"Es más difícil tener papeles que el viaje en el cayuco"

MartorellMás de un año detrás de los papeles y todavía no las tiene todas de poder empezar el trabajo de agricultor que le han ofrecido si consigue tener la documentación en regla antes del 30 de diciembre. Por tanto, está casi en tiempo de descuento. Pateh Baldeh, 49 años, procedente de Gambia y con más de 17 años de residencia en Catalunya, es uno de los centenares de extranjeros en situación irregular candidatos a beneficiarse del programa ACOL, una iniciativa del Servei Català d'Ocupació y la secretaría de Inmigraciones de la Generalitat que establece la regularización de un contrato de trabajo. Baldeh se embarcó en uno de los cayucos que salen de la costa oeste de África para llegar a las islas Canarias. La trayectoria fue dura, más de dos días en alta mar con el miedo y la incertidumbre de si la frágil embarcación llegaría a buen puerto. No le gusta hablar mucho de aquellos días y, en un castellano muy precario, deja entender que “subir a la patera fue más fácil que tener papeles”.

El hombre no entró en el radar de los servicios sociales de Martorell, el municipio donde reside, hasta que en pleno confinamiento les llamó un vecino del gambiano explicándoles que estaban a punto de echarlo del piso. Baldeh había vivido más de una década sin ayudas oficiales de ningún tipo y así quiere seguir: “Quiero trabajar y poder pagarme la comida y la ropa”. De las Canarias saltó a Andalucía, a Madrid y, ya en Catalunya, se instaló en Martorell, donde trabajaba con un agricultor y del sueldo sacaba lo justo para ir sobreviviendo sin ningún lujo y, como muchos migrantes, rascando algún euro para poder ahorrar. Hasta que el agricultor murió de covid y él perdió todos sus ingresos y, al cabo de algunas semanas, también los escasos ahorros que le permitían pagar la habitación de realquiler. 

El confinamiento

Sin documentación legal, en los servicios sociales solo pudieron darle una pequeña ayuda de urgencia en forma de tarjeta monedero para comprar comida en el supermercado y en la sección local de Cáritas. Lo que sí que hicieron es explicarle que si quería regularizar su situación tenía que iniciar el proceso de arraigo, básicamente una serie de cursos de catalán y de conocimiento del entorno para obtener el certificado de acogida de la Generalitat, explica Lola Romero, una de las educadoras sociales que ha atendido a Baldeh todo este tiempo. "Los ha hecho todos y más, y con un 100% de asistencia", remarca Eva Villaroel, otra trabajadora.

La complicación, sin embargo, no es tanto la capacitación personal de Baldeh en particular, o en general, de los 400 candidatos del ACOL para este año. Hay un laberinto burocrático que hace, por ejemplo, que a estas alturas de las cinco solicitudes que La Fundició, la asociación de l'Hospitalet que quiere contratar a Baldeh, presentó para este programa, solo una tiene ya todos los papeles requeridos. El resto sigue a la espera de que la Subdelegación del gobierno español en Catalunya valide la documentación, con el riesgo de que, si no llegaran a tiempo, se perdería la subvención y ninguna otra persona se podría beneficiar. "Es desesperante —afirma Mariló Fernández, responsable de esta entidad—. Para ellos y para nosotros los profesionales". Detrás hay muchos esfuerzos de dedicación de tiempo, de personal y también de dinero.

Baldeh ha tenido que duplicar casi todos los trámites: dos veces ha tenido que pedir los certificados policiales y los penales. En los primeros, encontraron que salía un Pateh Baldeh con una detención y una multa pendiente (que manchan el expediente), y se tuvo que demostrar que se trataba de otro hombre con el mismo nombre pero con diferente filiación y fecha de nacimiento. Para los certificados penales en su país de origen (otro de los requisitos imprescindibles para adquirir la residencia) tampoco tuvo suerte a la primera. Ante la imposibilidad de dejar territorio español, para este trámite tuvo que pedir a un amigo suyo de Gambia que fuera a la embajada española en Dakar (porque en Banjul no hay delegación) para enviar la documentación a Barcelona, donde el funcionario la rechazó porque "requería una traducción jurada y el papel que la legación expidió era una traducción ordinaria, es decir, la administración española no otorga valor a sus propios documentos". Un "despropósito", se quejan las educadoras municipales, que tuvieron que buscar dinero para poder pagar a una traductora jurada de Vilafranca. Una tercera compañera hizo de correo voluntario.

Una fiesta con las profesionales

"Hemos hecho todo y más de lo que nos tocaba, pero sabemos que para él es importante que le den el ACOL", plantea Villaroel y, en este punto, Romero incide en cómo de "difícil es encontrar la información que se necesita, entender qué se pide en cada momento" para profesionales avezadas en la burocracia. "Los extranjeros, por ellos mismos, no podrían hacer nada", concluyen. Si Baldeh consigue residencia y un contrato laboral de un año, Villaroel y Romero dicen que convocarán "a todas las profesionales que han participado en el expediente para hacer una fiesta". Son una decena en total. "Tendríamos que alquilar el pabellón municipal", ríe Romero, que ha instalado en un pequeño altar del despacho municipal para encomendarse a Santa Rita y San Pancracio, porque dice que "todo ayuda".

En esta larga espera se acumula, además, más dolor psicológico para un colectivo que hace años que sufre la vulnerabilidad y la presión de no tener documentación legal y, por lo tanto, la imposibilidad de ser contratado legalmente. "Muchas veces mi cabeza piensa demasiado, en qué haré si no me sale ningún trabajo, y me pongo triste", confiesa Baldeh. Mariló Fernández recuerda cómo una de las candidatas descartadas estalló a llorar cuando supo que su expediente no salía adelante. "Tener papeles o no es como una lotería", concluye.