Que no te renueven el alquiler para hacer un coliving: el futuro de un vecino de Gràcia en manos de los juzgados
El fondo de inversión propietario de la finca ya fue sancionado por trocear los pisos con obras ilegales
BarcelonaUn juzgado de Barcelona tendrá la última palabra sobre el desahucio de un inquilino del barrio de Gràcia de Barcelona. El fondo de inversión propietario del piso ha llevado el caso a la justicia para forzar el desalojo con el objetivo de convertir la vivienda en un coliving. Se trata del número 14 de la calle Sant Agustí, donde ya hay cuatro pisos que son colivings. Varios expedientes y multas hace tiempo que constataron que las obras para trocear los pisos se habían hecho de forma ilegal.
En cambio, el afectado, Txema Escorsa, que se ha negado a marcharse de su casa una vez finalizado el contrato, quiere que la justicia fuerce una prórroga del contrato alegando que se trata de una zona de alquiler de vivienda tensionada y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. De hecho, el inquilino argumenta que no ha dejado de pagar el alquiler, de 775 euros, pese a haber sido denunciado, y considera que el contrato sigue vigente.
El fondo New Amsterdam Developers (NAD), que recientemente un juzgado concluyó que es un gran tenedor, compró la finca en diciembre del 2023 y desde entonces se ha negado a prorrogar los contratos de alquiler. Con los antiguos vecinos ya fuera del edificio, los pisos se dividieron en habitaciones que se ofrecían por 840, 920 y 940 euros. El precio de un solo piso pasó de 775 euros al mes a 2.700 euros. A las puertas de la Ciudad de la Justicia, Txema Escorsa ha recordado este martes cómo recibió el aviso del fondo de inversión: "No hubo negociaciones. Vino directamente la demanda de desahucio".
Más afectados
NAD es propietario de toda la finca del número 14 de la calle Sant Agustí, donde hay 11 pisos en total. En el mismo blog hay cuatro pisos que ya son colivings y otros dos que están vacíos. De los tres inquilinos del bloque afectados por un proceso de desahucio, el caso de Escorsa es el primero que ha llegado a manos de la justicia. También es el único en el que no se ha reconocido una situación de vulnerabilidad porque no lo ha acreditado con documentación. Con todo, él defiende que ha entregado en el juzgado más de una decena de documentos que demuestran que no está "en el mejor momento económico".
El Sindicato de Alquiladoras, que representa al afectado, ha valorado que este caso demuestra la necesidad de la reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) "para acabar con el fraude de los alquileres temporales y de habitaciones", que se votará en febrero y se sumará a la regulación aprobada en diciembre en el Parlament. "El caso del Txema es una muestra de las consecuencias de la barra libre con el fraude que se ha instalado en el negocio del alquiler de habitaciones. Como Txema, en Catalunya hay cientos de miles de inquilinos con el miedo a que puede ocurrir cuando se les acabe el contrato", ha valorado el Sindicato.
Sanciones del Ayuntamiento
En 2024, una inspección del Ayuntamiento de Barcelona consideró ilegales las obras que permitieron que parte del edificio de Sant Agustí, 14 se convirtiera en un coliving. Pese a que hubo varios expedientes y sanciones a la propiedad, el consistorio no logró que NAD regularizara la situación y las habitaciones han continuado ofreciéndose.
Cuando NAD compró la finca en diciembre del 2023, envió un burofax a todos los vecinos adelantándoles que no renovaría los contratos de alquiler. El fondo de inversión no tardó en dividir los pisos en tres habitaciones que pasó a gestionar Enter Coliving, dedicada a la gestión de alquileres temporales. En poco tiempo, el alquiler por habitaciones superaba el triple del precio que pagaban por todo el piso los inquilinos habidos hasta entonces.
Los vecinos denunciaron la situación en enero del 2024 y también se implicó el Síndic de Barcelona. Finalmente el Ayuntamiento realizó una inspección en el edificio y determinó que al menos en dos de los pisos se habían hecho obras de forma irregular. El consistorio incluso ordenó derribar las obras realizadas y restituir las viviendas tal y como eran, y como NAD no lo hizo recibió una primera multa de 500 euros. Luego hay una segunda de otros 500 euros.