Xavier Trabado Farré: "Una prestación social universal de 200 euros por hijo reduciría la pobreza"

BarcelonaMás de dos millones de catalanes reciben atención de entidades reunidas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social que confía en que el Parlamento apruebe, después de tres años, la ley del tercer sector que debe reconocer el trabajo que realizan profesionales y voluntariado. Desde mayo de 2025, Xavier Trabado Farré es su presidente en sustitución deEnric Morist, muerto repentinamente.

Los últimos datos ofrecen una fotografía de una Cataluña empobrecida y desigual. Uno 36% de pobreza infantil y uno de cada cuatro catalanes, pobre. ¿Qué cree que falla?

— Tenemos desde hace años los índices de pobreza más elevados de Europa y somos el territorio que menos reduce la pobreza generada por el mercado. Creo que esto es culpa de todos: la clase política no ha sido sensible, la sociedad civil y los agentes sociales no lo han priorizado y nosotros no hemos tenido capacidad de influir. Pero ocurre porque no tenemos políticas públicas con unos presupuestos significativos. Por eso intentamos que se haga realidad la prestación universal por hijo a cargo que plantea el gobierno español. ¿Cómo? Articulando la prestación a través de un crédito fiscal en el IRPF. Por tanto, sería una ayuda que no habría que solicitar. Proponemos 200 euros mensuales por hijo.

Tener prestaciones sociales universales contrarresta el discurso liberal contra la pagueta?

— Una de las razones por las que se habla de la pagueta seguramente se debe a que no hemos conseguido que los derechos sociales se vean como un sistema tan robusto como los sistemas de salud o el educativo. Y en el momento político actual, de discursos de odio y de cuestionar la capacidad del sector público por el bien común, esta prestación por hijo es una forma de entender por parte de toda la sociedad que los derechos sociales nos implican a todos. Debemos entender que la cohesión social no es sólo una cuestión de generar oportunidades sino también imprescindible para tener una sociedad más productiva, más innovadora.

La pobreza sale cara social y económicamente para el país.

— El coste de la pobreza infantil se estima en 60.000 millones anuales. Porque claro, si tú tienes un niño pobre que va a la escuela con problemas de nutrición, sin extraescolares, esto influencia en los resultados de PISA, facilita el abandono prematuro de los estudios e impactará en que pueda incorporarse al entorno laboral y que pueda tener una carrera profesional. Ante esto, estamos sujetos a los mensajes que estamos en un infierno fiscal y no es cierto. En Cataluña y en España estamos todavía varios puntos por debajo de la presión fiscal en Europa.

Las entidades llevan años advirtiendo que la burocracia frena que las familias lleguen a las prestaciones. ¿Ve mejoras en la reforma anunciada por la actual conselleria?

— Todos los problemas que tenemos son porque la maquinaria de derechos sociales es limitada, que no es responsabilidad exclusiva del gobierno actual sino que es fruto de muchos gobiernos anteriores. La maquinaria es muy débil y provoca cobros indebidos o elevados índices de personas que no cobran prestaciones a las que tienen derecho. La reforma anunciada es uno de los proyectos más importantes que tenemos como país para conseguir una gestión efectiva, ágil y eficiente de todos estos recursos o vamos a perder una gran oportunidad.

De hecho, no existe un sistema de servicios sociales, como tal.

— No existe un sistema de información entre los servicios sociales básicos, que son responsabilidad de los ayuntamientos, y los especializados, que se gestionan a través de la red de entidades del tercer sector por diferentes vías, subvención, conciertos, etcétera. Si lo comparamos con el sistema sanitario, es como si Salut sólo tuviera información de la atención primaria. Así no se puede realizar una acción centrada en la persona y coordinar a los profesionales.

¿Pero hay proyectos para cambiarlo?

— El Parlamento está tramitando la ley de provisión de servicios de atención a las personas, que debe articular los mecanismos de contratación y crear una agencia que lo único que haría es la gestión directa de estos servicios. Es absolutamente insuficiente, necesitamos una maquinaria como la que tenemos en salud, con capacidad de gestión, la compra de servicios, de evaluación y desarrollo de sistemas de información. Debemos ser más ambiciosos y aprovechar la creación de esta agencia. Por eso es primordial una dirección pública profesional, estable, elegida con criterios de conocimiento, porque en cada cambio de gobierno hay 500 cargos directivos que cambian. Esto ocurre cada dos años y tres meses de media en los últimos 15 años. Otra cosa a hacer es actualizar la cartera de servicios que lleva una década sin tocar. ¿Por qué ocurre? Porque la maquinaria no existe, está absolutamente infradotada y sin esa capacidad de gestión. Pero sin presupuesto nada se puede hacer.

¿Qué supone para el sector estar desde 2023 con los presupuestos prorrogados?

— Sólo podemos sobrevivir y necesitamos sumar recursos y prioridades en los ámbitos en los que creemos que son relevantes. A pesar del crecimiento del PIB, socialmente retrocedemos por la creciente complejidad social.

¿Cómo se plantea la Mesa el proceso de regularización de inmigrantes?

— De momento no sabemos los detalles, pero hemos alertado de que debe hacerse con todos los territorios y en todas partes. Por tanto, los ayuntamientos deben jugar un papel y las entidades sociales podríamos tener un papel muy activo porque tenemos la proximidad y la confianza de estas personas que acompañamos. Pero para eso son necesarios los recursos y el paraguas legal y administrativo. Ya veremos si lo logramos.

También ha advertido que los discursos ultras están entrando en los barrios con más vecinos vulnerables. Cómo se contrarresta con alcaldes capitaneando estos mensajes?

— Es una tendencia internacional que cuestiona el estado del bienestar y la gestión de lo público. Nos preocupa, pero afortunadamente, en Holanda los ciudadanos ya no refuerzan con tanta fuerza la extrema derecha. Donde la extrema derecha tiene poder no resuelve ningún problema, pero la gente los compra porque les da un culpable que puede ser la inmigración, la gente que recibe prestaciones, los pobres.