España ilegaliza esterilizar a personas con discapacidad sin consentimiento

BarcelonaCon solo dos abstenciones, el pleno del Senado ha aprobado la proposición de ley para ilegalizar las esterilizaciones forzosas de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Las mujeres son las grandes perjudicadas de esta práctica, que supone una vulneración de los derechos reproductivos y que solo en la última década ha afectado a un millar de mujeres en España. Este es el penúltimo trámite que quedaba para modificar del segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal, que avalaba las esterilizaciones ordenadas por tribunales, y ahora ya solo queda la publicación en el BOE para que entre en vigor.

Detrás de la iniciativa está Cermi, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la igualdad de las personas con discapacidad y, en especial, de las mujeres. "Una esterilización forzosa es toda esterilización que se haga, ya sea permanente o temporal, sin información y sin consentimiento", explica a Efeminista la presidenta de la entidad, Marta València Betrán.

Esta práctica es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008, y que reconoce el derecho al hecho de que "las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que las otras". También vulnera el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, en vigor en España desde 2014, que en su artículo 39 tipifica las esterilizaciones forzosas como delito.

Sin embargo, en España se seguían haciendo hasta ahora. Solo en 2016 se esterilizó sin consentimiento a 140 mujeres, y en el periodo 2005-2013 hubo 865 intervenciones, según denuncia Cermi de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles. Para València, se trata de una violencia "invisibilizada, asumida y normalizada", de la cual apenas se habla y de la cual casi no hay cifras ni estudios oficiales.

Muchas mujeres, explica, ni siquiera saben que las han esterilizado o que están en este proceso cuando, por ejemplo, se les aplican inyecciones o parches sin su consentimiento. La propia Valencia relata que se ha topado con este tipo de situaciones: «Alguna vez nos ha pasado, con mujeres que conocemos, que te dicen "Mira llevo un parche para adelgazar", y sabes perfectamente que no es un parche para adelgazar...».

"Normalmente es la familia quien pide las esterilizaciones, y en principio no lo hacen con mala voluntad, sino por supuesta prevención o sobreprotección. Pero lo que se supone que es un problema menos para la familia es un abuso de las mujeres con discapacidad", explica València.

"Es una práctica que, además, tiene el apoyo de gran parte de la sociedad, y entonces no se puede saber realmente hasta qué punto se están llevando a cabo", critican desde el colectivo Rebel·lió Feminista, que ven las esterilizaciones forzosas como un tipo de violencia reproductiva que la sociedad no quiere mirar de cara.