Irídia denuncia las trabas en las investigaciones por violencia policial

BarcelonaLa entidad de derechos humanos Irídia asegura que los cuerpos policiales continúan poniendo trabas a la identificación de los agentes investigados por agresiones o malas praxis. En la actualidad, los abogados de esta plataforma llevan 56 casos judiciales –la mayoría, por una denuncia de violencia policial– y aseguran que solo en cinco de estos casos el cuerpo implicado ha facilitado la identidad de los agentes bajo sospecha. "Es especialmente preocupante", según recoge el informe del servicio de atención y denuncia ante situaciones de violencia institucional de Irídia, que se ha presentado este jueves.

El documento también subraya la pasividad de fiscales y jueces en este tipo de procedimientos. Según Irídia, solo en tres de los 56 casos la Fiscalía ha tenido un papel "proactivo" de investigación junto a las víctimas, mientras que 35 de las causas se han archivado provisionalmente en algún momento antes de que se practicaran todas las pruebas y se ha tenido que presentar recurso para que se volvieran a reabrir.

"Estas situaciones pueden conllevar una vulneración del derecho en la tutela judicial efectiva e, incluso, una vulneración del deber del Estado de investigar denuncias de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de agentes", concluye el informe, que pide más implicación de todos los actores policiales y judiciales en este tipo de investigaciones.

Irídia es una de las entidades que han impulsado la creación de la comisión de estudio sobre el modelo policial en el Parlament, en la que ya ha reiterado la necesidad de que los Mossos d'Esquadra faciliten la identificación de los agentes que están encausados en un procedimiento policial. A pesar de las críticas, el informe destaca la existencia de esta comisión como una de las "buenas praxis" institucionales de este último año.

Cambios en el protocolo del foam

Uno de los objetivos de los trabajos de la comisión es evaluar el uso por parte de los Mossos de los proyectiles de precisión foam. Según Irídia, hasta ahora tres personas han perdido un ojo por el impacto de uno de estos proyectiles. De hecho, un juez mantiene investigados a dos escopeteros de los Mossos por las lesiones a una vecina de Barcelona durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El protocolo actual indica que los escopeteros tienen que dispararles de cintura para abajo –excepto si la persona lleva algún objeto contundente– y permite hacerlo a una distancia inferior a la mínima que marca el fabricante. El Parlament aprobó el octubre pasado una resolución en la que insta a Interior a modificar el protocolo policial para impedir que se pueda disparar en la cabeza, pero Irídia asegura que la normativa todavía no se ha cambiado.

En cambio, la entidad valora como positivo el hecho de que se haya aprobado una partida presupuestaria para incluir cámaras que graben las actuaciones con lanzadoras de foam. También destaca la comunicación permanente con la Generalitat, así como el hecho de que la Policía Nacional se haya comprometido a grabar las actuaciones con pistolas eléctricas Taser.