Un año perdido en el programa del SOC para regularizar sin papeles

BarcelonaEn el ecuador de septiembre, el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) todavía no ha publicado la convocatoria de este año de'ACOL, el programa financiado con fondos europeos que facilita la regularización de 650 migrantes extracomunitarios a través de un contrato laboral de un año. Aunque el anuncio se haga antes de terminar este trimestre, tal y como prevé el Gobierno, los nuevos beneficiarios no empezarán a trabajar hasta febrero o marzo del 2025 para poder cumplir todos los trámites necesarios. “Es un año perdido, sin nuevos contratos para un colectivo muy vulnerable”, lamentan algunas entidades del tercer sector, que son las encargadas de seleccionar y preparar a los candidatos para que encajen en los estrictos criterios establecidos. Por ejemplo, se excluyen a quienes tengan un simple antecedente policial –que podría ser que años atrás les hubieran parado para pedirles una documentación que no tienen–, o quienes no acrediten un empadronamiento ininterrumpido de tres años, un plazo a menudo imposible por las dificultades que imponen los ayuntamientos a personas sin papeles o sin domicilio fijo.

El SOC atribuye este retraso en la aprobación del programa por la necesidad de "ajustar" detalles técnicos y por las conversaciones con la Unión Europea para mantener los 19 millones de euros de financiación del programa.Este dinero sirve para sufragar el salario de un año del contrato a tiempo completo de los 650 beneficiarios y su acompañamiento técnico durante los 12 meses que dura el plan. logrado regularizar su situación a través de la fórmula del arraigo social. cambiar la vida” cuando ya se veía condenada a toda una vida malviviendo.A mí el ACOLO me dio una segunda oportunidad”, exclama esta mujer de 47 años. En Cataluña más de 100.000 personas se encuentran en esta situación confiando en que la iniciativa legislativa popular que entró en el Congreso hace unos meses prospere. Muchos de ellos están atrapados en un círculo envenenado, ya que la ley de extranjería les obliga a estar por lo menos los tres primeros años de residencia en el Estado sin papeles, ya partir de ahí sólo pueden regularizar la situación administrativa con una oferta laboral de un año. “Llegas y, con suerte, puedes limpiar casas o cuidar a gente mayor, pero poco más”, afirma Dori, que destaca que todas las empresas que le habían ofrecido trabajo cuando no tenía permiso de residencia se descarían cuando se daban cuenta de que debían iniciar los trámites desde cero . Demasiada burocracia y tiempo de espera, cuando urge cubrir una vacante.

6 de cada 10 beneficiarios siguen trabajando

Por eso la ACOL fue recibida como una buena palanca para dar un empujón a este colectivo con dificultades para pasar al mercado laboral legal. Según el propio SOC, el 60% de los beneficiarios han continuado trabajando los seis meses posteriores a terminar el programa. A partir de ahí ya se les pierde la pista porque pasan a estar en las estadísticas ordinarias de la población ocupada o en paro. Con el contrato laboral también se les ofrece el permiso de residencia para tres años, pero después para realizar la renovación es imprescindible que estén trabajando con contrato. En este punto es en el que está Doris, que confía estar en activo cuando en unos meses le toque renovar la autorización.

Pero el retraso no es el único obstáculo del ACOLO. En la convocatoria anticipada que se ha presentado, el SOC ha decidido excluir a las entidades sin personal contratado. El criterio, que ya se planteó hace dos años y finalmente se retiró, ha sido contestado por un centenar de organizaciones (desde la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya hasta los sindicatos de manteros o USTEC y LaFede. cat). Maria Creixell, de la Coordinadora Obrim Fronteres critica que, precisamente, se excluyan a las entidades de base, cuando "son las que conocen y acompañan a las personas migrantes" y les ayudan a superar los problemas burocráticos en el empadronamiento o en las clases de lengua, y también son las que "crean red" y facilitan "la integración y la inclusión" de estas personas.

Fuentes del SOC minimizan el impacto y aseguran que la restricción afecta sólo a seis de las 292 entidades que participan. En cualquier caso, el organismo argumenta que la decisión obedece a las directrices del Fondo Social Europeo para poder dar un mínimo asesoramiento a la persona migrada, y afirma que se ha invitado a las pequeñas ONG a participar en la definición de las políticas para personas migrantes a través del proyecto SALAM de la UE para la inclusión laboral de los migrantes sin documentación.