Una treintena de desalojados de la nave de Badalona pasan la noche a la intemperie

BarcelonaA la intemperie y con temperaturas gélidas. Una treintena de personas desalojadas ayer jueves de la nave de la calle Progrés de Badalona han pasado esta noche en la calle, justo ante la plaza de la antigua fábrica donde habían vivido durante meses en el Gorg, un barrio obrero de Badalona en plena transformación urbanística. Los servicios sociales de la ciudad han atendido a una decena de residentes, según fuentes municipales, que solo han detallado que ninguno de ellos quiso aceptar una plaza en el albergue de Can Bofill Vell, y a lo largo del día de hoy los técnicos especializados en sinhogarismo intentarán el contacto con el colectivo. El resto de desahuciados, alrededor de medio centenar de personas más, se han repartido por otras zonas de la ciudad, ayudados por amistades o familiares.

La noche ha sido especialmente fría, con temperaturas de tan solo tres o cuatro grados positivos, que el grupo ha intentado capear como han podido: con mantas y las llamas de un pequeño brasero que han recuperado de la nave ahora ya cerrada. Los más afortunados se han podido guarecer en una sencilla tienda de campaña que, cuando menos, sirve para defenderse de la humedad. Con la primera luz del día, la actividad ha vuelto al campamento, rodeado de edificios acabados de estrenar en uno de los barrios con más proyección de Badalona, al lado del puerto.

No es nada inusual que personas sin techo y sin una situación regularizada rechacen la ayuda formal que ofrecen instituciones públicas. Entidades y profesionales especializados señalan que hay una gran desconfianza hacia todo aquello que suponga dar los datos personales para un registro, puesto que se teme que esto pueda permitir a la policía identificarlos y localizarlos y, por lo tanto, ordenar su expulsión del país.

Hay otro factor clave que explica por qué no funcionan los recursos disponibles: hostales, albergues o pisos no están adaptados a las necesidades y circunstancias del colectivo al que pretenden dar servicio, puesto que son temporales y no disponen de un espacio específico para que los usuarios dejen la chatarra y el material que recogen por las calles para venderlo y ganarse la vida. Entre los residentes de la nave, la venta de la chatarra es el método de subsistencia de una mayoría importante, a pesar de que también los hay que han conseguido una pequeña ayuda que les permite estudiar o que incluso trabajan, pero el elevado precio de los pisos y las nóminas exiguas los condenan a malvivir en una fábrica desocupada.

Badalona, a favor del desalojo

Finalmente, y a pesar de que el desahucio estaba anunciado desde hacía meses y se había aplazado dos veces, ninguna de las administraciones competentes había preparado ninguna alternativa para reubicar al colectivo, la mayoría subsaharianos sin papeles y, por lo tanto, excluidos del sistema público de ayudas y prestaciones sociales. "No tenemos ningún sitio donde ir", repetían los jóvenes momentos antes de que una quincena de furgones de los Mossos d'Esquadra ejecutaran la orden judicial instada por la Sareb, el banco malo público propietario de las instalaciones.

El desalojo se ejecutó a pesar de que los ocupantes intentaron hasta última hora que tanto el juzgado como la Sareb aceptaran una moratoria de tres meses para pasar bajo cubierto los meses de invierno más duros y los efectos de la sexta oleada de covid. Pero la propiedad no quiso negociar ninguna prórroga y, a pesar de que el concejal de Servicios Sociales de Badalona, David Torrents, asistió a primera fila al desahucio y explicó que el consistorio había pedido más tiempo para hacer un "desalojo ordenado", horas después el alcalde, Rubén Guijarro, apoyaba la actuación policial para sacar a la ochentena de residentes a la calle argumentando que la fábrica es un lugar con condiciones "infrahumanas".

Guijarro subrayó que no permitirá "campamentos ilegales" en la calle como el que se ha montado ahora, en una repetición del que los supervivientes de la nave incendiada de la calle Guifré plantaron en diciembre de 2020 a unas pocas calles de distancia. Como ahora, los desalojados pasaron de las condiciones paupérrimas de una fábrica vieja, pero con un techo, a la intemperie de la calle. En esa ocasión el alcalde era el popular Xavier García Albiol, que se tuvo que esperar tres semanas para que un juzgado de la ciudad le permitiera echarlos.