Menores migrantes bajo sospecha, entre la protección y el abandono

BarcelonaLos detalles del viaje que les ha traído de casa hasta Catalunya no son temas de los que les guste hablar a los menores migrantes que inician la ruta en solitario. Les es duro recordar los golpes, los robos, la violencia que les han infligido durante la ruta y, en muchos casos, este silencio se amplía a las vulneraciones de derechos que sufren cuando llegan a Europa. "No me preguntes por la patera", piden muchos de estos jóvenes, que a menudo admiten que no tenían ni idea de todas las dificultades que se encontrarían por el camino. Escasean los datos y los informes sobre las situaciones, pero la Fundación Ficat y la Universidad Pompeu Fabra, junto con el Casal dels Infants, hacen una fotografía sobre cómo los han tratado en su periplo.

Por un lado, elinforme Rassif, de Ficat y el Casal, analiza el marco jurídico del sistema de protección de estos menores y concluye que, pese a la existencia de unas leyes avanzadas, todavía existen vulneraciones, como las pruebas de determinación de la edad a jóvenes que disponen de un pasaporte válido que no ha sido impugnado por nadie. Ésta es una práctica que reiteradamente el Tribunal Supremo ha rechazado. En concreto, ya son 59 las sentencias de este tribunal que avalan que debe respetarse la documentación que identifica al menor como tal si no existe ninguna evidencia de que se trata de una falsificación.

Es lo que le ocurrió al Marzoukou, un chico de Benín que fue expulsado del centro donde vivía bajo la tutela de la DGPPIA (dirección general de Protección y Atención a la Infancia y la Adolescencia) ya quien, en verano del año pasado, una sentencia validó el pasaporte. Reconocida su minoría de edad, contra el criterio de la Fiscalía y la Generalitat, el chico fue readmitido allí hasta que en noviembre cumplió los 18 años. O en el caso de Buba, un chico de Gambia, la resolución del juez que le consideró a todos los efectos un menor llegó cuando malvivía en la calle de Mataró después de que le hubieran echado del sistema de protección.

Aunque las pruebas de edad –exploración física, medida de la muñeca o análisis dental– indiscriminadas están prohibidas, y tienen poca fiabilidad en este colectivo al basarse en estándares de personas caucásicas, se siguen haciendo y dejan decenas de menores desprotegidos. En Cataluña, fueron 356 jóvenes en 2024, según datos de la Fiscalía. La abogada Laia Costa, de la Fundación Ficat, admitía que si bien el marco jurídico de Catalunya es una "maravilla", también lo es que "la administración incumple su propia ley".

La DGPPIA se defiende

En cambio, la subdirectora de la DGPPIA, Esther Vallbona, rebate que la Generalitat no expulsa a ninguno de los chicos a los que la prueba determina la mayoría de edad sino que, por el contrario, se les permite quedar en el centro con menores. "Esta es una de las mentiras más extendidas", se defendía la responsable del sistema de protección, que reitera que "se cumple en todo momento la normativa" y que, en caso de duda razonable, la ley permite revisar el pasaporte. Vallbona señalaba que esta mezcla en la convivencia de menores y jóvenes adultos les genera incomodidad hasta el punto de que se plantean separar unos de otros.

Para la abogada Costa, estos menores crecen sabiendo que están en todo momento señalados "bajo la sospecha permanente", en una situación que califica de la "esquizofrenia del migrante". Lo expresa Bah, un joven que malvive en la calle tras pasar por el sistema de protección: "Nos rechazan y nos aíslan de la vida de la sociedad y vivimos en una sensación constante de miedo a no ser nadie". Este joven de Bangladesh se encontró con que el día que cumplió 18 años no se había tramitado el permiso de residencia y trabajo, pasando a ser un adulto en situación administrativa irregular. Sin posibilidades de trabajar, se vio obligado a malvivir en la calle, en casas ocupadas o, cuando tiene suerte, en casa de algún amigo.

El retraso sistemático en la tramitación de las autorizaciones de residencia y trabajo, que por ley deberían concederse en un máximo de tres meses, es otra de las vulneraciones. "A menudo el aniversario de los 18 no es un buen día" para estos menores, indicaba Costa, porque supone el trascendental hecho de "estar protegido o desprotegido".

Las pruebas de edad o papeles son piedras en el camino que inician cuando son adolescentes y tienen unas altas expectativas de las que conseguirán. El gambiano Mamadou Cassay pasó por Senegal, Malí, Argelia y Marruecos antes de llegar con un cayuco en Canarias. Tenía 14 años y llevaba el pasaporte con la intención de "mejorar la vida para ayudar a la familia". Pasó por varios centros de menores y también fue expulsado a raíz del resultado de las pruebas de edad, pero con la "lucha de entidades y la sociedad civil" logró que le reconozcan su derecho como extutelado y ahora, con papeles, comparte piso.

Por su parte, la Universidad Pompeu Fabra y el Casal dels Infants también han publicado un estudio sobre el colectivo de los menores no acompañados y de los adultos jóvenes migrantes, en el que se destaca un nuevo perfil de chicos con mayor formación académica o profesional que la que tenían hace unos años. Sin embargo, las trabas administrativas y la falta de coordinación entre territorios siguen limitando sus oportunidades.

En el 2023 Mohamed Hammadah decidió emigrar cuando tenía 27 años, movido "para vivir con dignidad, justicia y libertad" y no por motivos económicos. En su país se ganaba la vida, pero "la opresión del gobierno" le ahogaba y le llevó a probar suerte en Barcelona, ​​sin saber que una vez allí había dificultades de otro tipo: vivir con otras 12 personas en un garaje, una depresión por la situación en la que se encontraba y con la sensación de no poder ayudar a la madre. "Hemos venido con sueños y lo hemos perdido todo", lamenta, aunque mantiene la confianza y el ánimo de "seguir".