El Instituto del Ebro compraba material informático el triple de caro

TarragonaAl menos una de las empresas que participaban en la trama de los convenios de prácticas irregulares con el Instituto del Ebro, en Tortosa, también le vendía material en el centro, pero a un precio totalmente sobredimensionado. Según las facturas a las que ha tenido acceso el ARA, el 30 de abril del pasado año el instituto pagó una factura de 1.185 euros a una empresa informática de Tortosa por la cesión de una impresora Flashforge Adventurer 3D que, a precio de mercado, puede comprarse por 399 euros. En noviembre de 2022 el instituto ya había pagado a la misma empresa un precio excesivo por la cesión durante seis meses de dos ordenadores portátiles. En aquella ocasión, ambos aparatos, de la marca MSI Modern, se alquilaron por un coste de 2.415 euros, pero un ordenador de este tipo se puede comprar por sólo 810 euros. El diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa.

En ambos casos, en la factura se especifica que la cesión es para desarrollar "el proyecto de innovación Desarrollo Técnico y Metodológico para la práctica en la industria 4.0 E IOT". Este proyecto es una iniciativa europea dentro de los fondos Next Generation, que dan copiosas subvenciones a empresas y centros de formación profesional para que se modernicen y potenciar su colaboración. En 2022 el Instituto del Ebro fue uno de los afortunados y el ministerio de Educación y Formación Profesional lo seleccionó para desarrollar un proyecto sobre la industria 4.0 junto a otros tres institutos. Para salir adelante, entre los cuatro centros recibieron una subvención de 166.813 euros. De ahí salía el dinero para pagar estas facturas sobredimensionadas.

El Instituto del Ebro se encuentra en medio de la polémica después de que el diario ARA destapara el pasado sábado que dos profesores han interpuesto hasta tres denuncias porque el centro tenía estudiantes de FP realizando prácticas dentro del mismo centro, aunque habían firmado convenios para trabajar en empresas externas, tal y como fija la normativa. Los alumnos que estaban en este régimen cobraban un sueldo de la empresa con el que habían firmado el convenio, pero en realidad trabajaban para el instituto. Algunos de estos estudiantes tuvieron problemas para continuar con sus estudios, ya que, según denuncian, el centro les obligaba a realizar muchos trabajos, algunas de las cuales no guardaban ninguna relación con lo que estaban estudiando. Tras pagar el sueldo de los alumnos a los que ni conocían, las empresas pasaban una factura al instituto por el mismo valor bajo el epígrafe "Mantenimiento" y así recuperaban el dinero pagado. Según las facturas a las que ha tenido acceso el ARA, las empresas también cobraban de más con la cesión de este material informático al instituto.

Pagar a alumnos con cheques

Además de la FP dual, durante la cual los estudiantes realizan prácticas pagadas, existe también otro tipo de aprendizaje en empresas que se llama formación en centros de trabajo (FCT), que no es remunerado. Éste va orientado a los estudiantes que acaban de empezar, y no se consideran prácticas laborales sino formativas. Como puede afectar a estudiantes menores de edad, la normativa es muy restrictiva y fija un máximo de horas y días a la semana. Es el departamento de Educación quien autoriza cuáles son las empresas a las que pueden ir los alumnos. Pero en el Instituto del Ebro también había estudiantes en este régimen realizando las prácticas FCT en el mismo centro.

El procedimiento era el mismo: firmaban un convenio con una empresa a la que ni conocían y hacían las prácticas en el centro. Según el testimonio de antiguos alumnos consultados por el diario y de Sergi Tur, que es el coordinador de informática y uno de los profesores denunciantes, los estudiantes "comenzaban las prácticas antes de tiempo" y como superaban las horas permitidas, el centro les pagaba un sueldo a través de un cheque. Pagaban entre 3,5 y seis euros por hora. El cheque, que se adjunta en esta noticia, tiene la firma del director del centro, Armand Pons, y de la administradora, Francesca Pinyol Moreso.

Los dos profesores del instituto denunciaron todos estos hechos en Inspección de Trabajo, en la Oficina Antifrau y en el Buzón Ético de la Generalitat de Catalunya. La primera denuncia es del 8 de octubre. Ahora bien, hasta ahora, las únicas actuaciones del departamento de Educación han sido pedir al centro que deje de tener alumnos trabajando en prácticas y abrir un expediente informativo. Según el testimonio de uno de los dos denunciantes, esta trama de estudiantes en prácticas trabajando en el centro podría estar produciéndose desde hace más de quince años.

Este miércoles el centro ha celebrado el primer claustro desde que estalló la polémica y, según fuentes conocedoras, el director ha explicado al resto de profesores que algunas de las empresas con las que hasta ahora se organizaban las prácticas de los alumnos han decidido dejar de trabajar con el instituto. Por otra parte, el PSC ha presentado en el Parlament una batería de preguntas sobre este caso y advierten que, de confirmarse las irregularidades, pedirán que "se depuren responsabilidades".