"Si encierras a un niño de 12 años, lo más probable es que lo conviertas en un delincuente"

BarcelonaEl asesino de la Vila Olímpica se ganó este apodo la noche que celebraba los 18 años. Pocas horas marcaron la diferencia entre ser juzgado como menor o como adulto —como sí que pasó con el resto de los implicados en el asesinato a golpes de un chico de 24 años en un aparcamiento. Era el 1 de abril del 2000 y hacía solo cuatro meses que se había aprobado la ley de la responsabilidad penal de los menores, con un modelo menos punitivo y centrado en la educación y la reinserción. Ahora, esta norma ha vuelto a recibir presiones por parte de la extrema derecha y de familias de víctimas para aumentar el castigo penal a los menores que cometen delitos extremadamente violentos, asesinatos o violaciones.

Es el caso de Silvia Guerrero, madre de un joven de 18 años muerto a manos de un adolescente de 17, en Lleida. Ella y otras familias han entregado 130.000 firmas al Congreso para endurecer las penas en estos casos. El ARA se hizo eco del caso de Guerrero después de que el procesado por el homicidio saliera en libertad antes del juicio al haber cumplido los nueve meses máximos de internamiento cautelar que prevé la ley para los menores. Pero, ¿qué opinan los expertos sobre la posibilidad de endurecer la ley del menor?

"Muchos ideólogos de extrema derecha o con ideologías muy tradicionales dicen que, si bajamos la edad penal, los delitos que cometen los jóvenes se acabarán. Y esto es un gran error", afirma Antonio Andrés Pueyo, catedrático de psicología y profesor de criminología de la Universidad de Barcelona (UB). El experto es taxativo: "Si encierras a un niño de 12 años en un centro de menores, lo más probable es que lo conviertas en un delincuente de por vida, porque alteras su desarrollo". En este sentido, dice que, afortunadamente, en el Estado se priorizan las medidas educativas que no implican un encierro.

En este debate —que podría trasladarse a la esfera política—, el presidente de la sección de Infancia y Adolescencia del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Xavier Campà, también se posiciona en contra. "No es verdad que cuanto más castigo [se imponga], menos incidencia o menos reincidencia habrá en el delito", dice. El jurista ve comprensible la reacción de las víctimas de delitos graves o de familias afectadas por un crimen cometido por un menor, pero también advierte del riesgo de "retroceder" en la protección de los derechos de los niños, blindados también por los organismos internacionales. Campà recuerda que el posicionamiento del Comité de Derechos de la Infancia de la ONU insta a evitar medidas privativas de libertad a los menores y priorizar las alternativas educativas. De hecho, las reclusiones de menores son de máximo ocho años, a diferencia de los adultos, que pueden recibir penas de prisión mucho más elevadas.

¿Cuándo nos hacemos adultos?

La clave es saber cuándo un niño, o un adolescente, se convierte en adulto, apunta Pueyo. Para la ley, el punto de corte son los catorce años. Por debajo de esta edad, no se atribuye ninguna responsabilidad penal. A los adolescentes de entre 14 y 18 años se les reclama una responsabilidad "parcial", con un sistema de justicia juvenil que intenta sobre todo reeducarlos y ayudarlos a reintegrarse, entendiendo que tienen más capacidad de cambiar su conducta si reciben apoyo educativo y social. Esta premisa es así en el Estado, pero también en otros países que fijan una edad de responsabilidad penal.

Pero Pueyo ve "insuficiente" este método y explica que en Alemania y los Países Bajos prevalece "la edad madurativa", que se concreta con una valoración caso a caso. Es decir, no solo miran la edad "numérica", sino también su nivel real de madurez psicológica y social. Según el experto, este criterio permite "individualizar mejor" y tener en cuenta elementos que influyen más que la edad. Son factores como si el adolescente vive con los padres, si trabaja, si tiene pareja, o si ha tenido que asumir responsabilidades dentro de la familia. "No es lo mismo una chica de dieciséis años que un chico, y esto la ley tampoco lo tiene en cuenta", ejemplifica.

Además, Pueyo explica que la adolescencia se ha alargado y que, en general, cada vez se asumen más tarde algunas actividades propias de adultos como trabajar o emanciparse. También, aunque está muy extendida la creencia contraria, afirma que se ha retrasado la edad de inicio de consumo de alcohol y drogas, de salir de noche y de mantener relaciones sexuales. "Si lo comparamos con los años 70, hay estudios muy rigurosos que indican que ahora empiezan más tarde que nunca, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree", remacha. A su parecer, las propuestas para reducir la edad penal con el argumento de la adultía numérica responden a una razón ideológica, no científica.

¿Qué supuso la ley del menor?

"No podemos retrocedir en lo que se ha ganado", afirma Campà en referencia a los avances que supuso la ley del menor en el año 2000. "Es una ley garantista y supuso un cambio de paradigma", añade. Coincide la abogada penalista especializada en la defensa de menores, Marta Vergés, que la define como una "ley absolutamente necesaria" para la garantía de los derechos de los niños. "Permitió que los jóvenes y sus familias tuvieran un marco claro de referencia sobre las consecuencias penales de sus actos y sobre cuál era el procedimiento aplicable cuando se cometía un delito", defiende la abogada del despacho DeLMenor.

Hasta entonces, explica Campà, el Código Penal consideraba inimputables a los menores de 16 años –ahora el corte está en los 14–, aunque "los menores de 16 a 18 tampoco quedaban sujetos al Código Penal de adultos", sino que se hacían cargo de ellos los antiguos tribunales tutelares de menores. "La realidad es que ingresaban en reformatorios hasta edades que podían llegar a los 21 años. Se quedaban allí sin ninguna garantía ni derechos", añade. Seis años después de que empezara a aplicarse la ley del menor, se reformó y se endurecieron algunas medidas, como una prolongación de la duración de los internamientos en régimen cerrado por delitos graves: de los cinco años se pasó a un máximo de ocho.

Vergés recuerda que la reforma "respondía sobre todo a una fuerte presión social" después de algunos casos mediáticos, como el cruel asesinato de la joven madrileña Sandra Palo por cuatro jóvenes, tres de ellos menores, o el de Rosario Endrinal, una persona sin hogar a quien un menor y dos adultos quemaron viva dentro de un cajero automático. "Se generó un debate público muy intenso sobre la delincuencia juvenil y la idea de que los menores debían responder de manera más severa por los delitos que cometían", recuerda la abogada. Mientras crecía la conciencia sobre la necesidad de proteger a las víctimas, también ganaba fuerza el "discurso del castigo".

Vergés recuerda que tanto desde los medios de comunicación como desde algunos sectores políticos se transmitía la idea de que los menores quedaban prácticamente impunes, y eso contribuyó a justificar un endurecimiento de las medidas penales. Ahora bien, tanto ella como Campà insisten en que hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de los menores que acaban en el sistema de justicia. La abogada asegura que en un porcentaje muy elevado de los casos —"probablemente alrededor de un 85%", dice— tienen situaciones familiares muy complejas o algún trastorno.

Esto no justifica en ningún caso los delitos, pero ayuda a explicarlos, afirma la experta. "Muchas veces da la sensación de que acaban siendo doblemente castigados. Primero porque el Estado no ha sido capaz de protegerlos adecuadamente durante su infancia y después porque el sistema los condena sin ofrecerles una verdadera oportunidad de reconstrucción personal", concluye.