"España dice que persigue a la mafia migratoria, pero cierra en prisión a pescadores pobres"

BarcelonaAl abogado Daniel Arencibia le sorprendió que los curas que iban a las cárceles donde ingresan los jóvenes migrantes que llegan a Canarias acusados ​​de pertenecer a una mafia de tráfico de personas no entendían ni sabían por qué estaban.Les decían si querían estar tres u ocho años tomados y claro, con esta pregunta, es fácil saber qué eligen", relata. Arencibia colabora con el secretariado de emigración de la Diócesis de Canarias y, de tanto oír esta historia de jóvenes indefensos, sin acceso a un abogado ni a explicaciones , decidió adentrarse en el estudio de las sentencias que condenan a estos migrantes, la mayoría procedentes de países subsaharianos. "sistemática" que no sólo le chirría a él, sino también a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha reprochado al Estado que se centre en la persecución de los patrones de las embarcaciones –a quien les atribuye ser organizadores del viaje y tener ánimo de lucro– como única vía para luchar contra las organizaciones criminales.

Cada año aproximadamente unos 300 hombres subsaharianos terminan en prisión bajo la acusación de formar parte de una supuesta mafia de tráfico de personas. Para el abogado Daniel Arencibia, el proceso está viciado porque las únicas pruebas inculpatorias con las que cuenta la Fiscalía para plantear el caso son las "denuncias que se recogen en vídeo del resto de viajeros de la barca" y que señalan a uno de ellos como patrón de la embarcación. Esta acusación envía directamente al inculpado a prisión provisional, a la espera de un juicio que puede tardar un año. Pero en realidad son pocos los que llegan a estar frente a un tribunal porque llegan a una conformidad con la Fiscalía.

Daniel Arencibia

"Como los migrantes son negros y pobres, no son necesarias pruebas para juzgarles"

Según las sentencias estudiadas, entre el 80 y el 90% de los procesados ​​se declararon culpables antes del inicio de la vista oral y pactaron una pena mínima con la Fiscalía. Arencibia afirma que esta asunción de responsabilidades es un mal menor para estas personas que se han jugado la vida atravesando el Atlántico porque la alternativa es arriesgarse a pasar muchos años entre rejas.

La Fiscalía General del Estado aplica el atenuante del artículo 318 bis 6 del Código Penal para el patrón de la embarcación que también emigra, ya quien rebaja la pena máxima establecida de ocho años a un mínimo de tres . En cambio, cuando el migrante rechaza el pacto, el propio ministerio público sube la petición entre siete y ocho años con el agravante de haber hecho negocio. En este sentido, el abogado canario pone en contexto que los jóvenes acusados ​​no entienden el idioma ni los procedimientos legales, han pasado meses en prisión y se autoculpabilizan para salir lo antes posible para ganarse la vida.

Además, Arencibia indica que la fiscalía no logra otra prueba que la denuncia del resto de pasajeros de la embarcación, y que a la hora del juicio éstos ya no se encuentran en Canarias y no vuelven a declarar. "Al acusado le dicen que o firma la conformidad o pasará muchos años en prisión porque existen testigos que le señalan como al patrón", afirma el abogado. En los desembarcos de los migrantes también señala que nunca se ha encontrado dinero en efectivo que puedan ser pruebas de una organización criminal, mientras –subraya– que éste es un elemento central en una investigación por corrupción "entre ciudadanos blancos", ya que exige documentación sobre las irregularidades para llevarla adelante. "Como los migrantes son negros y pobres, no se necesitan pruebas", dice.

Fondos europeos

Según datos provisionales del ministerio del Interior, hasta el 15 de diciembre de este año, 60.212 personas entraron en el Estado por mar de forma irregular, un 14% más que en el 2023. En Canarias se han contabilizado 43.727, un 18,6% más que en el mismo período de 2023. España tiene una de las fronteras externas de la Unión Europea y recibe fondo comunitarios para evitar la inmigración irregular y luchar contra las mafias organizadas

Pero Arencibia se muestra crítico con que estas partidas se destinen a estos objetivos y asegura que la policía renuncia a investigar el rastro del dinero y de las llamadas teléfonos que llevan los migrantes. “España dice que persigue a la mafia y en realidad cierra en la cárcel a pescadores pobres por enviar un mensaje tranquilizador", afirma, y ​​reprocha una "política de control de cartón piedra".

En un informe de 2022, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) cuestiona la estrategia española de centrar los esfuerzos en determinar quién es el patrón, porque en contadas ocasiones pertenece a la mafia. Descartado el ánimo de lucro, los relatores de la ONU avalan la versión de los abogados defensores que aseguran que los acusados ​​de llevar el timón lo han hecho para sustituir al piloto principal, fallecido durante la travesía. Arencibia afirma que los miembros de la mafia "no se embarcan y se quedan en África".

Del estudio de las sentencias, Arencibia ha detectado una "asimetría" entre Canarias y el resto de territorios a los que llegan migrantes por la vía marítima, como Baleares, Murcia o Andalucía. Allí, el pacto de conformidad de la fiscalía es de dos años y no de tres y les ahorra entrar en prisión. Si se trata de desmotivar a los candidatos a emigrar –destaca el abogado–, el mensaje no llega a Senegal, donde los jóvenes pescadores afectados por los abusivos acuerdos con terceros países siguen embarcándose hacia Europa.