimas de violencias sexuales y que les evitan tener que repetir las declaraciones de los hechos, ya que son los profesionales involucrados en el proceso de recuperación e investigación quienes se desplazan. _BK_COD_ Otra partida, en este caso con 14,7 millones de euros, permitirá la recuperación de un espacio en la antigua ciudad del reposo de Tarragona para convertirlo en un albergue de juventud con 556 camas, pensado especialmente para familias y colectivos vulnerables que no se pueden costear la factura de hoteles convencionales para realizar unos días de vacaciones.
En cuanto a la inclusión social, la Generalitat impulsará un código de accesibilidad con el que romper barreras físicas y sensoriales (auditiva y visual, o la combinación de ambas) con kits de accesibilidad comunicativa a espacios y servicios de atención. Estos paquetes incluirán bucles magnéticos o tabletas para ofrecer interpretación en lengua de signos y, según el secretario general del departamento, Oriol Amorós, permitirá que personas con discapacidad puedan acudir a actos y socializar sin problemas.
